Los primeros fueron las de los abogados del ex juez Juan José Galeano señalado como autor del encubrimiento que hizo fracasar la investigación del atentado.
Entre los acusados hubo tres ausentes: el ex presidente Carlos Menem que por problemas técnicos evitó incluso seguir el debate por videoconferencia, como estaba previsto; su secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy; y la única mujer entre los acusados, Ana Boragni también por cuestiones de salud.
Como en las primeras dos audiencias el ex presidente no estuvo en la sala. Su abogado Omar Daer aseguró que si su defendido hablaba en el juicio “podría afectar intereses de la Nación” y “el rompimiento de la convivencia pacífica”.
Aseguró que cómo máximo representante del Ejecutivo podría aportar mucha “información” y “documentos” sobre el atentado, porque estuvo en contacto con servicios de inteligencia de otros países, como la CIA o el Mossad.
Pero Daer también dejó a su defendido de enfrentar con esa verdad a los familiares de las víctimas. Aseguró que para hablar el ex presidente debería contar con el aval del Senado para interrumpir el secreto de Estado que lo compromete, dado que sus dichos “podrían afectar las relaciones con otros países ‘partícipes’ o “investigadores del atentado.
Tanto la fiscalía, representada por Sabrina Namer y Roberto Salum, como la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aclararon que no existe una norma que regule este supuesto secreto.
Y la sola mención a la posibilidad de que el ex presidente tuviera información sobre el atentado y la hubiera ocultado generó repudio entre los familiares que siguen la audiencia en el subsuelo de tribunales, separados de los acusados por un vidrio antibalas. El alboroto se hizo escuchar, después supieron, hasta dentro de la sala destinada a los jueces y las partes.
La abogada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Elizabeth Gómez Alcorta, recordó además los deberes del funcionario de dar “publicidad a los actos de gobierno” y recalcó que de ninguna manera puede entrar este supuesto secreto en “colisión con el derecho a defensa del imputado”.
“Si Menem sabe muchas cosas, es el momento para que les permita a las víctimas escuchar esa verdad que durante 21 años calló”, aseguró el abogado de Memoria Activa Rodrigo Borda, cuando le tocó responder a los planteos de las defensas.
Abuso de autoridad
El actual senador Menem está imputado como “instigador” del encubrimiento y por el delito de abuso de autoridad.
La causa que investiga estos hechos comenzó en el año 2000, cuando Claudio Lifschitz, un ex prosecretario en el juzgado encabezado entonces por Juan José Galeano contó en los medios que el juez y el gobierno de Menem habían convenido desestimar las pistas que llevaban a los Kanoore Edul, una familia -por amistad y negocios- cercana a la presidencial.
Cuando el abogado intentó abundar sobre la calificación y detalle de los hechos que le imputan al ex mandatario, el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, lo interrumpió.
Le aclaró que estaba avanzando sobre aspectos de los que se debía ocupar en el alegato. Daer insistió: habló de “pruebas inexistentes”. Y por segunda vez Gorini lo interrumpió. El juez fue tajante: “Usted hizo un planteo de prescripción y otro de ‘nulidad’ del requerimiento” y le pidió que se abstuviera de abundar sobre puntos que serán tratados en el juicio.
Después llegó el turno de la defensa de Hugo Anzorreguy, el abogado amigo de Menem que ocupó la jefatura de la SIDE durante su presidencia.
Volvió a resguardarse sobre “el secreto” que le imponía su cargo. Un punto sobre el que deberán resolver los jueces, con los antecedentes de levantamiento dispuestos por el Poder Ejecutivo en relación a los hechos vinculados al atentado en la mutual.
En respuestas a estos planteos y a los planteos de las defensas de los otros imputados, la fiscalía aseguró que en su mayoría ya fueron resueltos antes del inicio de este juicio, y otros carecen de asidero en esta etapa porque no se pueden considerar “cuestiones preliminares”.
La defensa de Galeano
Esta mañana (por ayer) el ex juez Galeano fue el último en ingresar a la sala. Apenas minutos después de las 9.30 ocupó su lugar en la primera fila, detrás de sus abogados, los cordobeses Darío Vezzaro y Daniel Rubinovich.
En su primer planteo volvieron sobre un punto conocido por el ex juez. Aseguran que su representado ya fue juzgado por proponer, gestionar y lograr que Carlos Telleldín –el último tenedor de la Trafic que se habría utilizado para el atentado- cobre 400 mil dólares de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para involucrar en el atentado, con pruebas falsas, a un grupo de policías de la Bonaerense.
No es la primera vez que Galeano plantea que ya fue juzgado y sobreseído por este hecho. Lo hizo hasta llegar a la Corte Suprema, donde intentó dar por tierra el inicio de este juicio.
Entonces, y ahora sus defensores insisten que hace 18 años fue sobreseído por este pago por el entonces juez Gabriel Cavallo.
Se refiere a la denuncia que en 1997 presentó en su contra Juan José Ribelli –uno de los ex policías Bonaerense que ahora lo acusa-. Por entonces había llegado a manos de Ribelli un video donde se ve al juez negociando con Telleldín el cambio de la declaración.
Los abogados además discutieron que los hechos que se investigan en este juicio puedan ser considerados delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Según su entender, solo se atribuye a denuncias por “torturas, ejecuciones sumarias y desaparición forzada”.
