Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 14:21
Argentina
(30/08/15 - Medio Ambiente y Protestas)-.El organismo que regula los derechos sobre aguas internacionales dictaminó que el procedimiento de detenciones a los treinta activistas de Greenpeace fue “ilegal e infundado” y obliga a la Federación Rusa a pagar una serie de compensaciones. Ahora resta que falle la Corte Europea de Derechos Humanos.
En septiembre de 2013, treinta activistas de Greenpeace fueron detenidos en Murmansk, Rusia, en una acción marítima que intentaba frenar la expansión petrolera en el Círculo Polar Ártico.
Entre esos treinta había dos argentinos: Hernán Pérez Orsi y Camila Speziale. A la detención le siguió un proceso legal en el que el Estado de la Federación Rusa acusaba de piratería a los activistas.
Durante dos meses, Pérez Orsi y sus compañeros del buque de bandera holandesa Artic Sunrize estuvieron presos a la espera de que las gestiones diplomáticas y el apoyo internacional forzara su liberación.
A mediados de noviembre, los argentinos consiguieron la libertad bajo fianza. Un tribunal de San Petesburgo los liberó, pero sobre ellos pesaba la acusación de haber violado la ley.
Esta semana, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar emitió su fallo en el proceso judicial que el Reino de los Países Bajos inició la Federación Rusa por haber capturado su embarcación.
En la resolución del organismo que regula los derechos sobre aguas internacionales, dictaminó que el procedimiento de detenciones fue “ilegal e infundado” y obliga a la Federación Rusa a pagar una serie de compensaciones.
“Lo más destacable del fallo es el hecho de reconocer la protesta en el mar como un derecho”, contó Hernán Pérez Orsi a Infojus Noticias. Pero más allá de lo legal, para él es como poner punto final a un tema que le trajo mucho dolor. “Ahora falta otro fallo que es el de la Corte Europea de Derechos Humanos, que va a salir en un año aproximadamente”, dijo y remarcó que lo dicho por el Tribunal del Mar es un buen precedente de cara a lo que se viene.
Derecho a protestar
En un comunicado, la portavoz de la Cancillería de la Federación Rusa, María Zakharova, expresó que: “Funcionarios rusos examinarán el veredicto en detalle, una vez que se les entregue oficialmente una copia. Sin embargo, ya podemos concluir que la decisión no tiene plenamente en cuenta todos los aspectos del incidente o las leyes y las prácticas judiciales aplicables al caso”.
Pérez Orsi –que cumplía funciones como segundo oficial del Artic Sunrize– explicó: “En primer lugar, el fallo reconoce que actuamos de acuerdo al derecho a protestar en el mar en aguas internacionales. Más allá de que sea zona económica exclusiva de un país, es parte del derecho a la navegación internacional”.
“Además dice que la Federación Rusa viola la ley internacional del mar al detener un buque en aguas internacionales sin dar parte al estado de bandera de ese buque y que tampoco se respetó el procedimiento que establece el convenio”, contó el activista.
En este marco, el Tribunal del Mar determinó que la Federación Rusa debe pagar compensaciones tanto a los Paises Bajos, como al armador del buque, a Greenpeace, y a las personas damnificadas por los gastos incurridos y lucro cesante. Respecto a este último punto Pérez Orsi dijo que no cree que se cumpla.
Y “si bien Holanda puede incautar activos de Rusia hasta satisfacer el monto deseado, es una jugada político/diplomática que va más allá de este fallo”, dijo
Por su parte Greenpeace celebró el veredicto y lo recibió “con la esperanza de que desaliente a otros países a tomar medidas igualmente ilegales en el futuro. El dictamen considera que, al abordar el barco y detener a los activistas, las autoridades rusas violaron varios artículos de la Ley del Mar de la Convención de la ONU y, en consecuencia, deben una compensación al Estado de Holanda”.
Daniel Simons, asesor legal de Greenpeace Internacional, sostuvo: “estamos satisfechos con el dictamen porque sienta un precedente importante. Los gobiernos existen para defender el cumplimiento de la ley, no para actuar como fuerzas de seguridad armadas a favor de la industria petrolera. Este tipo de accionar no está limitado a las autoridades rusas; en todo el mundo activistas ambientales enfrentan serias amenazas e intimidaciones por parte de aquellos que quieren silenciarlos.”
