En un claro respaldo a la posición argentina sobre el tema el comité asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cataloga como “predatoria” medidas emprendidas por los fondos buitre hacia otros países del mundo.
El comité asesor del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) examinó, entre el 10 y el 11 de agosto, un informe de una investigación acerca del impacto negativo que tienen los negocios de los fondos buitre en la economía de los países del mundo, tal y como reza el texto de un comunicado emitido el jueves por la Cancillería argentina.
Según se lee en el informe, el mencionado comité reconoce “el impacto negativo que los fondos buitre tienen en la capacidad de los países, especialmente los que están en vía de desarrollo, para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y las acciones que éstos, individualmente o en conjunto, pueden tomar para enfrentarlos”.
“Es su modus operandi el que los define como ‘buitre’ ya que se niegan a participar en procesos de reestructuración de deuda de forma ordenada y transparente y, en cambio, se benefician de la opacidad y falta de control existente en el mercado secundario y en los paraísos fiscales”, explica la nota.
También pone de manifiesto las preocupaciones crecientes que generan las estrategias empleadas por estos fondos, “exacerbadas por la ausencia de un mecanismo jurídico internacional” que regule sus actividades y las responsabilidades de sus impactos negativos.
Este aspecto, según se cita en el comunicado, conlleva importantes estragos económicos y humanos en las diferentes sociedades.
Cabe destacar que este informe fue preparado por el sociólogo suizo Jean Ziegler en colaboración con otros expertos en derechos humanos y economía, así como con la información brindada por diferentes gobiernos y organizaciones no gubernamentales.
Según indica el diario argentino Infonews, Argentina fue uno de los países promotores en este caso tras impulsar una resolución a través de la cual el Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitó a su comité asesor, que preparara una investigación sobre las actividades de los fondos buitre y su impacto en el disfrute de los derechos humanos.
Esta iniciativa viene dada a un litigio con fondos especulativos (buitres) que exigen a Buenos Aires aceptar la sentencia de un tribunal federal de Nueva York a su favor por 1330 millones de dólares por bonos de deuda en default adquiridos desde 2001.
Si bien Argentina tiene normalizada el 93 % de su deuda pública, el destino del 7 % remanente, en manos de acreedores que rechazaron las reestructuraciones de 2005 y 2010, quedó sujeto a batallas judiciales.
En un hecho más reciente, una corte de apelaciones de Estados Unidos dio la razón a Argentina y revirtió la decisión del juez estadounidense Thomas Griesa de congelar el pago de 700 millones de dólares adicionales, una decisión que según analistas internacionales fue una victoria completa para Argentina.
