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Denunciaron penalmente a Tagliaferro y los concejales de Cambiemos por Asociación ilícita; malversación de caudales públicos y falsificación de documentos

(30/01/19 - Morón)-.La denuncia penal contra el intendente Ramiro Tagliaferro, ex marido de María Eugenia Vidal (foto) y toda la bancada de concejales macristas la realizaron los ediles del Frente Renovador Jorge Laviuzza y Marcelo González y es por la modificación en el Código de Ordenamiento Urbano (COU) de El Palomar.

Gracias a esa modificación que impulsó y aprobó Cambiemos, ahora se podrá construir hoteles, restaurantes y demás emprendimientos inmobiliarios en los barrios linderos al aeropuerto de El Palomar. La modificación se hizo al tiempo que comenzaron a llegar telegramas de desalojo a familias del barrio aeronáutico.

Según los concejales denunciantes, que se presentan a la justicia con el patrocinio de la Doctora Claudia Sambro Merlo, tanto el intendente como sus concejales incurrieron en los delitos de: Incumplimiento de los deberes de funcionario público; Asociación ilícita; malversación de caudales públicos y falsificación de documentos.

En la denuncia se argumenta que la ordenanza que modificaba el COU debió haber pasado por las comisiones (eso no ocurrió) y que debió ser tratada en audiencia pública como ordena el reglamento interno.

González expresó: “Sancionaron en la última sesión del año (2018) una ordenanza en donde se modificaba el COU para permitir actividades que están relacionadas con el Aeropuerto y no tuvimos otra alternativa que presentar una denuncia ante la justicia. Primero una medida cautelar para frenar todos los efectos de la ordenanza y además consideramos que fue sancionada de forma irregular porque no se llamó a audiencia pública como establecen las normas vigentes”.

González también hizo referencia a las irregularidades administrativas de la ordenanza: “Fue un expediente que vino al Concejo Deliberante con muchas irregularidades administrativas y algunas graves como el faltante de folios que no sabemos ni siquiera que decían ni por qué los arrancaron del expediente”.

“Este perjuicio que le quieren causar a los vecinos va a devenir en una catarata de juicios que les van a causar un perjuicio económico al municipio”.

Por último, el concejal denunciante subrayó la incongruencia de que la fiscal que tiene que investigar la denuncia es la pareja de un funcionario involucrado en el expediente: “La denuncia está en la fiscalía N°4 que está a cargo de la Doctora Valeria Courtade y nosotros hemos pedido su recusación porque es la esposa de alguien involucrado en el expediente (el secretario de legal y técnica del municipio, Gustavo Triemstra). No va a haber imparcialidad y por eso pedimos al juzgado de garantía que la fiscal no intervenga. Ahora estamos a la espera de esa respuesta pero igualmente la fiscal sigue actuando cuando debería apartarse de la causa”.

El precio de la garrafa: análisis de su evolución reciente y cambios en la cobertura del Plan Hogar

(30/01/19 - Gestión Macri, Pobreza cero)-.El precio de la garrafa es determinante en los hogares que no tienen acceso a la red de gas natural domiciliaria. El precio del gas envasado en garrafa continúa siendo superior al de red y gran parte de los hogares que las consumen se encuentran dentro de los que menos ingresos tienen.

El precio de la garrafa se encuentra regulado en el marco del acuerdo de Estabilidad de Precios del Gas Licuado de Petróleo desde 2008. Sin embargo, dado los exorbitantes aumentos de tarifas en los servicios públicos, algunos hogares han empezado a utilizar garrafa, dada la imposibilidad de pagar las tarifas de gas y enfrentar el corte de suministro, o bien para poder controlar el consumo mensual.

A pesar de la existencia de regulación, el precio de la garrafa en los barrios del conurbano
bonaerense y de CABA no dejó de incrementarse. El precio regulado de la garrafa ascendió desde $97 en diciembre de 2015 a $296 en enero de 2019, es decir, registró un aumento de 205%. Tal como menciona el portal Multisectoriales en Red:

“desde el 18 de diciembre del 2018, las empresas arreglaron de palabra con el Ex Secretario de Energía, Javier Iguacel, para obtener un aumento en el precio de las Garrafas entre un 35 o 40%, llevando el precio oficial de $216 a $300, que al renunciar el 30 del mismo mes, dejó pendiente de firmar el aumento acordado con las empresas del rubro. Luego de “renunciar”, sabiendo de antemano que el aumento se realizaría a partir del 2 de Enero, las empresas subieron los precios según lo acordado con el Ex Secretario. Desde esa fecha, las empresas aumentaron los precios, llevando la garrafa de 10 kg. a $300 y la de 15 kg. a $460, sin estar la resolución firmada por el Secretario de Energía”.

