Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 20:16
Sociedad
(24/10/17 - Memoria, Verdad y Justicia)-.Se realizó este martes en Montevideo, una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre tendencias preocupantes en las políticas públicas y los fallos judiciales vinculados al proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina.
Durante la audiencia, solicitada por 13 organismos de derechos humanos argentinos, expusieron Estela de Carlotto y Alan Iud de las Abuelas de Plaza de Mayo, y Luz Palmás Zaldua, del CELS, Taty Almeida, de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otros referentes.
Intervinieron representantes del Estado nacional y, de parte de la CIDH, el presidente de la Comisión, Francisco Eguiguren, el Comisionado Paulo Vannuchi y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quienes reivindicaron el compromiso de la Comisión con la lucha por la memoria, verdad, justicia y no impunidad.
Los organismos destacaron los avances en los últimos años en el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad, la reparación integral de las víctimas, la restitución de la identidad de nietas y nietos apropiados, el hallazgo de información y la sistematización de archivos y la creación de sitios de memoria.
Sin embargo, los expositores denunciaron que desde fines de 2015, “se han tomado acciones en los tres poderes del Estado que socavaron este proceso”. En el Poder Ejecutivo Nacional, “se debilitaron o desmantelaron” dependencias como, por ejemplo, la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde funcionaba el “Grupo Especial de Relevamiento Documental” que contribuía con las investigaciones judiciales y otro grupo especializado en la investigación de casos de apropiación de niños.
En el ámbito del Ministerio de Defensa, se derogó la resolución 85/2013 que prohibía que los imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad atendieran su salud en hospitales de las Fuerzas Armadas.
Y en diciembre de 2016, el Servicio Penitenciario Federal –dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación– dispuso que los detenidos procesados y condenados por estos delitos fueran trasladados a una unidad penitenciaria que funciona en la guarnición Militar de Campo de Mayo, lo cual constituye un régimen carcelario de privilegio.
A la vez, algunos funcionarios nacionales han promovido un discurso público que relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando incluso al negacionismo.
En el Poder Judicial se dictaron fallos que representan regresiones en la jurisprudencia sobre los crímenes de lesa humanidad, empezando por la decisión en el caso Muiña (que aplicó la ley “2 por 1”) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que provocó un repudio social amplio e inmediato.
Unos meses antes la Corte había declarado la prescripción de las acciones civiles contra el Estado derivadas de estos delitos en el caso “Villamil”. Y hubo otros fallos recientes que preocupan, como por ejemplo la revocación de la única condena a un empresario por delitos de lesa humanidad en el caso de la Veloz del Norte.
Por su parte, el presidente de la CIDH reiteró la preocupación de la Comisión por el fallo en el caso Muiña y la interpretación de la CSJN en el caso de Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, que se sigue tramitando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por otro lado, hay una dilación histórica en la resolución de las causas penales por estos crímenes, tanto por parte de la CSJN como de la Cámara Federal de Casación Penal. Además, la postergación del inicio de juicios es recurrente. A junio de este año, había 50 causas elevadas a juicio y a la espera del inicio del debate oral.
Finalmente, los organismos de DDHH informaron a la CIDH que en el Poder Legislativo “no se ha conformado aún la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar, creada por ley en noviembre de 2015”.
A la luz de todos estos acontecimientos, solicitaron al Estado argentino:
- Que garantice las políticas necesarias para asegurar la plena continuidad y profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad en la Argentina.
- Que el Poder Ejecutivo restablezca las políticas públicas desmanteladas y resuelva reincorporar al personal especializado que fue desplazado sin causa.
- Que el Poder Judicial cumpla con las obligaciones internacionales de sancionar adecuadamente a los responsables de crímenes de lesa humanidad y diseñe estrategias para acelerar las investigaciones y los juicios orales.
- Que se avance en la investigación y el juzgamiento de empresarios, directivos y/o personal jerárquico de empresas involucrados en crímenes de lesa humanidad.
- Que el Poder Legislativo ponga en marcha la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar.
