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Nicolás Ducoté sigue el ejemplo de su jefe político y tiene vacaciones ilimitadas


(31/03/18 Pilar)-.El intendente de Pilar por Cambiemos, Nicolás Ducoté, podrá tomarse vacaciones ilimitadas. Al menos así lo determinó el Concejo Deliberante de su distrito. Hasta ahora, el dirigente macrista sólo podía tomarse 21 días al año.

El proyecto, impulsado por el oficialismo, se aprobó en una polémica sesión extraordinaria. Es que no sólo modificó la ordenanza 447 votada por el Legislativo el 7 de diciembre del año pasado, sino que también puso un único límite a las vacaciones del jefe comunal: podrá irse de vacaciones cuantas veces quiera, aunque sólo podrá ausentarse 14 días hábiles corridos cada vez, y por si fuera poco podrá pedirlas con tan sólo 48 horas de anticipación.

"Autorízase al titular del Departamento Ejecutivo Municipal a gozar de la licencia por las razones que en cada caso correspondan, por hasta un periodo de 14 días hábiles en cada ocasión que se produzcan”, se lee en la reciente ordenanza.

Asimismo, la norma establece polémicos cambios en la línea sucesoria. Es que, cuando el jefe comunal pide licencia en su cargo, su puesto debe ser ocupado por el primer concejal oficialista. Pero ahora, éste podrá “excusarse, manifestar su imposibilidad de asumir o bien solicitar licencia” con una simple nota al Concejo Deliberante, pedido que deberá ser aprobado por el cuerpo.

Todo indica que este último apartado desenmascara de alguna forma la interna política dentro de la alianza Cambiemos ente Ducoté y el coordinador operativo de la Superintendencia de Salud Sebastián Neuspiller, al que le responden algunos dirigentes locales. Es por eso que se dará lugar a modificaciones en la línea sucesoria. 

"La cultura del disparo como regla deriva de la irresponsable conducta de Patricia Bullrich"

(31/03/18 - Gestión Macri, Doctrina Chocobar)-.La diputada de Libres del Sur Victoria Donda, repudió un nuevo caso de "gatillo fácil", donde denunció que gendarmes balearon por la espalda a Gonzalo Nahuel Sala, un joven de 19 años de Lomas de Zamora.

En ese sentido, la legisladora indicó que "vamos a seguir repudiando cada caso como éste, donde la doctrina Chocobar impulsada por el gobierno se aplica y avala desde los órganos de poder".

Además, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja expresó que desde su espacio político exigen "justicia para Gonzalo Sala, que estos gendarmes sean apartados de la fuerza inmediatamente", y "que los oficiales que violaron la ley en este caso sean juzgados como nuestra ley manda".

El joven fue herido mientras circulaba en una moto y, al no detenerse en el control vehicular policial, fue baleado por la fuerza de seguridad, según denunció la familia de la víctima.

Donda insistió que seguirá "repudiando cada caso como éste", y dijo estar "convencida de que la seguridad también es un derecho humano fundamental, necesario para garantizar el disfrute del resto de los derechos".

Además, consideró que "la policía tiene la función social de prevenir la comisión de delitos, hacerlos cesar y aprehender a sus autores" y agregó que "para cumplir esta tarea puede hacer uso de la fuerza, pero siempre de modo racional y proporcional al mal que quiere evitar".

Sobre el caso de Sala, Donda aseguró que en el accionar de los gendarmes tuvo una "desproporción que es evidente, y por tal ilegal, constituyendo un claro caso de gatillo fácil".

"Otra vez, un joven fue acribillado por la espalda por efectivos de seguridad que responden al mando de Patricia Bullrich, cuando no representaba peligro alguno", enfatizó la diputada.

Asimismo, sostuvo que "lamentablemente la cultura del disparo como regla, deriva de la irresponsable conducta de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al haber avalado, primero a los prefectos que asesinaron a Rafael Nahuel, y luego al agente Chocobar".

Filmus demolió a Aranguren

(31/03/18 - Gestión Macri, Seleccionado de Transilvania)-.El diputado nacional, Daniel Filmus, se refirió esta mañana a la confesión del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien ayer confesó que sigue teniendo su patrimonio fuera del país por falta de confianza. "Sigo teniendo mi dinero afuera. A medida que recuperemos la confianza en la Argentina regresaremos el dinero", declaró y agregó en otro pasaje: “el que se quema con leche ve una vaca y llora”.

