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“La salud es política de Estado, no un tema electoral”

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(28/06/18 - F. Varela)-.El diputado provincial se refirió a la situación que atraviesa el nosocomio y le brindó su total apoyo. “Esto es un respaldo hasta con la propia Provincia porque sabemos que está poniendo recursos, pero hace falta que el Gobierno Nacional entienda la situación y el desfasaje económico que ha habido en este tiempo y que auxilie a un hospital de primer nivel”.

En este contexto remarcó la importancia del sanatorio, ya que indicó que otros hospitales trasladan pacientes de alta complejidad. “Hoy estamos viendo con mucha tristeza de que el hospital está decayendo y que hay pedido un achique del 40 % del presupuesto”, expresó Pereyra.

 Respecto a la situación de los trabajadores y lo que están viviendo, el funcionario provincial dijo que ”esto viene desde hace varios meses y que desde la Dirección le han planteado a cada Jefe de Servicio que tiene que hacer una reducción de un porcentaje importante”.

 Además, reveló que le preocupa el cierre de la atención a jubilados, un proyecto conjunto entre el Municipio de Florencio Varela y la UNAJ solventado por PAMI.

 En cuanto los paso a seguir señaló: “El trabajo que viene es juntarnos con los ministros tanto nacional como provincial, hacer una reunión con los secretarios de salud de toda la región”. Y Añadió: “No nos vamos a quedar quietos con este tema, el tema de la salud es política de estado, no es un tema electoral”.

 “El tema de la educación y la salud son temas en los cuales todos los dirigentes políticos, independientemente de la porción política que representemos tenemos que estar a la altura y tomarlo como una política de estado”, explicó Pereyra.

 Finalmente dijo: “No podemos juntarnos solamente por un mundial, cuando hay un problema como el de salud tenemos que juntarnos todos”.

Casi la mitad de los bonaerenses del segundo cordón no pueden pagar las tarifas

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(28/06/18 - Gestión Macri, Tarifazos)-.Un informe realizado recientemente reveló que los ciudadanos del segundo cordón del conurbano de la Provincia declaran que no están en condiciones de poder pagar las excesivas tarifas de luz, gas y transporte. 

El relevamiento del Centro de Estudios Metropolitanos arrojó la durísima situación que se atraviesa en el segundo cordón del conurbano bonaerese al momento de afrontar las facturas de luz, gas y transporte. La particularidad es la gran cantidad de vecinos que pasaron de febrero a junio en considerar que los servicios eran "caros" a ser "imposibles de pagar".

 La zona más golpeada por el tarifazo involucra a los municipios de La Matanza, Moreno y Merlo ubicados en la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

Teniendo en cuenta la situación de las facturas de gas, en febrero de 2018 el 70% de la población consideraba que era "caro" o imposible de pagar" la tarifa pero apenas cuatro meses después el porcentual aumentó una proporción de casi el 10% y alcanzó al 70% de los consultados. 

 Una situación similar ata a las facturas de luz, en febrero menos del 69% respondía que eran “caras” o “imposibles de pagar con su ingreso”, 120 días más tarde esa proporción se incrementó 5 puntos porcentuales.  La mayor diferencia entre el relevamiento de febrero y de junio se concentra, específicamente, en el porcentaje de personas que responde que no pueden afrontar el costo de los servicios con sus ingresos. ​

 En cuanto al transporte, en febrero el 12% de los residentes del AMBA reconocía que con su salario no podia pagar las nuevas tarifas. En junio el porcentaje se duplicó y hoy el 25% de los bonaerenses que viven en el Gran Buenos Aires no llegan a cubrir los aumentos.

 El caso del agua también presenta el mismo desarrollo, el 17% consideraba no poder pagar la tarifa en febrero y en junio dicha percepción ya aumentó al 26%. Respecto al gas también hubo un deterioro importante, de 22% en febrero a 33% en junio.

