(09/04/15 - Derechos Humanos)-.Lo presentó hoy el Observatorio de Derechos Humanos, con el patrocinio de la Defensoría General de la Ciudad contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) que autorizó el uso de las pistolas eléctricas por parte de la Policía Metropolitana, para que sea la Corte Suprema de Justicia quien se expida finalmente sobre el tema.
"Repudiamos su uso y queremos seguir con la prohibición de uso que logramos en 2010", explicó a Télam Demián Konfino, abogado del ODH.
Hace cinco años, el Observatorio presentó un recurso de amparo contra el Gobierno de la Ciudad para que "se impida la utilización de las armas denominadas 'no letales' Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno local, por consistir en un elemento de tortura".
Esta medida logró dos fallos judiciales favorables en primera y segunda instancia, pero hace dos semanas el TSJ porteño revocó la resolución que impedía su empleo.
El recurso extraordinario fue presentado ante el mismo TSJ, que tiene que "conceder" esta vía de apelación ante el máximo tribunal; pero si no lo hiciera, existe un camino alternativo para llegar a la Corte que es presentar un recurso de queja directamente allí.
"Creemos que tenemos muchas chances porque hicimos un recurso extraordinario muy sólido", agregó Konfino.
Al referirse a los principales argumentos contra el uso de las Taser, el abogado hizo hincapié en las lecciones aprendidas tras la última dictadura militar y al derecho positivo vigente.
"La Metropolitana no puede usar estar armas por nuestra historia, pero sobre todo porque es una cuestión de legalidad: nuestra constitución -local y nacional- y los tratados internacionales que forman el derecho positivo en Argentina prohíben la violación a los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y hemos probado que las Taser generan daño a estos derechos", agregó.
El amparo lleva la firma del subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Carlos Pisoni, quien afirmó que "hoy en Argentina lamentablemente sigue habiendo torturas en cárceles, pero bien distinto es legalizar la tortura".
"Los que estamos acá somos víctimas directas o indirectas del terrorismo de Estado" -destacó el funcionario, cuyos padres fueron torturados y desaparecidos-, "y entendimos ese mandato de que no se siga pensando la tortura desde el Estado. Por eso estamos acá y porque la verdad que nos da vergüenza como argentinos que mientras estamos juzgando o castigando a quienes torturaron durante el terrorismo de Estado, el jefe de gobierno quiera tener torturadores por la calle con una neopicana para reprimir".
Pisoni se refirió también a la multitudinaria marcha del Día de la Memoria para advertir que "la plaza del 24 le está diciendo a Macri y al TSJ que lo que hicieron es una burla a la democracia y al movimiento de derechos humanos, que no vamos a permitir".
En la conferencia de prensa a la que convocó para anunciar esta medida, el ODH estuvo acompañado por referentes de Amnistía Internacional, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), UTE-Ctera, H.I.J.O.S, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (Codesedh); quienes anunciaron que se presentarán como "amicus curiae del tribunal" cuando el recurso llegue a la Corte Suprema.
"Este tipo de armas son peligrosas en manos de policías que ya han demostrado en la Sala Alberdi (del Teatro San Martín), en el Parque Indoamericano, en el Hospital Borda que utilizan los medios que el Estado les da para seguridad de todos, de manera inadecuada y hasta delictiva", aseguró Luis Duacastella, defensor General Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, el copresidente de APDH Ernesto Moreau pidió "dejar de usar el eufemismo 'Taser' porque se trata simplemente de una picana móvil para reprimir a las protestas sociales".
En tanto, la coordinadora de Políticas y Justicia de Amnistía Internacional Argentina, Leah Tandeter, aseguró que " sólo en Estados Unidos hubo más de 600 muertes por Taser" en los últimos 14 años, y consideró que el fallo del TSJ "es regresivo en relación al reconocimiento de derechos" en nuestro país.
"El Comité contra la Tortura de la ONU ha declarado ya en 2007 que el uso de este tipo de elementos constituye una forma de tortura, entonces todos los Estados que han ratificado la Convención y adoptan este tipo de armas están infringiendo obligaciones contraídas internacionalmente", dijo.
A su turno, el coordinador del área jurídica de la CHA, Pedro Paradiso Sottile, afirmó que "este modelo de represión ha sido utilizado históricamente para toda la sociedad pero sobre todo para aquellas poblaciones históricamente perseguidas y vulnerabilizadas en sus derechos, como la comunidad LGBTTI", y la autorización de uso de las Taser representa "un retroceso peligroso para la democracia".
En tanto, el titular de UTE, Eduardo López, afirmó que "en la Ciudad de Buenos Aires no van a dejar pasar herramientas de tortura nunca más porque estamos presentes nosotros, las organizaciones de derechos y la mayoría del pueblo argentino".
