El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat aseguró hoy que el juez Claudio Bonadio tendría que haber enviado un exhorto al juez de Santa Cruz y haber pedido la intervención de alguna fuerza federal, y no de la Policía Metropolitana, al explicar los motivos que lo llevaron a patrocinar una denuncia en su contra en el marco de la causa Hotesur.
"Fue nombrado por el ex presidente Carlos Menem sin antecedentes curriculares ni académicos, y con un legajo que era una raya, sin antecedentes ni menciones, publicaciones ni conferencias. No es un hombre que llegó por concurso y antecedentes”, dijo el constitucionalista que tiene cincuenta años de trayectoria en la especialidad.
Respecto a lo que debiera haber hecho el magistrado, Barcesat explicó que “cuando un juez tiene que realizar una medida instructora fuera del ámbito de su competencia territorial debe mandar un exhorto al juez que tiene la competencia territorial e igual jerarquía que él, y es este juez, en conocimiento y ante ese exhorto, que toma las medidas de cómo va a hacerla efectiva".
Agregó que "si se considera que es necesaria la fuerza pública", se pide la intervención de "alguna de las fuerzas federales que están bajo su disposición”, y precisó que siendo el operativo en Santa Cruz se podría haber solicitado la comparecencia “al destacamento de policía de la ciudad de Río Gallegos, personal de Gendarmería o de Prefectura Naval”.
“Es un país federal, tanto que hablamos del federalismo y las autonomías provinciales, si existe la norma del Código de Procedimientos, en su artículo 132, hay que cumplirlo”, consignó Barcesat.
La denuncia que patrocina el constitucionalista contra el juez Bonadio, fue realizada por Gabriel Chamorro, y también apunta a las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
A Bonadio se le imputa la comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y prevaricato (fallar contra derecho a sabiendas que se está haciendo), en tanto que al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, malversación de caudales públicos en lo que hace al empleo de la Policía Metropolitana fuera del área de su incumbencia.
La denuncia quedó radicada en el juzgado del Juez Ariel Lijo, y se le entregó una copia al Consejo de la Magistratura, que es el órgano del Poder Judicial encargado de seleccionar, controlar y sancionar jueces.