 Las zonas más afectadas por los tarifazos
Del estudio queda en claro que la zona más afectada por las tarifas y donde un mayor porcentual de bonaerenses no pueden afrontar el pago de las tarifas es en el Oste del conurbano bonaerense (La Matanza, Merlo, Moreno, Hurlinghan, Ituzaingó). Allí el 36% se considera incapaz de poder afrontar los aumentos.

 Por otro lado, en la zona Sur del segundo cordón quienes no pueden pagar las tarifas son un 27%. Esto involucra a vecinos de municipios importantes en el andamiaje bonaerense como Berazategui, Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown y Esteban Echeverría. 

 Estos valores contrastan una situación muy compleja que se atraviesa en los lugares de mayor concentración poblacional del AMBA, donde un porcentual al 44% -algo así como 1 de cada dos bonaerneses- no pueden pagar los tarifazos en los servicios aplicados por el Gobierno de Mauricio Macri. 

La polícia de Larreta reprimió a estudiantes de la UBA

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(28/06/18 - CABA)-.Ayer alumnos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fueron reprimidos por efectivos de la Policía de la Ciudad cuando intentaron tomar el rectorado de la institución para denunciar un fraude en las últimas elecciones de las autoridades de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). 

 Luego de la votación de las nuevas autoridades de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) que representa a los alumnos, la coalición de izquierda integrada por el Partido Obrero y La Mella/Patria Grande, que hace años está al frente de la FUBA, denunció fraude por parte de la denominada Franja Morada, agrupación de origen radical.

 “Los abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación y rechazo a la maniobra fraudulenta de Cambiemos y otros sectores para hacerse con el control de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) el pasado 23 de junio en un Congreso de renovación de autoridades convocado irregularmente en la Facultad de Odontología. 

 Dicha maniobra incluyó la acreditación falsa de dos delegadxs: Federico Amoretti de la agrupación “La Mariátegui” de la Facultad de Filosofía y Letras y Luz Assman de “El Germen – Nuevo Encuentro” de la Facultad de Ciencias Económicas contra su voluntad manifiesta. Esta operación implica un gravísimo antecedente contra la organización de lxs estudiantes en la federación universitaria más grande del país.” expresaron estudiantes mediante la solicitada.

 Ayer por la noche organizaciones estudiantiles movilizaron a las puertas del rectorado de UBA para denunciar el fraude. La Policía de la Ciudad reprimió la manifestación y detuvo a una persona, se trató del joven Federico Fernández, de la carrera de sociología.

Le concedieron prisión domiciliaria al militar que torturó al dirigente radical Mario Abel Amaya

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(28/06/18 - Memoria, Verdad y Justicia)-.Se trata de Jorge Osvaldo Steding (foto, contrapuesto con Amaya), condenado a 17 años de cárcel por el secuestro ilegal, las torturas y la muerte del diputado radical Mario Abel Amaya. Los jueces Mahiques y Riggi sentaron la jurisprudencia que esperaban otros presos cursando penas por delitos de lesa humanidad.

 La Cámara Federal de Casación abrió las puertas de par en par para que los represores que hayan cumplido 70 años de edad, sin más requisito que ese, se puedan ir a sus casas. 

 Una sala del tribunal dictó el fallo acaso más esperado por los condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura: concedió la prisión domiciliaria a un represor porque superó el límite etario y pese a que sus problemas de salud son menores: lumbalgia, hipertensión e hipoacusia.

 Para los camaristas Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, mantener al condenado en prisión significaría violar la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes”.

 El represor beneficiado es Jorge Osvaldo Steding, condenado a 17 años de cárcel por el secuestro ilegal, las torturas y la muerte del diputado (1973-1976) y dirigente de la UCR Mario Abel Amaya, uno de los primeros alfonsinistas, abogado y militante de la Reforma Universitaria. 

 Fue secuestrado en agosto de 1976 junto con el exdiplomático radical Hipólito Solari Irigoyen, quien sobrevivió a la tortura. Amaya, asmático, no tuvo la misma fortuna. Poco antes de su deceso fue “legalizado” por la dictadura y trasladado en calidad de detenido a un hospital porteño. Su madre fue autorizada a visitarlo en su agonía, pero no pudo reconocerlo: estaba desfigurado por las heridas causadas por los tormentos.