Es decir, no sólo tuvo lugar un sensible aumento, sino que se implementó sin los elementos
legales indispensables para tal fin. El lunes 28 de enero de 2019 salió publicada la Resolución que llevó el valor a $267,70 antes de impuesto, lo que totaliza un precio final de $296. De todas formas, tal como sucede con otros acuerdos de precios, la falta de control que impera en la administración actual hace cada vez más difícil conseguir garrafas de precio regulado. Complementariamente, el aumento de precios de la garrafa no regulada para el mismo periodo fue de 166%. El relevamiento de CEPA registra que, en CABA y GBA, la garrafa no regulada incremento su precio de $150 a $400.




Frente a las dificultades para acceder al precio regulado, y debido al aumento indiscriminado del precio de mercado, diferentes organizaciones de consumidores, municipios y provincias, han realizado operativos de garrafa social para que los hogares que tienen mayores necesidades puedan acceder a la misma.



El programa hogar
La dificultad para controlar el margen que fijan los distribuidores minoristas, sumado al
problema de garantizar las cantidades suficientes de garrafas sociales y el acceso a las mismas de los hogares de menores ingresos, impulsó a la administración anterior a desarrollar el programa Hogar, transformando el vigente subsidio a la oferta (Garrafa Social) en subsidio a la demanda (Programa Hogar). 

El Programa consistió en una transferencia monetaria a los hogares sin acceso a la red de gas natural y cuyo ingreso no superara los 2 salarios mínimos (3 si cuentan con un integrante discapacitado, 2,8 en Patagonia y 4,8 en Patagonia con un integrante discapacitado). 

La cantidad de garrafas estaba sujeta a la cantidad de integrantes del hogar, la región donde se encuentra el hogar y la estación del año. Así, por ejemplo, excluyendo Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut, y para una familia de 4 o menos miembros, se calcula 2 garrafas en los meses de invierno y 1 en los de verano.


La actual administración continuó con el Programa Hogar, pero los montos transferidos se
incrementaron muy poco con relación al precio. Mientras que en diciembre de 2015 el monto subsidiado era de $77 por garrafa (cubría 51% del costo de una garrafa a precio de mercado y 79% a precio regulado) para enero de 2019 solo suma $152 (alcanza para cubrir 38% del precio de mercado y 52% del precio regulado).















Informe: CEPA

El FPV-PJ realizó un proyecto que desnuda la política satelital, espacial y de telecomunicaciones de Cambiemos

(30/01/19 - Congreso de la Nación)-.Con la firma de los Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires, Rodrigo Rodríguez, Cristina Álvarez Rodríguez y Carlos Castagneto el bloque del FPV-PJ presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional en relación al desmantelamiento de ARSAT y los riesgos que plantea el DNU 58/2019 que elimina la preferencia de espectro correspondiente a la empresa.

El Diputado Rodrigo Rodríguez afirmo que “estamos planteando al Ejecutivo una serie de interrogantes que dejan en evidencia que su plan consiste en renunciar a la soberanía satelital, destruir la industria espacial y garantizar con los recursos públicos el incremento de la rentabilidad empresarial”.

El proyecto cuestiona el incumplimiento del Plan Estratégico Geoestacionario 2015-2035 aprobado por la ley n° 27.208 y la eliminación por Decreto 58/2019 de la reserva preferencial de espectro radioeléctrico de 4G y 3G correspondientes a ARSAT.

“En diciembre del 2015 eliminaron con un decretazo los principales artículos de la llamada Ley de Medios relativos a la regulación, el control y la democratización de la palabra. Anunciaron una nueva Ley Convergente pero no hicieron nada, pasaron tres años e impulsaron una Ley cuyo único fin es compensar a Telefónica y Claro respecto de todos los beneficios que se le otorgaron a Clarín por sus servicios de blindaje mediático”, afirmo el Diputado Rodríguez, integrante de la Comisión de Comunicaciones e Informática.

La Diputada Cristina Álvarez Rodríguez, Secretaria Parlamentaria del Bloque FPV-PJ, sostuvo que “la expectativa del bloque es que el conjunto de la oposición en el Congreso, tanto en la Bicameral como en el recinto rechace este DNU por su inconstitucionalidad y por ser perjudicial a los intereses del pueblo argentino”.

El pedido de informes solicita además una respuesta oficial a los intentos de privatizar el ARSAT 3, el incumplimiento de las inversiones en infraestructura comprometidas por las empresas privadas para la cobertura de 4G, los contratos vigentes de ARSAT con INVAP y el detalle acerca de cómo se instrumentara la devolución de espectro por parte de las fusionadas Telecom y Cablevisión.

