Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 12:00
Sociedad
(20/12/17 - Lesa humanidad)-.Con más de 3 años de demora, el histórico debate oral y público por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el predio de la multinacional Ford y con la participación activa de las más altas jerarquías de la empresa, comenzó este martes 19 a las 9:30 en la sede del Tribunal Oral Federal de San Martín con la lectura del auto de elevación a juicio.
La sala de audiencia estuvo repleta de público, entre quienes estuvieron la mayoría de las víctimas cuyos casos se ventilarán en este debate.
Luego de años de idas y vueltas en los que el TOF de San Martín evadió la determinación de una fecha de inicio -que hasta llegó a pronunciarse la sala II de la Cámara de Casación Penal urgiendo a los magistrados-, finalmente este martes comenzaron a ventilarse los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores de la planta automotriz de Ford, de General Pacheco, entre marzo de 1976 y el mismo mes del año siguiente.
Hay 3 imputados, 2 de los cuales fueron integrantes de la empresa y colaboraron con las fuerzas de seguridad y el Ejército en la persecución y secuestro de las víctimas, en el marco del plan de operaciones represivas que coordinó la jurisdicción militar Campo de Mayo para el norte bonaerense.
Los civiles son el ex gerente de Manufactura, Pedro Müller, y el ex jefe de Seguridad, Héctor Francisco Sibilla. El tercer imputado es el ex jefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros, quien no estuvo en la primera audiencia por razones médicas, según notificaron sus abogados.
La jornada del juicio comenzó pasadas las 9:30 en la sede de Pueyrredón al 3700, ciudad de San Martín, cuando el presidente del TOF, Diego Barroetaveña, les mencionó a los imputados sus derechos y luego ordenó la lectura del auto de elevación a juicio.
El tribunal se completa con los vocales Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta, además del cuarto juez, Eugenio Martínez Ferraro, que siguió la audiencia por videoconferencia desde Rosario donde integra el TOF 3 con sede en esa ciudad.
En cuanto a la parte acusadora, intervienen los fiscales Jorge Auat y María Ángeles Ramos, y los abogados querellantes Tomás Ojea Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta.
Los hechos que se investigan corresponden a delitos cometidos contra 24 trabadores que, luego del golpe de estado, comenzaron a ser perseguidos y capturados por distintos grupos –policía federal, miembros del Ejército y hasta de Prefectura Naval-, luego torturados y casi todos trasladados por las mismas sedes policiales y penitenciarias: la Comisaría 1º de Tigre, la Comisaria de Ingeniero Maschwitz, la unidad penal 2 de Villa Devoto, la unidad 9 de La Plata y la 2 de Sierra Chica.
En el caso de Marcelino victor Reposi, una de las víctimas, fue privado de su libertad en marzo de 1976 en la puerta de la empresa Ford, cuando se presentaba a trabajar, por personal de la Prefectura Naval en un operativo de control instalado al ingreso. Le pidieron sus credenciales. Fue secuestrado y llevado inmediatamente al quincho del campo de deportes de la planta automotriz y salvajemente golpeado. Luego lo llevaron a la Comisaría de Tigre donde padeció varios simulacros de fusilamiento además de tortura con picana eléctrica. Lo mantuvieron 5 días allí, hasta que lo trasladaron a Villa Devoto. Su detención clandestina cesó el 7 de enero del año siguiente.
Con algunas diferencias de días en cuanto al secuestro, así como lugares de cautiverio, padecimientos y fechas de liberación, otros 23 trabajadores atravesaron la misma secuencia de privación ilegítima de libertad y tormentos, para cuya ejecución fue indispensable y activa la participación de los entonces directivos Pedro Müller y Héctor Francisco Sibilla, quienes confeccionaban las listas con los nombres de los delegados sindicales de la fábrica para luego entregárselas a las fuerzas militares que los secuestrarían. Esas listas, tal como consta en la causa, eran confeccionadas en hojas con el logo de la empresa.
En este sentido, el fiscal que instruyó la causa consideró que a partir del 24 de marzo, personal militar de Campo de Mayo comenzó a instalarse en la empresa para perseguir especialmente a los delegados gremiales y pusieron a disposición de los represores el quincho del predio.
Asimismo, se destaca que las víctimas fueron secuestradas –algunas de ellas, en sus propios domicilios- dentro del ejido de la zona militar 4, lo que no podría haberse llevado a cabo sin el aporte de los legajos, datos personales, domicilios, de las víctimas por parte de exdirectivos Müller y Sibilla, quienes además pusieron a disposición del Ejército vehículos de la empresa.
En cuanto a la calificación legal de la imputación, ambos serán juzgados por los delitos de privación de la libertad doblemente agravada por la violencia y amenazas contra las 24 víctimas, además de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos. Todos los delitos concursan materialmente entre sí, y están enmarcados en la categoría de lesa humanidad en el marco de un plan sistemático.
La próxima audiencia se realizará en la misma sede el próximo 28 de diciembre, y luego retomará pasada la feria judicial.