 El fallo invoca un antecedente de la Corte Suprema, “Felipe Alespeiti”, en el que el máximo tribunal concedió la domiciliaria a otro represor. Pero en aquel caso, el beneficiado fue un condenado de 85 años de edad, cuyo estado de salud se caracterizaba en el fallo de la siguiente manera: “Con diversas patologías cardíacas, evolutivas, crónicas, irreversibles y susceptibles de complicación, que presenta trastorno senil con deterioro funcional, pérdida del 70 por ciento de la visión en uno de sus ojos, sufre de hipoacusia con compromiso en su desempeño social auditivo y posee limitada capacidad de locomoción”. Es decir un preso 15 años mayor que Steding y con problemas de salud infinitamente más graves.

 Steding, detenido desde el 20 de diciembre de 2015, cumplía la pena en una cárcel común. El 13 de noviembre de 2017 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia había rechazado un pedido de prisión domiciliaria, pero su defensa recurrió al máximo tribunal penal, la Casación.

 El tribunal oral había advertido, sobre la base de informes médicos, que no se había probado “ningún tipo de patología de grave entidad que no pueda ser controlada en el complejo penitenciario donde se encuentra alojado o, llegado el caso, en una institución hospitalaria”.

 El juez Mahiques consideró, no obstante, que “se evidencian en el caso también las razones humanitarias que inspiran” la prisión domiciliaria. Y su colega Riggi fue aun más allá: “En modo alguno podría sostenerse que la situación del imputado -para acceder a este modo morigerado de cumplimiento de la detención- debería encuadrar en todas las causales previstas pues la diversidad de situaciones contempladas conducirían a que en la práctica el beneficio sea meramente enunciativo, por la imposibilidad de que concurran todos los requisitos en una misma persona”.

 Esto significa que alcanza con que el detenido haya cumplido 70 años para concederle la domiciliaria, porque si hubiera que tomar en cuenta otras razones que se combinaran con la edad, los jueces no podrían mandar a sus casas a ningún condenado.

 Riggi reflexionó que “más allá de que Steding fue juzgado por hechos de lesa humanidad, cabe resaltar que el análisis jurisdiccional sobre la posibilidad de conceder o denegar la prisión domiciliaria, no puede centrarse exclusivamente en la gravedad del delito atribuido al encausado”.

 “Se evidencian en el caso también razones humanitarias que inspiran el instituto, lo cual impone la necesidad concederle a Steding el arresto domiciliario”, completó.

 El voto mayoritario (la tercera jueza, Liliana Catucci, se había inclinado por pedir nuevos estudios médicos) es una virtual aceptación de la edad para acceder a la domiciliaria. Invocando este fallo, cualquier represor podrá sin más pedir que le permitan cumplir la condena en su casa.

El golpe de estado de la oposición nicaragüense bajo manual de la CIA ya causó 285 muertes

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(28/06/18 - Nicaragua)-.Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) reporta 285 muertos del 19 de abril al 25 de junio de 2018 tras la ola de violencia destituyente protagonizada por la oposición bajo las normas del Manual de Golpes Blandos de la TYom Sharp, de la CIA.

El secretario general de la ANPDH, Alvaro Leiva señaló que es un adelanto de las investigaciones que serán presentado ante la CIDH. Entre las muertes hay 262 confirmadas y 23 no identificados para un total de 285 fallecidos.

 El defensor de los derechos humanos agregó que los otros 23 muertos no han sido idenficados, pero cuentan con fotos y testimonios que corroboran lo ocurrido. Esos casos, explicó, son monitoreados.

 Leiva hace una lectura sesgada de los hechos e ignora la realidad que demuestra a través de todo tipo de testimonios periodísticos la existencia de hechos violentos entre los manifestantes y denuncia la existencia de un estado de sitio impuesto por fuerzas de choque afines al gobierno.