Ante esto, el ex ministro de Educación del Frente para la Victoria expresó: "La mayor parte del patrimonio de los principales ministros del gobierno y del propio Macri está fuera del país, hecho que demuestra que la promesa de lluvia de inversiones era una mentira y que los propios funcionarios no confían en el presidente".

"A pesar del blanqueo sigue siendo récord la fuga de divisas. Un gobierno más preocupado x los negocios financieros que les permitan llevarse fuera del país los dólares que piden prestados y que pagarán las futuras generaciones de argentinos que en generar inversiones productivas", sostuvo, vía Twitter.

"Esta es la verdadera razón por la cual el ministro Caputo todavía no se animó a venir al Congreso a responder las preguntas de los diputados. Es una vergüenza que los propios ministros no tengan confianza en el presidente", concluyó. 

Bahía Blanca: Fiscales solicitaron se eleve a juicio oral la causa "Ejército", con 33 imputados

(31/03/18 - Lesa Humanidad)-.Los fiscales federales Antonio Horacio Castaño y Miguel Ángel Palazzani solicitaron hoy en Bahía Blanca la elevación a juicio de una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en 174 casos, y que tienen 33 imputados entre retirados del Ejercito, de la PFA, de la Bonaerense y del Servicio Penitenciario. 

El requerimiento de los integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca fue formulado en el marco de la denominada causa "Ejército", en la cual 78 de los 174 casos serán por primera vez debatidos en un juicio oral, informó fiscales.gob,ar, el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal.

En los otros 96 casos, el pedido de elevación a juicio abarca a nuevos imputados, distintos de los juzgados en anteriores debates orales.

El nuevo pedido de juzgamiento abarca como acusados a nueve militares retirados que integraban el Comando del Cuerpo V de Ejército y cuatro ex miembros del Destacamento de Inteligencia 181. También a nueve guardias que actuaban en el centro clandestino de detención “La Escuelita”, cuatro ex integrantes del Batallón de Comunicaciones 181, dos ex directores de la Unidad Penitenciaria 4, dos ex policías federales y tres de la Bonaerense.

Los fiscales explicaron en el pedido de elevación a juicio que los hechos investigados en la causa fueron cometidos en la llamada zona de defensa 5, dependiente del Cuerpo V de Ejército y constituyen delitos de lesa humanidad. 

"Se aplicó un plan criminal, concebido y ejecutado de manera sistemática y clandestina, cuya implementación tuvo como finalidad criminal el ataque generalizado a la sociedad civil y se plasmó en privaciones ilegales de la libertad, torturas, persecuciones políticas, muertes y desapariciones de personas", puntualizaron.

Para cometer estos delitos, se desarrolló una "particular modalidad del terrorismo de Estado que incluso llegó a contar con una coordinación criminal de tipo sub-continental, que tuvo expresión en la unión de las dictaduras del Cono Sur conocida como 'Plan Cóndor'", concluyeron.

La CIDH pide al gobierno “medidas urgentes” para proteger a líderes sociales

(31/03/18 - Colombia)-.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este martes a Colombia a “tomar medidas urgentes” para proteger a los defensores de derechos humanos y líderes sociales debido al alto número de asesinatos registrados en los últimos meses.

La CIDH manifestó su preocupación al respecto, y añadió que el país tiene que llevar a cabo investigaciones “diligentes” que tengan en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 22 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia en los primeros dos meses de 2018, casos que en su mayoría se concentraron en personas en situación de especial vulnerabilidad y en zonas alejadas donde históricamente el conflicto armado fue más intenso.

“Algunas organizaciones de la sociedad civil señalan, además, que estos asesinatos se habrían producido en un contexto de grave violencia, habiéndose registrado en el primer mes del año más de 140 amenazas a miembros de organizaciones sociales y comunitarias y más de 2.500 desplazamientos”, añadió la CIDH en un comunicado.

“En relación a los responsables de los asesinatos, en diciembre de 2017 el fiscal General de la Nación (Néstor Humberto Martínez) señaló haber identificado la presencia de reductos de autodefensas que estarían actuando con algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país”, agregó.

La Comisión observó que con la implementación de los acuerdos de paz, los asesinatos de estas personas han aumentado sostenidamente.

