Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Nadine Heredia declararon por el delito de lavado de activos
Fujimori acudió a declarar ante la fiscal adjunta Sara Vidal Vargas. En tanto, Humala y su esposa lo hicieron ante el fiscal titular Germán Juárez Atoche.
Incluso, Heredia y Fujimori, las primeras en acudir al llamado de la fiscalía, esperaron juntas en la antesala el inicio de sus respectivas diligencias.
Las dos dirigentes políticas intercambiaron un breve saludo y cada una siguió su propio camino, acompañadas de sus respectivos abogados.
Fujimori fue asesorada por Edward García Navarro y Heredia por Wilfredo Pedraza.
Keiko Fujimori acudió a declarar sobre un presunto lavado de 15 millones de dólares. Según la declaración del piloto e informante de la DEA Jesús Vásquez, luego de las elecciones del 2009 habría entregado esa suma a Joaquín Ramírez para ser invertida en una cadena de grifos.
Era su tercera citación para declarar.
Las dos veces anteriores, sus abogados habían pedido postergar o aplazar la diligencia, señalando que no había elementos objetivos para investigarla.
Fue imposible conocer qué es lo que respondió. Fujimori Ingresó y salió de la sede fiscal sin declarar a la prensa. La fiscalía de lavado de activos, fiel a su estilo, guardó hermetismo sobre lo sucedido.
La diligencia fue breve. Un poco más de una hora. El resto de las tres horas que la lideresa de FP permaneció en la fiscalía se fue en las preliminares del interrogatorio y en la transcripción, impresión y las firmas del acta fiscal.
Niegan aporte ilícito
“Fue un cuestionario extenso, hemos aclarado las cosas. Nos hemos reafirmado en que jamás hemos recibido tres millones de dólares de Odebrecht”, declaró el ex presidente Humala al salir de la fiscalía.
Anotó que no podía dar más detalles de la diligencia porque la investigación es de carácter reservado.
Añadió que, según su parecer, él y su esposa aclararon todas las preguntas.
Humala y sus abogados Julio Espinoza y Wilfredo Pedraza insistieron en señalar que las agendas de Heredia fueron robadas de su casa y que acudirán hasta la Corte Suprema para que la fiscalía no las pueda utilizar.
