Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 9:00
Internacionales
(27/09/16 - España)-.Junto a Rodrigo Rato están imputados el ex banquero Miguel Blesa y otros ex 63 directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia vinculados a los principales partidos políticos locales, sindicatos y organizaciones empresariales.
El ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ex vicepresidente económico de España, Rodrigo Rato, se sentó este lunes en el banquillo de los acusados en el arranque del juicio por el escándalo del uso de tarjetas de crédito "en negro" destapado en Caja Madrid y su sucesora Bankia, entidad que llevó al borde de la quiebra.
Junto a Rato están imputados el ex banquero español Miguel Blesa y otros ex 63 directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia vinculados a los principales partidos políticos españoles, sindicatos y organizaciones empresariales.
La imagen que deja el primer día del macro juicio es la que permitió ver ante la Justicia a los presuntos responsables del vaciamiento de una de la entidades centrales del sistema financiero español y beneficiarios de prácticas corruptas, que contribuyeron a una crisis que derivó en la transferencia de enormes cantidades de recursos públicos a la banca para evitar su quiebra a costa de recortes de gasto.
En la primera fila, se situó el ex presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) Gerardo Díaz Ferrán, custodiado por la policía, ya que se encuentra en prisión cumpliendo condena por varias causas.
Rato y Blesa fueron recibidos a las puertas de los tribunales con insultos y abucheos por personas afectadas por la estafa de las "preferentes", productos financieros tóxicos incobrables vendidos por Caja Madrid y Bankia a sus clientes.
"Robaban dinero a los jubilados mientras ellos ganaban 3 millones de euros al año y tenían una tarjeta para robar", denunciaba ante las cámaras de TV un taxista retirado que protestaba frente al tribunal.
El caso de las "tarjetas black", como se conoce en España este proceso por tratarse de gastos "opacos al fisco español", se desprende de la investigación principal del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sobre las irregularidades en la fusión y salida en Bolsa de Bankia en 2011, de las que Rato es también el principal responsable.
El escándalo salió a la luz en octubre de 2014 tras una auditoría interna en esta entidad, que detectó que varias tarjetas de crédito VISA entregadas a directivos y consejeros habían sido utilizadas para gastos personales como viajes y compras de lujo y, por lo tanto, no vinculados a la actividad profesional.
En el inicio del juicio, al plantearse las cuestiones previas, las defensas de Blesa y Rato pidieron la anulación del proceso argumentando que las pruebas en su contra, la lista de gastos realizados con las tarjetas fueron obtenidos de forma irregular.
Por medio de estas tarjetas, los acusados se apropiaron 15,5 millones de euros en 13 años, entre 1999 y 2012. La cifra quedó rebajada antes del juicio a algo más de 12 millones debido a que hubo casos que prescribieron.
Rato facturó con su tarjeta B de Caja Madrid y Bankia un total de 99.054 euros entre 2010 y 2012. Por su parte, Blesa cargó como gastos personales a la tarjeta black 436.688 euros, una parte de los cuales intentó devolver.
Tras los interrogatorios a los que fueron sometidos Rato y Blesa, ex presidente de Caja Madrid, durante la investigación, el juez instructor concluyó que ambos banqueros habrían "consentido, aceptado y propiciado el uso indebido de los fondos de la entidad", por lo que solicitó para ellos fianzas millonarias.
De acuerdo con Andreu, las tarjetas se habían emitido "fuera del circuito ordinario" de la entidad, por lo que no había "soporte contractual" y el uso "no tenía como finalidad los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales".
El dinero debería considerarse una "retribución irregular", subrayó el juez, quien cree que los imputados "decidieron utilizar las tarjetas para usos distintos de los que están destinadas, generando, en provecho propio, un perjuicio a la entidad que administraban".
La Fiscalía pide para los acusados penas comprendidas entre seis años y un año de cárcel. Para Rato se solicita cuatro años y medio y para Blesa seis. Ambos están acusados de apropiación indebida y administración desleal.
El grueso de los gastos de las tarjetas fueron cargados a Caja Madrid, y sólo 245.200 euros fueron facturados a Bankia entre 2011 y 2012.
Las tarjetas eran gestionadas directamente por Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director general de Caja Madrid y "mano derecha" del ex presidente de esa entidad Miguel Blesa.
Tras la fusión de Caja Madrid y la creación de Bankia, cuya presidencia asumió Rato, el ex vicepresidente de José María Aznar (1996-2004) y ex máximo directivo del FMI (2004-2007), mantuvo en marcha el sistema establecido por Blesa.
Recién a finales de mayo de 2012 cuando José Ignacio Goirigolzarri tomó las riendas de la entidad, las VISAS fueron canceladas.
Entre los gastos realizados por los ex consejeros y ex directivos de Caja Madrid destacan 3 millones de euros en restaurantes, 2 millones en disposiciones de efectivo -extracciones de cajeros-, más de 1,5 millones en desplazamientos y viajes, más de 1 millón en centros comerciales, cerca de 800.000 euros en hoteles y unos 700.000 euros en ropa y complementos.
Rato, de 67 años, está involucrado en tres casos de corrupción. Además de estar en el centro del fraude de las "tarjetas black" y la salida a Bolsa de Bankia, cuyas cuentas presuntamente falseó para evitar el fracaso de la operación, el ex hombre fuerte del conservador Partido Popular (PP) está imputado en una investigación por corrupción entre particulares, fraude y blanqueo, en relación con su propio patrimonio.
En abril de 2015 fue detenido fugazmente en el marco de esta investigación y posteriormente se le retiró el pasaporte. A principios de este año, a raíz de la investigación "Papeles de Panamá", la filtración masiva de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca, se supo que Rato recurrió a varias empresas en paraísos fiscales supuestamente para ocultar dinero al fisco español.
