Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 0:00
Sociedad
(04/06/18 - Pueblos Originarios)-.Se trata de una de las áreas más apetecidas por los emprendedores inmobiliarios. Se estima que las tierras, por su ubicación a 15 kilómetros del centro de Bariloche y características geográficas, tienen un valor estimado de base de entre US$ 25 y 30 millones.
Las tierras están ubicadas en la ladera oeste, sobre la ruta 82, a metros del cruce que lleva al lago Gutiérrez o al cerro Catedral, un sector conocido como Virgen de las Nieves, a 15 kilómetros de Bariloche, en la ladera oeste del famoso cerro Otto.
Junto con la titularidad de las tierras llegaría un imponente proyecto inmobiliario que podría multiplicar la cotización. La cría de animales y el cultivo serían reemplazados por una cancha de golf, diversos proyectos hoteleros y el levantamiento de una comunidad ecológica.
Tal como adelantó La Nación, la sentencia firmada por la juez retirada hace unos días de sus funciones, María José Sarmiento, del tribunal en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, establece que en un plazo no mayor de 60 días, el Ejecutivo debe otorgarle los títulos de propiedad a la lof Trypay Antú integrado por la familia Gualmes.
La familia asegura que son habitantes ancestrales con registros probados en el siglo XIX. La superficie que vienen exigiendo formalmente desde principios de los 90, primero en las oficinas provinciales, después en el Instituto de Asuntos Indígenas y finalmente ante la Justicia Federal representan en total alrededor de 240 hectáreas. Pero estas tierras fueron concedidas en 1937 por el Estado al Ejército Argentino (Regimiento de Montaña 10) por lo cual la discusión judicial fue trasladada por el abogado de la comunidad, Manuel Aliaga, a los tribunales federales de la capital.
Los Gualmes viven a unos 500 metros del refugio religioso. Durante el año se dedican al cultivo y a la cría de chivos y ovejas que venden a particulares sobre todo en las fiestas de fin de año. La familia, compuesta por unos 30 miembros, no tiene mayores recursos económicos. Los abuelos, los adultos y sus hijos suelen moverse en el colectivo de la línea 50 que pasa justo afuera de la propiedad. En la tranquera se observa el dibujo de una bandera mapuche. Luego sigue un apretado camino poco apto para automóviles. El predio es arbolado, muy verde y cercano a las montañas. Una típica postal de la belleza patagónica.
“(…) ordeno al Poder Ejecutivo Nacional que en el término de 60 días a partir de que quede firme esta sentencia-, transfiera a título gratuito y en los términos del art. 8º de la ley 23.302, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, el dominio de las tierras cuya mensura fue aprobada por Resolución Nº 1165 del INAI, a los efectos de su adjudicación –en forma inmediata-, en propiedad comunitaria a la Comunidad Indígena del Pueblo Mapuche “Trypay Antú””, resolvió la jueza Sarmiento.
Uno de los problemas operativos que tiene el dictamen, indican fuentes, es que en la Argentina no existe una ley que regule la propiedad comunitaria. Aun así la jueza Sarmiento comprende que “El Poder Ejecutivo Nacional tiene los medios jurídicos correspondientes para disponer la adjudicación en propiedad comunitaria de las tierras afectadas, a la Comunidad Indígena a través del mecanismo preceptuado por el artículo 8º de la ley 23.302.”, señaló la magistrada citando al constitucionalista Germán Bidart Campos. Un artículo que de todos modos se presta a una amplia discusión tomando este caso tipo.
La comunidad Trypay Antú posee desde 1998 personería jurídica anotada en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci). A lo largo del tiempo, en sus disputas con el Estado argentino han tratado de ser desalojados en diversas oportunidades, pero siempre regresaron.
En términos generales la justicia ni el gobierno provincial de Río Negro los considera “violentos” ni “conflictivos”. En 2001 la lof presentó un reclamo al INAI. En un relevamiento del 2009 a esta familia le fueron reconocidos dos sectores llamados “A” y “007A” que componen unas 170 hectáreas aunque los Trypay Antú aseguran que llegan a 240.
Según un informe del sitio Patreon detrás del reclamo indígena existe un proyecto inmobiliario de grandes dimensiones que incluye una cancha de golf profesional, emprendimientos hoteleros, restaurantes, parques y una comunidad ecológica. El diseño de la mega obra está a cargo de la poderosa empresa inmobiliaria, Di Tullio, pionera en la construcción de los barrios privados en la Argentina.
Pero para que el proyecto pueda ser desarrollado se necesitan títulos de propiedad que aseguren la inversión de quienes apuesten a la idea. El fallo judicial ubicaría a los Trypay Antú en una inmejorable posición para convertirse en socios de una millonaria empresa, explican fuentes del sector.
