El inspector porteño, Edgardo Castro denunció que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “aplica un mecanismo de protección a los talleres clandestinos” que evita que los mismos puedan ser clausurados.
“Este mecanismo se aplica permanentemente. Este taller ya había sido denunciado. ¿Por qué seguía funcionando? Porque el director general de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, en lugar de proteger a los trabajadores como su función lo indica, protege a los empleadores, y en este caso peor aún porque protegió a un taller clandestino”, subrayó Castro a Télam.
Explicó que Macchi, “cuando le llega una actuación de algún inspector sobre irregularidades en una empresa, o que descubre un taller clandestino, en lugar de proceder a su fiscalización para su clausura, notifica por escrito al empresario que hay una denuncia en su contra y le avisa que lo pueden clausurar”.
“Entonces, ya avisado, el empresario toma los recaudos necesarios para evitar una próxima inspección, porque cuando llegan inspectores con poder de clausura, o no les abren, o directamente los sacan corriendo, porque se sienten poderosos, amparados, protegidos por el gobierno porteño”, afirmó Castro.
Así, puntualizó que el gobierno de Macri “notifica a los denunciados, los pone en alerta, y así se arma una verdadera mecánica de protección de los talleres clandestinos”.
El gobierno de Macri “notifica a los denunciados, los pone en alerta, y así se arma una verdadera mecánica de protección de los talleres clandestinos”.
El inspector recordó que “en la época en que Aníbal Ibarra era jefe de Gobierno porteño, hubo un siniestro similar en un taller clandestino en la calle Luis Viale, en Flores, donde murieron dos chiquitos”.
“La diferencia con Macri es que Ibarra en esa ocasión denunció al director de Trabajo, Florencio ‘Pichi’ Varela. En cambio ahora no va a ocurrir lo mismo con Macchi, quien debería renunciar, porque él recibió la denuncia, y notificó al taller en lugar de ir a clausurarlo”, sostuvo Castro, quien denunció las irregularidades en el depósito de Iron Mountain tres años antes que se produjera el incendio que le produjo la muerte a diez bomberos, declarado intencional por la Policía Federal.
El inspector también criticó al superior de Macchi, el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, al señalar que “si se hubieran hecho 60.000 inspecciones, como él dijo, no habría un taller clandestino en la ciudad, y ni un solo trabajador en negro”.
La denuncia de La Alameda
Sobre la tragedia, el titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, señaló sobre las irregularidades: "No solo teníamos conocimiento, sino que habíamos radicado la denuncia de seis talleres en la misma cuadra, incluyendo el que se incendió. El dueño escondió en uno de estos talleres a los costuristas que sobrevivieron al incendio. Ya habíamos hecho la denuncia en septiembre del año pasado y nunca los investigaron".
En declaraciones a radio El Mundo, el ex precandidato a Jefe de gobierno porteño apuntó que "los talleristas venden la mercancía a veces a La Salada, a los manteros que los explotan, porque los manteros tienen que pagarle a los talleristas y después a la policía que pide coimas para que puedan seguir operando".
Además, Vera puntualizó que "no hay comisaria que no recaude ilegalmente alrededor de 4 millones de pesos por mes y esto se divide en el presupuesto para el funcionamiento de las comisarias, una segunda parte que va para los altos oficiales de las comisarias en donde se puede comprobar fácilmente. Si uno saca fotos a las propiedades de los comisarios y subcomisarios va a ver que no condice con su salario. Y la tercera parte va a los responsables la política de seguridad de la zona.
"No hay comisaria que no recaude ilegalmente alrededor de 4 millones de pesos por mes".
"En este taller lo que pasó es que a los chicos de los costureros se los guarda, así no entorpecen la producción y en este taller que se incendió, los chicos estaban en un cuarto en el piso de arriba. La comisaria 50 recauda coimas de todos los talleres instalados en Floresta", denunció.
