La denuncia, que se efectuó en los Tribunales Federales de Comodoro Py en la ciudad de Buenos Aires, se origina en noticias periodísticas publicadas este martes, explicó.
Según el legislador, mediante esas noticias se tomó conocimiento público de que el magistrado tendría una participación accionaria del 20 por ciento en la firma “Mansue S.A.”, dedicada a la venta de combustible.
“Sugestivamente, el accionista mayoritario es un familiar directo suyo, Carlos Alberto Bonadio, quien posee el 40 por ciento de la empresa, junto a Fernando y Alejandro Climent que completan el paquete accionario con un 20 por ciento cada uno”, detalló.
Según se especifica en la denuncia, Bonadio no podría formar parte de la sociedad respectiva toda vez que el reglamento para la Justicia Nacional no le permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En la presentación se destaca que de acuerdo a las noticias que tomaron estado público, la firma en la que es accionista Bonadio no habría presentado ante la Inspección General de Justicia los balances correspondientes a los años 2011 y 2012.
Fuentes consideró que “al desconocerse por ende el estado financiero de la empresa, tampoco resulta posible efectuar un certero y completo análisis de la evolución patrimonial del magistrado”.
A esto se suma además que Fernando y Alejandro Climent tendrían como actividad el asesoramiento de sociedades anónimas y que participarían junto a Carlos Alberto Bonadio en otra empresa denominada “Gas Lanús S.A.”, que al igual que “Mansue S.A.” se dedicaría a la venta de combustible.
En este contexto, el diputado nacional solicitó que se lleve adelante una profunda investigación en relación a la evolución patrimonial de Bonadio a efectos de determinar si pudo haber existido un incremento no justificado en su situación económica.
Por último, en la denuncia se solicita, entre otras medidas, que se le dé intervención a la Unidad de Información Financiera frente a la posible comisión del delito de lavado de dinero.