 Existe un estado de sitio no declarado” que ha sido impuesto por “grupos paramilitares y de choque”, dijo Leiva, quien omite deliberadamente señalar que los sectores que realizan estas acciones pertenecen a sectores no identificados de civiles armados..

 El dirigente humanitario, que casi todo el tiempo hace hincapié en las acciones defensivas del gobierno constitucional de Nicaragua precisó además que “existe un uso desmedido de armas de fuego” por parte de la Policía Nacional, “hay armas de alto calibre de guerra, especialistas francotiradores” que disparan contra los pobladores, criticó Leiva.

 Nicaragua sufre una crisis que mantiene con barricadas diferentes barrios de Managua, así como tranques en varios municipios.

 La inseguridad, por otro lado, se ha incrementado en el país, puesto que encapuchados que se movilizan en camionetas y motocicletas disparan a matar, tanto en Managua como en los departamentos.

 Por tal motivo, en Managua los pobladores no salen por las noches, para evitar a los encapuchados que circulan armados y que ya han madato al menos a diez personas.

 Para Leiva, en Nicaragua existe un abuso de las personas con armas de fuego, aunque evita sutilmente expresar que, al igual que ocurrió antes en Venezuela, grupos de terroristas armados, presuntamente financiados por la CIA aplican acciones de terror sobre la población civil.

 “Existe un uso desmedido de armas de fuego” por parte de la Policía Nacional, “hay armas de alto calibre de guerra, especialistas francotiradores” que disparan contra los pobladores, fue lo único que atinó a decir Leiva, sin referirse a la obvia pertenencia de los terroristas a las filas opositoras.

 Este martes cumplieron 70 días desde que comenzaron las protestas en Nicaragua el pasado 18 de abril en una zona céntrica de Managua. El defensor de los derechos humanos llamó a un urgente cese de hostilidades en Nicaragua.

Siguen en Ucrania los crímenes de odio contra gitanos

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(28/06/18 - Ucrania)-.Grupos violentos ultranacionalistas atacaron un asentamiento romaní (gitano) cerca de Lviv en el oeste de Ucrania el 23 de junio de 2018, matando a una persona e hiriendo a varias, incluido un niño.

 Según los informes de los medios, este es el sexto ataque contra los asentamientos romaníes en Ucrania en los últimos dos meses: otro en Lviv, uno en Ternopil también en el oeste de Ucrania y tres en Kiev.

 "Este ataque debería ser un último llamado de atención para que la policía de Ucrania tome medidas decisivas contra los crímenes de odio", dijo Tanya Cooper, investigadora de Ucrania en Human Rights Watch. "Los grupos radicales no han sido responsabilizados por sus ataques contra los gitanos, lo cual no pudo sino haberlos animado a cometer más ataques. Ahora alguien está muerto ".

Las autoridades de Ucrania no han respondido adecuadamente al creciente número de ataques violentos y amenazas que promueven el odio y la discriminación en Ucrania por parte de miembros de grupos radicales violentos.

 Un grupo de hombres con máscaras atacó el asentamiento, en el bosque cerca de Lviv, a última hora de la tarde del 23 de junio. Los medios informaron que los atacantes estaban armados con cuchillos y mataron a un hombre de 24 años, y resultaron heridos de gravedad otras cuatro personas - un niño de 10 años, dos hombres de 19 años y una mujer de 30 años.

 Los sospechosos son miembros de un grupo radical llamado Sober and Angry Youth. Algunos miembros de este grupo tienen vínculos con el ex batallón de voluntarios Azov, que luchó en el este de Ucrania y está implicado en numerosas denuncias de detención ilegal, tortura y otros abusos.

 La policía ha arrestado a siete sospechosos, todos residentes de Lviv. Las autoridades abrieron una causa penal por el asesinato, que conlleva una pena de prisión de hasta 15 años. Según un portavoz del Ministerio del Interior, la policía también estaba investigando otras violaciones, incluidos los delitos previstos en la parte 3 del artículo 161, que prohíbe "la violación de la igualdad de los ciudadanos debido a su identidad racial o nacional o creencias religiosas".

