Publicado por: Redacción
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Latinoamerica
(28/01/19 - Guatemala, Opinión*)-.El pasado truculento de Guatemala no es pasado. Los años de la represión indiscriminada, de los grupos paramilitares, de los generales prepotentes, de los crímenes impunes no se va, se queda tercamente y brota en el menor resquicio.
Cuando en 1996 se firmó la paz, que se quería “firme y duradera”, entre el Ejército y la guerrilla, hubo grandes esperanzas. Después de 36 años de guerra, un país exhausto y desangrado quería no solo paz sino justicia, y algunas de los puntos más emblemáticos de los Acuerdos estuvieron dirigidos en esa dirección.
En primer lugar, que Guatemala dejara de ser una finca administrada por capataces ignorantes, malcriados y abusivos. Que dejara de considerarse a los pueblos indígenas solo como fuerza de trabajo a la que podía explotarse inmisericordemente, y tratársele como salvajes subhumanos. Y que los que habían cometido crímenes de lesa humanidad no quedaran impunes.
Pero Guatemala no cambió o, mejor dicho, cambió un poco, lentamente, con mucha dificultad, a costas de la rabia de los que siempre tuvieron la sartén por el mango y que, en cuanto tuvieron la oportunidad, patearon el tablero y volvieron a las viejas prácticas de antes de los Acuerdos de Paz, a lo que siempre han sabido hacer a la perfección: reprimir, amedrentar, imponer su voluntad arbitrariamente.
Cambiaron los pueblos indígenas, que adquirieron una conciencia de sí mismos, de sus especificidades y de sus derechos como nunca antes. Esa toma de consciencia los ha plantado firmes en contra de los abusos de las grandes corporaciones mineras, de las plantaciones transnacionales, de los finqueros abusivos, y se han convertido en la principal fuerza popular beligerante del país.
Y en el país vanguardia del retroceso les han respondido como solo la retaguardia sabe hacerlo: con la violencia mortal. Decenas de dirigentes comunales campesinos han sido asesinados o son perseguidos judicialmente porque el Estado está de parte de las transnacionales, no de ellos.
También fue cambiando poco a poco la administración de justicia. Una institución organizada con la ayuda de la ONU, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), estuvo al frente de esta tarea e hizo avances importantísimos. Logró que se juzgara a personajes del crimen organizado y asesinos colectivos de los tiempos de la guerra que, de no haber sido por ella, habrían continuado su vida como si nada, impunemente.
A estos avances, el país vanguardia del retroceso también les respondió. En vez de buscar la forma de evitar que tal estado de cosas se repitiera, la tomó contra la CICIG. El señor presidente de la nación, el señor cómico Jimmy Morales, mascarón de proa de la nave de la vanguardia del atraso, declaró non grato al Comisionado Iván Velásquez, jefe de la CICIG, le quitó las visas a 15 funcionarios y dio por terminada la actividad de la Comisión en el país.
Y por último, el jueves 17 de enero de 2019, el Congreso de la República, copado por una cohorte de acusados de malversaciones, malos manejos financieros y todo tipo de chanchullos económicos y políticos, aprobó en primer debate una ley que amnistía a todos aquellos que fueron condenados por crímenes de lesa humanidad asociados a la guerra interna de 36 años de duración (por lo menos).
En este ambiente de ofensiva conservadora de los mandamases de siempre, activistas de derechos humanos como Hellen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, por cuyo crimen se dio la primera y emblemática condena contra toda esa gavilla de asesinos, está siendo acosada por matones a sueldo que la hostigan públicamente para amedrentarla.
En Guatemala se está restableciendo un ambiente de terror similar al que prevaleció en los más crudos años de oscuridad. No hay que permitirlo.
*Por Rafael Cuevas Molina, Presidente AUNA - Costa Rica
