Publicado por: Redacción
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Sociedad
(05/01/19 - Violencia Institucional)-.El abrazo del presidente Macri al policía Chocobar marcó la definitiva legitimación del gatillo fácil como política pública de estado del gobierno nacional, al tiempo que la Resolución 956/18 del ministerio de seguridad amplió al infinito las hipótesis justificadas de uso del arma de fuego por las fuerzas de seguridad federales.
Ahora, el programa “Restituir” completa el cuadro, con la explícita reivindicación de los funcionarios estatales que, tras pasar años, y hasta décadas, investigados por hechos represivos que costaron vidas civiles, fueron beneficiados por el sobreseimiento o la absolución fáciles de un poder judicial cada vez más colonizado por Cambiemos.
La noticia se publicó el 2 de enero de 2019: “Programa Restituir: Bullrich recibió a 11 agentes que fueron sobreseídos y retoman la actividad policial”. La foto que acompaña el comunicado oficial del ministerio de Seguridad muestra una sonriente Bullrich, rodeada por uniformados de la PFA, PC y Gendarmería que, después de haber atravesado largos procesos judiciales, vuelven a sus cargos, arma en mano, sin restricción alguna.
“Queremos revertir una cuestión de fondo: el hecho de que un funcionario policial sea acusado cuando lo que hizo fue haber cumplido con su deber”, afirmó la ministra de Seguridad cuando anunció el proceso de reinserción al servicio activo de los 11 funcionarios. El “cumplimiento del deber”, en todos los casos, es el fusilamiento de personas desarmadas, que intentaban huir y no generaban peligro alguno para el/la homicida ni terceros.
Este “programa”, anunciado con el objetivo de “restituir la reputación y el buen nombre de los agentes”, es el último paso llevado adelante por el gobierno nacional y sus acólitos provinciales para la plena reivindicación de los hechos represivos de este gobierno y los anteriores, lo que simplemente demuestra lo que CORREPI sostiene hace años: la represión es una herramienta presente en la mochila de todo gobierno que administre una sociedad dividida en clases, que cada gestión administra conforme las necesidades que le plantea su propio carácter y la conflictividad social.
Por eso el gobierno de Cambiemos no sólo reivindica los hechos ocurridos durante su gestión, sino también los anteriores, en la medida que le permiten revalorizar su cruzada represiva.
Sabemos bien que el “sobreseimiento fácil” acompaña al gatillo fácil como la sombra al cuerpo, y sólo la lucha organizada logra, de vez en cuando, revertirlo. Pero nuevamente Cambiemos da la nota, mostrando su irreductible posición represiva, ahora asegurando a los integrantes de las fuerzas de seguridad que no deben temer ni siquiera la tibia represalia administrativa.
El comunicado del ministerio de Seguridad cita 11 casos ocurridos entre el año 2000 y 2017, varios de los cuales aún no cuentan con sentencia firme, lo que no sorprende si tenemos en cuenta que el policía Chocobar fue reinstalado en funciones pendiendo su juicio oral, que tendrá lugar en 2019.
Más allá de las formalidades procesales, lo cierto es que esta nueva medida oficial apunta a dar a las fuerzas de seguridad todas las garantías oficiales para que cumplan sin dudar las órdenes represivas que se les imparten.
Estas son las verdaderas historias de los 11 “restituidos”:
El 12 de julio de 2000, los policías Marcelo Delgado y Tapia, del GEOF, ingresaron en una vivienda y dispararon en la oscuridad. Cuando encendieron la luz notaron que habían herido a Pablo Daniel Fernández. Encerraron a su mujer en la cocina, junto con sus hijos menores, que fueron esposados. Remataron a la víctima con tres disparos mientras comían y tomaban mate en el living. El operativo duró más de 12 horas.
El 24/12/2013, en Villa Luro, Walter Enrique Foco vio un auto con tres sujetos sospechosos frente a su casa. Como hacía poco lo habían asaltado personas de similar descripción, salió con un arma a la calle. Eran los cabos Juan Esteban Palacios y Eugenio Martín Principato de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (DIFOC), que al verlo con el arma en la cintura lo fusilaron.
El 07/08/2014, cuatro jóvenes robaron un auto, el celular y dinero a una persona y huyeron. Los policías Pablo Andrés Blanco, Jorge Juan Pablo Munario y Eduardo Luis Pedrozo, de la Brigada de Robos y Hurtos de la PFA, los persiguieron en un auto no identificable hasta la Villa 20. Cuando frenaron y bajaron los policías les dispararon. Dos murieron, Jonathan Mareco y Brian Ayaviri (19 y 16). Los vecinos impidieron que fusilaran al tercero, ya herido y esposado. El cuarto fue detenido ileso. Las familias de los fallecidos fueron amenazadas y hostigadas por el “Percha” Rubén Néstor Solares, de la misma comisaría 52ª.
En 2014, dos personas robaron el celular a la cabo María Jimena Carrizo en el Ferrocarril Belgrano Norte. Al llegar a la estación Pablo Nogués, los ladrones se dieron a la fuga. La oficial les disparó y mató a uno de ellos.
El 19/07/2017, la policía Analía Abregú, del Departamento Federal de Objetivos Estratégicos de la PFA, iba en un colectivo en el que subieron dos muchachos. Cuando huían, la mujer policía les disparó a ambos, mató a Jeremías Emanuel Roldán e hirió al otro.
El 15/02/2012, de madrugada, el GEOF y la División Homicidios de la Policía Federal, ingresaron al barrio Mitre, en Saavedra, con tres órdenes de allanamiento, entre ellas, una destinada a la casa de la familia Tapia. Alan Tapia estaba durmiendo en su habitación, y el policía Rodrigo Valente le disparó cuando se trató de levantar. Alan quedó tendido en el suelo desangrándose mientras el allanamiento continuaba. La ambulancia recibió un llamado de parte de los policías diciendo que el joven tenía sólo un golpe. La médica de la ambulancia, al exclamar que el chico tenía un orificio de bala, fue amenazada por el policía, que le dijo que haga su trabajo mientras él hacía el suyo. Alan murió en el Hospital Pirovano mientras era operado.
El 22/12/2016, dos personas robaron $1.500 y un celular en un supermercado chino. La policía Carla Céspedes los corrió fuera del súper. Uno escapó corriendo, el otro intentó huir en una moto. Cuando intentaba encenderla, con ambas manos en el manubrio, la policía le disparó tres veces por la espalda, como se ve en el video de la cámara de vigilancia.
El 28/08/2017, dos jóvenes quisieron asaltar al gendarme Arsenio Narvay, que estaba de civil, con un cuchillo. Cuando huían, les disparó. Mató a Emanuel Santiago Talavera e hirió al otro.
CORREPI