 Sergiy Knyazev, el jefe de la Policía Nacional de Ucrania, emitió una declaración en la que condena el ataque y promete que se responsabilizará a los responsables. También dijo que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior estaban monitoreando la investigación. Admitió que tales ataques se habían vuelto más frecuentes y llamó a los atacantes "inmorales" y el ataque "injustificable".

 Desde principios de 2018, los grupos de derechos humanos han documentado al menos dos docenas de ataques violentos, amenazas o casos de intimidación por parte de grupos radicales como C14, Sector Derecho, Traditsiya i Poryadok (Tradición y Orden), Karpatska Sich y otros contra los gitanos. , Personas LGBT y activistas y activistas de derechos en varias ciudades ucranianas.

 Las autoridades policiales raramente han abierto investigaciones. En los casos en que sí lo hicieron, no hay indicios de que las autoridades hayan tomado medidas efectivas de investigación para identificar a los atacantes, incluso en los casos en que los agresores reivindicaron públicamente la responsabilidad en las redes sociales.

 Los informes de los medios indican que algunas administraciones municipales han reclutado personas de grupos que promueven el odio y la discriminación para llevar a cabo "actividades policiales" durante las protestas pacíficas.

 El 14 de junio, Human Rights Watch junto con Freedom House, Amnistía Internacional y Front Line Defenders lanzaron una carta abierta dirigida al ministro del Interior Arsen Avakov y al fiscal general Yuri Lutsenko. Los grupos condenaron el creciente número de crímenes de odio en Ucrania y la impunidad de los responsables, instando a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Ucrania a tomar medidas urgentes para detener y castigar a los responsables de los ataques.

 La Iglesia greco-católica ucraniana condenó el ataque en un comunicado en su sitio web y pidió a las autoridades que investiguen y responsabilicen a los responsables "para que cada persona en Ucrania independientemente de su identidad nacional, étnica y religiosa pueda sentirse como un ciudadano digno y equitativo" de su país ".

 La embajada de los Estados Unidos en Kiev y el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa también condenaron el ataque y pidieron justicia.

 "La acción inmediata de la policía ucraniana es tranquilizadora, pero se necesita hacer más para detener los crímenes de odio y evitar más muertes", dijo Cooper. "Hasta que la aplicación de la ley de Ucrania comience a responsabilizar a estos y otros atacantes por sus crímenes, las personas en Ucrania no se sentirán protegidas por el estado".

Vecinos de Avellaneda presentaron un pedido para que Néstor Penovi sea declarado ciudadano no grato

Publicado por: Redacción Hora de publicación: 20:00

(27/06/18 - Avellaneda)-.La iniciativa, que fue tomada por Patricia Clavijo y el proyecto presentado en el Concejo Deliberante, cuenta con más de doscientas adhesiones, contra el vecino de Wilde que se burló de una joven rusa en Moscú generando un escándalo internacional.
   
Penovi, que ya arribó a nuestro país, se aprovechó del desconocimiento de la joven rusa del idioma español para hacerla decir obscenidades que grabó con su celular y que luego se virilizaron. 
Entre los fundamentos de la iniciativa presentada el 22 de Junio por Mesa de Entradas del Concejo Deliberante local, se afirma que "los avellanedenses y los argentinos no estamos dispuestos a permitir esta falta de respeto hacia terceros".

 La ciudadana Patricia Clavijo y los más de 200 vecinos que firmaron su adhesión agregan que no están dispuestos a "avalar el abuso oral de este invididuo ni de ningún otro, y deseamos dejarlo asentado de manera pública".

 Ahora será el deliberativo avellanedense el que deberá tratar la iniciativa vecinal y decidir si corresponde o no la avanzar con la iniciativa.

 El lamentable accionar de Penovi se da en una marco muy particular de nuestra sociedad, pero también en el orden internacional, en el que se registran una gran cantidad de hechos violentos hacia las mujeres basados en su condición de género, lo que ha desembocado en la penalización más severa de los delitos de género y numerosos reclamos en el marco de la movida del #niunamenos.
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