Intentaron plantear así la prescripción de los delitos por los que los acusados llegan a juicio. El subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Luciano Hazan, lo desestimó: aseguró que este punto deberá discutirse durante el debate, tal como lo señalaron jueces de otras instancias.
Hazan coincidió la fiscalía en que la imprescriptibilidad de los hechos por los que llegan a juicio estos 13 imputados está prevista incluso en el derecho interno. El fiscal Salum habló de “concurso de delitos”.
Hazan dijo que se está juzgando “una maniobra general compuesta por numerosos delitos para construir una hipótesis acusatoria falsa con el fin de evitar una investigación eficaz contra los verdaderos autores del atentado”. Y por lo tanto, que las querellas no pueden “desmembrar” los hechos y hacer acusaciones parciales, como pretende las defensas.
Los representantes de Menem apuntaron además contra la intervención en este juicio de fiscales ad hoc en Unidad Fiscal AMIA. Vezzaro directamente pidió la “nulidad” del requerimiento, y apuntó contra el video como prueba. “Nadie filma su propio delito”, aseguró el abogado. Para no retrasar el debate, aclararon de antemano que aceptarían que sus planteos se resuelvan en el momento en el que el Tribunal Oral Federal 2 dicta la sentencia. Todos y cada uno de estos puntos fueron cuestionados por la fiscalía y las querellas.
La discusión sobre “cosa juzgada"
En esa causa, Cavallo -un ex juez que se definió como su amigo– lo sobreseyó. Renunció a tomarle testimonio a los fiscales de AMIA Eamon Mullen y José Barbaccia –ahora también imputados por el encubrimiento-. En cuatro meses, la denuncia contra Galeano estaba desactivada.
Hasta 2000, cuando de manos de un ex secretario de su juzgado llegaron las primeras versiones públicas sobre el pago, y el Ministerio de Justicia de la Nación presentó una denuncia penal, que se consolidó en 2003, cuando en el juicio contra los policías por el atentado, declararon los agentes de la SIDE –autorizados por decreto presidencial– y quedó probada la maniobra del pago.
El debate sobre la conducta de Galeano volvió entonces a los tribunales y la investigación quedó esta vez en manos del juez Ariel Lijo. Galeano alegaba cosa juzgada (que ya lo habían investigado por peculado); mientras que los familiares en Memoria Activa, el Ministerio y la defensa de Ribelli, decían que estaban frente a un veredicto groseramente injusto, en derecho: “cosa juzgada írrita”.
Lijo, a cargo de la investigación por el encubrimiento, le dio la razón a las querellas. La Cámara Federal, primero, y, en 2013, también la de Casación, se la confirmaron. Y abril de este año la Corte Suprema. El fallo de la Cámara es claro: “El sobreseimiento del imputado Juan José Galeano dictado en la causa Nº 3.150/97, exhibe defectos de tal magnitud que lo tornan fraudulento”.
En este juicio el tribunal busca determinar cómo y a través de qué medios Galeano siguió la instrucción presidencial, y con qué colaboradores contó para esto.
La defensa de los fiscales
Santiago Marino Aguirre, el defensor de Mullen y Barbaccia, introdujo un punto que retomaron otras defensas. Con distinta jerarquía y por distintos motivos, cuestionó la “legitimidad” de la acusación de las querellas de los familiares de las víctimas representados en Memoria Activa, 18J y Apemia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la de los policías detenidos con falsas imputaciones por el atentado.
Cuestionó, por ejemplo, que tanto los ex policías como los familiares o el Ministerio de Justicia tengan legitimidad para acusar a los fiscales por su participación en la coacción y en la privación ilegítima de la libertad de Miriam Raquel Salinas. Esta mujer, conocida de Telleldín, habría sido coaccionada por el entonces juez Galeano para consolidar la versión falsa del por entonces único detenido por el atentado.
Primero pareció aceptar la acusación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el delito de peculado, pero rechazó la de las otras querellas. Rechazó también que los policías que estuvieron detenidos por delitos conexos (es decir, que no estuvieron acusados por el atentado sino por las extorsiones a Telleldín) pudieran ser querellantes en este juicio. “Solo la fiscalía podría actuar”, dijo casi al finalizar. Las defensas de Menem, Anzorreguy, y Telleldín se sumaron a estos planteos.
En respuesta, Hazan citó un fallo de Cámara en esta misma causa: “Se ha hecho abuso de las herramientas procesales sin tener sustento normativo”. Y como la fiscalía y las otras querellas, aseguró que muchos de estos planteos no pueden ser considerados cuestiones preliminares.
Las audiencias de este juicio se realizan los días jueves en la “sala AMIA”. Es la misma que en 2001 fue construida para albergar a los 20 acusados por el atentado, sus abogados y los familiares de las 85 víctimas, que después de tres años de debate concluyó con la anulación de todo lo actuado por Galeano. Lo único que quedó firme fue la sala en el subsuelo de los tribunales de Retiro, donde desde el pasado 6 de agosto se juzga a los responsables del encubrimiento.
El tribunal integrado por Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 3 de septiembre, cuando darán a conocer su resolución sobre estas cuestiones. Después, los 13 imputados tendrán oportunidad de prestar su primera declaración indagatoria durante el debate.
Fotografía Archivo Reporte Sur
