Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 12:00
Sociedad
(15/02/18 - Pesticidas)-.Cinco años después de la presentación de la enfermera Mercedes Méndez, la Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó a la provincia de Corrientes que se incline por las prácticas agroecológicas para el ataque a las plagas y, mientras tanto, que al menos controle que mínimamente se cumpla la ley.
A la Defensoría la resolución le llevó más tiempo que el que tuvieron de vida Nico Arévalo y Kily Rivero. Muertos a los cuatro años por respirar las derivas envenenadas de las tomateras, por meter las patitas en un canal de desagote, por jugar con tierra donde la tierra ya no es la pacha sino una agencia desgraciada de la muerte. Por Silvana Melo para APe
La resolución de la Defensoría está fechada el 24 de enero de 2018. La carta de Mercedes Méndez, enfermera de cuidados paliativos del Garrahan, el 20 de mayo de 2013. En el medio hubo un juicio sin culpables. En el medio hubo impunidad. Cinco años después la Defensoría del Pueblo recomienda. Tarde, como llega tarde el estado a los andenes de los frágiles.
En 2011 murió Nicolás Arévalo. Un año después José Rivero. Los dos en Lavalle, zona rural de Corrientes. Vivían rodeados de tomateras. Cercados por las fumigaciones. Veían morir los pájaros. Jugaban con los charcos y respiraban un aire diseñado para ser puro. Se bañaban de sol y el viento los bañaba de venenos. Ellos no pudieron resistir. Celeste Estévez, prima de Nicolás, sobrevivió. Pero con secuelas que sufre hasta hoy.
Mercedes supo de los niños en un encuentro de Pueblos Fumigados, justamente en Corrientes. Supo que Celeste estaba internada en el Garrahan. Y la vio pelear, palmo a palmo de esa vida que había que reconquistar. Supo que la mamá de Nico no tenía dudas de las causas de su muerte: los venenos de las tomateras. Supo que la mamá de Celeste no tenía dudas de las causas de la muerte de Nico y del riesgo de vida de Celeste: “los venenos que de manera reiterada tiraban en las tomateras que hay en su barrio y que hacían de él un lugar irrespirable e incompatible con la convivencia de cualquier ser vivo”.
Tan claras tenía las cosas la mamá de Celeste que se lo dijo a todos: médicos, fiscales, jueces, secretarios municipales. Los niños fueron envenenados por las fumigaciones. Aunque desde junio de 2011 hasta el propio juicio –donde se absolvió y determinó que nadie es culpable de la muerte de Nicolás, salvo la fatalidad y el destino de un niño rural y sin recursos- le preguntaran por una planta supuestamente ponzoñosa que podían haber ingerido.
El cuerpito de Nico estaba plagado del organoclorado alfa-endosulfán. Ni planta ni fatalidad. Crimen impune.
La mamá de José le relató a Mercedes que días antes de que su niño cayera en un pozo de gravedad del que no pudo salir, vieron morir a sus perros, sus gansos, sus gallinas. “Mi marido dijo nos mudamos de acá porque así como se me mueren los animales se pueden morir mis hijos”. Pero ya era tarde. José no regresaría.
Finalmente la familia se mudó. Pero a un terreno vecino al aire que había matado a Nicolás y enfermado gravemente a Celeste un año atrás. “¿Por qué huyeron de un lugar contaminado a otro tan peligroso como el anterior?”, les preguntó Mercedes. “Es que Lavalle es todo tendales de cultivos de tomates… no hay muchos lugares para elegir… no hay mucha escapatoria ahí…” La tierra es escasa y ajena para los que no tienen nada. No hay opciones posibles. No hay alternativa. No hay cómo torcer un destino autoritario y contumaz. No hay hospitales cercanos para ellos. El veneno tiene todo el tiempo del mundo para esparcirse por un cuerpito de cuatro años antes de que un frágil pueda llegar a la alta complejidad. Los frágiles se mueren antes.
Al estado no le importan. Entre los sembrados y las vidas humanas dispersas alrededor, anónimas y oscuras, entre los negocios y los niños, la opción sistémica es terminante.
En la presentación ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, en mayo de 2013, la enfermera Mercedes Méndez solicitó que se investigara la responsabilidad de los funcionarios públicos (municipales y/o provinciales) por no haber fiscalizado la aplicación de veneno sobre la gente. Reclamó medidas urgentes para “preservar la salud y la vida de los afectados y del resto de la población expuesta a los agrotóxicos allí utilizados; se analice la posibilidad de ordenar la suspensión en lo inmediato de las fumigaciones en los establecimientos (tomateras) cercanos a sus viviendas y se ordene el traslado de las familias afectadas (…) a un lugar adecuado (…) Mientras las fumigaciones se sigan reiterando, el posible delito subsiste (ejecución continuada), con los peligros que los mismos entrañan”.
Y exigió el análisis de las verduras cultivadas y regadas con agrotóxicos para detectar un virtual envenenamiento que luego consume la misma gente en ensaladas corrosivas.
En junio de 2012 el Senasa prohibió la importación de endosulfán. Pero no se lo prohibió hasta abril de 2013. Fecha en la que se suponía que se agotaría el stock. No sea cosa que hubiera una mínima pérdida económica. Las vidas son definitivamente secundarias.
Cinco años después, la Defensoría del Pueblo de la Nación –que no tiene Defensor desde 2009- recomienda controlar, fomenta prácticas agroecológicas, requiere al Ministerio de Agroindustria de la Nación –en manos de Luis Miguel Etchevehere, agronegocios desde el estado- que se fortalezcan los sistemas de control provinciales y pide una ley de presupuestos mínimos. Invita también a crear un mecanismo para que las víctimas presenten denuncias. Y pide al gobierno provincial que cuide a los frágiles de los parajes fumigados.
En estos cinco años murieron niños en Entre Ríos y Córdoba y un anciano en Santa Fe, llovieron pájaros azules en Arroyo Leyes, se envenenaron los peces en el Paraná, murió Antonella y el cáncer se diseminó en Gualeguaychú, murió Rocío en Mburucuyá y los cóndores en Malargue.
Mercedes Méndez sigue abrazando en el Garrahan a los niños atacados por los monstruos químicos.
Y los negocios se amasan, en las cimas del poder, a costa del futuro. Que se acalambra y se detiene mientras la Defensoría del Pueblo recomienda.