Aministía Internacional cuestionó la designación Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

(30/01/19 - DD HH Organismos)-.La organización humanitaria Amnistía Internacional se manifestó sobre la vicepresidencia de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Nuestro país ocupará por un año la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos (CDH), principal órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas y Mariela Belski, titular del capítulo argentino de la organización cuestionó la pérdida de derechos de nuestra sociedad bajo la administración neoliberal conservadora de Cambiemos. 

Comunicado de AI Ser miembro del Consejo, así como desempeñar un rol de liderazgo, representa un doble compromiso: por un lado, supone la cooperación de Argentina con el sistema universal; pero a la vez, refuerza la responsabilidad del Estado de liderar posiciones y recomendaciones del CDH para hacer frente a situaciones de violaciones de derechos humanos, y fortalecer su promoción y protección en todo el mundo.

“Argentina debe demostrar que está a altura de las circunstancias. Es por ello que no solo debe avanzar en la ampliación de derechos, sino, a la vez, abstenerse de implementar medidas regresivas que comprometan la responsabilidad del Estado y empañen su rol en el Consejo”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En este sentido, Amnistía Internacional reitera su preocupación frente a los últimos anuncios del gobierno en materia de seguridad, especialmente sobre el uso de armas de electrochoque, así como la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad, a contramano incluso de las recomendaciones del propio Comité de Derechos del Niño de la ONU. 

Asimismo, exhorta a Argentina a revocar el DNU 70/2017 y frenar el retroceso en la legislación y la política migratoria, promoviendo ampliamente la regularización y el acceso a derechos de las personas migrantes.

Los órganos internacionales de derechos humanos de la ONU también han recomendado a Argentina la necesidad de armonizar los estándares de derechos humanos internacionales con el sistema jurídico interno en materia de garantía de los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen el acceso al aborto sin riesgos.

Finalmente, es indispensable que Argentina avance en la regularización de los territorios indígenas y garantice el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado sobre medidas administrativas y legales que puedan afectar sus territorios ancestrales.

“Como país miembro y vicepresidente del Consejo, es fundamental que el Estado mantenga una posición unívoca y coherente tanto a nivel local como internacional en materia de derechos humanos”, concluyó Mariela Belski.

La derecha salvadoreña grita fraude previendo una nueva derrota

(30/01/19 - El Salvador, *Opinión)-.Los infundados rumores de fraude electoral lanzados por la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) encarnan hoy lo que en El Salvador llaman ''matar al chucho a tiempo''.

En buen salvadoreño, dicha expresión significa 'preparar una buena excusa para defenderse de un problema', y describe con precisión la táctica del partido que mutó del naranja al celeste, sin dejar de ser de derechas.

Con más paranoias que certezas, el partido escindido de la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) habla en las redes de contubernio entre sus rivales, sin presentar pruebas que avalen su temor.

Para la diputada Nidia Díaz, jefa de bancada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), todo responde a una estrategia del candidato Nayib Bukele para justificar un eventual descalabro.

'Es parte de su victimización, pues quiere ser presidente a como dé lugar y cualquier resultado que no le favorezca lo va a descalificar y achacará a un fraude', señaló la parlamentaria en el cierre de campaña del Frente.

Firmante de los Acuerdos de Paz que en 1992 restauraron la democracia en El Salvador tras 12 años de guerra civil, Díaz señaló que Bukele desconoce las reglas electorales y la democracia plural de su país.

Por ejemplo, como cada partido en la contienda electoral, GANA cuenta con personal en las Juntas de Vigilancia y puede presentar personas en cada mesa de votación en todo el país durante el próximo domingo 3 de febrero.

De hecho, el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) también descartó toda posibilidad de fraude electoral en los cercanos comicios, pues el sistema salvadoreño de sufragio es uno de los más vigilados en el mundo.

Las mencionadas Junta de Vigilancia electoral, integradas por miembros de los partidos políticos legalmente inscritos, fiscalizan las acciones del TSE, y además existe una amplia presencia internacional de observadores.

Además, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos acompaña a los garantes de que la jornada electoral transcurra sin violaciones, y cada partido puede designar a un veedor que supervise las actas electorales.

'O sea, cada partido podrá nombrar a un informático que certifique que el sistema no cuenta doble y que los resultados estaràn apegados a las actas enviadas', enfatizó Julio Olivo, magistrado presidente del TSE.

Encima, cada partido, junta de vigilancia, la Junta Electoral Departamental y la Fiscalía General de la República tendrán una copia de cada acta antes de su transmisión al centro de procesamiento.

'Así es que es bien difícil que alguien pueda hablar de fraude', concluyó Olivo, pese a lo cual muchos se hacen eco de las teorías de Bukele, a quien han recriminado su renuencia a debatir y confrontar ideas.

Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN, le criticó a GANA lo que definió como 'la táctica trasnochada de echarle la culpa de todo a los demás, culpar a los demás de lo que sucede, sin ser capaz de enfrentarlo'.

A su vez, el politólogo Álvaro Artiga estimó que GANA habla de fraude para justificar una eventual derrota, y si bien reconoció que el intento de trampa siempre es una posibilidad, el escrutinio la hace remota.

'¿Es cierto que le han estado obstaculizando todo o es la narrativa que él (Bukele) ha tratado de ofrecer a la ciudadanía? Es el relato de la víctima', concluyó el catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Esta retórica ha sido coherente con el discurso anti-partido esgrimido por Bukele, quien empero entró a la política aupado por el prestigio del FMLN, y tras ser expulsado por indisciplinas en 2017 acabó donde siempre dijo que no acabaría: en un partido de derecha.

*Por Charly Morales Valido, Prensa Latina

El gobierno chino alertó sobre las consecuencias de las sanciones norteamericanas a Venezuela

(30/01/19 - China)-.La Cancillería china alertó a Estados Unidos sobre las “consecuencias graves” que conllevarán las nuevas sanciones que el Pentágono aplicó contra Venezuela.

“Las sanciones llevarán a un empeoramiento de vida de la población [en Venezuela]. [Los países que promueven las sanciones] deberán responder por las graves consecuencias que acarrearán”, ha declarado este martes el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Geng Shuang, en una rueda de prensa.

Al desarrollar su postura, Geng ha expresado la firme oposición de Pekín con las sanciones unilaterales de EE.UU., argumentando que complican la situación y no facilitan una solución a la crisis política que atraviesa el país caribeño.

El diplomático chino, del mismo modo, ha dicho que, las sanciones contra Venezuela no impedirán el plan de Pekín para desarrollar la cooperación en todos los ámbitos con el país suramericano.

Ayer lunes, la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), las cuales incluyen la congelación de activos por 7000 millones de dólares y el bloqueo de todos los pagos que emitan empresas estadounidenses cuando compren petróleo venezolano.

Nada más conocerse la nueva medida restrictiva de Washington, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, señaló que EE.UU. tiene la intención de apropiarse de los recursos naturales y del suelo venezolanos.

El anuncio de los nuevos embargos se produjo en medio de las presiones que EE.UU. sigue imponiendo al Gobierno de Maduro desde la semana pasada, cuando el inquilino de la Casa Blanca reconoció la supuesta legitimidad del autonombramiento de Juan Guaidó —jefe de la opositora Asamblea Nacional (AN) del país bolivariano, declarada en desacato en 2016— como el presidente interino de Venezuela.

Las autoridades venezolanas han asegurado en un sinfín de ocasiones que el apoyo de Washington a Guaidó se enmarca en el plan injerencista y golpista que persigue la Administración Trump respecto a Venezuela.

Pekín ha apoyado al Gobierno y al pueblo de Venezuela ante las injerencias de EE.UU. Al respecto, China, junto a Rusia, bloquearon el sábado un proyecto de declaración de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) en el que instaba a darle un “apoyo pleno” a la AN.

Cascallares se reunió con el defensor del pueblo bonaerense por los cortes de EDESUR

(29/01/19 - Almirante Brown)-.El intendente Mariano Cascallares mantuvo un encuentro de trabajo con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, por los reiterados cortes de suministro eléctrico en la región con el fin de analizar el avance de las medidas interpuestas en la Justicia contra la empresa EDESUR y avanzar en la implementación de más acciones para dar respuesta a los vecinos.

Durante el encuentro, Cascallares y Lorenzino analizaron la situación de los cortes de luz en distintos puntos del distrito y del área metropolitana. Además repasaron las distintas medidas presentadas por el Municipio a través de la Oficina de Defensa al Consumidor.  

Las autoridades acordaron darle nuevo impulso a la demanda judicial iniciada meses atrás, exigiendo que EDESUR informe a la brevedad acerca del plan de obras previsto para mitigar los cortes en el suministro y el nivel de avance de estas obras.  

"Se le volverá a reclamar a EDESUR que informe la brevedad las obras en marcha, el plan de inversiones previsto, las obras de mantenimiento que se estén realizando y como se trabaja en la refuncionalización del servicio eléctrico en todo Almirante Brown", se indicó al tiempo que se agregó que para mayor información se puede ingresar en http://pque.io/4RN7r.

Además, el intendente y el Defensor del Pueblo bonaerense realizaron un repaso de la acción preventiva presentada por el Municipio en la Justicia Federal -con el patrocinio de la Defensoría- a los efectos de evitar la aplicación del último tarifazo, anunciado en diciembre último por la empresa.