De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, desde enero de 2017 a febrero de 2018 ocurrieron 121 asesinatos de defensores de derechos humanos.

Este es un fenómeno que la CIDH ve con preocupación en tanto que las personas asesinadas “desempeñaban acciones para la implementación de los acuerdos de paz relacionadas con la tierra”.

“Asimismo, la Comisión ha recibido información consistente que indica una afectación acentuada de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos indígenas y afrodescendientes”, insistió.

“Estamos muy preocupados por esta situación y por el efecto amedrentador que tienen estos asesinatos en algunas partes del país y en la sociedad colombiana en su conjunto”, dijo el relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, el comisionado Francisco Eguiguren.

La Comisión reiteró que es obligación del Estado “investigar de oficio” hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Además, hizo un llamado urgente a las autoridades colombianas para que “estas medidas de investigación y protección hacia las personas defensoras de derechos humanos sean abordadas desde una perspectiva integral y coordinada”.

La Unión Africana evalúa plan continental para personas con discapacidades

(31/03/18 - Unión Africana)-.El organismo multinacional que nuclea a los países del continente negro culminó hoy un curso de capacitación para sus funcionarios, centrado en evaluar las estrategias de implementación del plan de acción continental sobre el Decenio Africano de las Personas con Discapacidad (2010-2019).

Organizado por la Comisión de la UA, el taller que se realizó durante tres días bajo el tema 'Incorporación de la discapacidad en la política y programación del desarrollo', se centró principalmente en los responsables políticos y decisorios de la UA y les proporcionó habilidades y conocimientos para integrar la discapacidad a las organizaciones.

Durante las sesiones, se hicieron presentaciones sobre la discapacidad como un problema global de desarrollo, así como sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el sistema regional africano, tomando en cuenta además la Agenda de la UA 2063.

Los participantes se comprometieron a aplicar las disposiciones del plan de acción continental sobre el Decenio Africano de las Personas con Discapacidad (2010-2019) y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con estos problemas.

También reafirmaron su compromiso con los estatutos recientemente aprobados en el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en África y otros instrumentos referidos en las políticas y programas nacionales.

Concejales de tres sectores peronistas, acordaron un proyecto contra las offshore

(30/03/18 - San Martín)-.Los concejales Juan Eslaiman del Frente Renovador y Hernán Letcher de Unidad Ciudadana (foto) elaboraron un proyecto de Ordenanza para que los funcionarios municipales no puedan tener participaciones en cuentas offshore de paraísos fiscales.

La iniciativa es presentada en conjunto con los bloques del peronismo, Unidad Ciudadana, Frente Renovador y el bloque San Martín para la Victoria, que responde al intendente local, Gabriel Katopodis. 

De esta forma, el peronismo de San Martín se une en un proyecto de Ordenanza que busca prohibir la participación en cuentas offshore, de funcionarios municipales; iniciativa que busca ofrecer un “gesto político contundente contra la alianza Cambiemos y sus funcionarios, e intenta dar una señal que sea replicada en otros distritos de la provincia”.

Este miércoles se dio inicio a las sesiones ordinarias del 2018 y, según se informó,  en los próximos días el proyecto será tratado en Comisión, para luego ser debatido en el recinto.

El proyecto aclara que “debido a los hechos de público conocimiento donde funcionarios han incurrido en el delito de no declarar sus acciones en cuentas de paraísos fiscales” y que “si bien tener participación en una offshore no constituye delito, estas cuentas se vuelven ilegales cuando no se paga los impuestos en los países de procedencia”. Además, aclara que suelen ser utilizadas para ocultar patrimonio o dinero proveniente de actividades ilegales, o para esconderlo de las autoridades. 

La Ordenanza entonces apunta a modificar la 7.770 referida al Código de Ética Municipal, anexando al capítulo N° VII “Declaración Jurada”, que pide que “el funcionario público que desempeñe un cargo en la administración municipal, ya sea actualmente o en el futuro, no debe poseer cuentas y sociedades offshore, en su totalidad o acciones, en países de baja o nula tributación considerados paraísos fiscales. Asimismo, deberá declarar cuentas, sociedades y acciones en los demás países”. 

Las prohibiciones se aplicarán desde dos años antes de asumir el cargo. En ese caso se les prohibirá tomar el puesto, o en caso de existir actualmente un funcionario alcanzado por la Ordenanza, se le pedirá la renuncia.