El primero en exponer fue Héctor Polino, de Consumidores Libres, quien explicó que apoya la creación del fuero pero no la del Observatorio de Precios y la modificación de la ley de abastecimiento.
"El establecimiento de la obligación de la asistencia empresaria al proceso de conciliación es un hecho importante que apoyamos", sostuvo Polino, y valoró el hecho de que si no había acuerdo en esa instancia "se podía recurrir a la justicia y a un fuero específico".
Fernando Muiño, presidente de Unión Consumidores Latinoamérica, consideró que se está "ante un hecho histórico para el derecho del consumidor" y ponderó que "se cree un fuero que le da autonomía judicial por la cual se ha bregado desde distintos sectores desde hace muchísimos años".
Muiño advirtió que estas leyes no son "un éxito del consumidor, del gobierno o del Parlamento sino de toda la sociedad argentina que le da al consumidor el derecho que se merece".
El dirigente sugirió no obstante que se elimine el límite de 55 salarios mínimos que se consideran como tope de una eventual reparación para que los juzgados del nuevo fuero tengan competencia autorizada.
Pedro Bussetti, de la asociación Defensa Usuario y Consumidor, calificó la iniciativa como "un hecho trascendente e histórico" debido a que "se equiparan derechos de usuarios y trabajador".
Respecto de la modificación a la ley de abastecimiento, advirtió que "no se puede sancionar de la misma forma a las pymes que a las grandes industrias".
Guillermo Lipera, de la asociación Será Justicia, se mostró de acuerdo con que el Estado ejerza un rol "fuerte y proactivo", remarcó que el Estado "debe estar integrado por los poderes" y puso de relieve la necesidad de "tener confianza en los jueces".
Osvaldo Bassano, de ADDUC, declaró que su agrupación apoya la creación de tribunales "por las que muchos" han "luchado durante años" así como la creación de un observatorio de precios, y consideró que "hay que tener herramientas fuertes" desde el Estado.
