La llamada guerra contra el terrorismo lanzada por el entonces Gobierno de EE.UU. en un clima de miedo a un presunto nuevo atentado tras el perpetrado el 11 de septiembre de 2001, allanó el terreno para los abusos en los que la sociedad de psicológicos estadounidense tenía un papel directo.
Según el informe del periódico español El País, la APA ha admitido que ocultó su apoyo a los controvertidos programas de interrogación a sospechosos de terrorismo llevados a cabo por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y el Ejército estadounidenses.
Los psicólogos dieron legitimidad a las torturas aplicadas contra los detenidos, como el ahogamiento simulado o la privación del sueño. Su aval fue clave para que el Gobierno de George W. Bush justificara como lícitas y legales (al estar supervisadas por profesionales médicos) las llamadas técnicas reforzadas de interrogación autorizadas tras los atentados de 2001.
Fruto de intereses y fidelidades laborales, la cúpula de la APA “coludió” con el Gobierno Bush para garantizar que las reglas éticas de la asociación no impidieran a sus psicólogos estar involucrados en el programa de interrogación, que se desarrollaba en cárceles secretas de la CIA y prisiones militares, como la de Guantánamo (Cuba).
Esa es la conclusión de un informe independiente solicitado por la APA el pasado noviembre tras la publicación de un libro que detalla su contribución a los abusos a detenidos. El informe, elaborado por David Hoffman, exfiscal general adjunto de EE.UU., se difundió a mediados de julio.
Sus consecuencias han sido tajantes: la asociación se ha disculpado, cuatro altos cargos se han marchado y la APA ha aprobado prohibir a sus 130.000 miembros participar en interrogatorios en el extranjero de detenidos de EE.UU.
“Estamos profundamente trastornados por los hallazgos del informe y estamos determinados en solucionar los problemas”, señala en una entrevista telefónica Susan McDaniel, la presidenta electa de la APA que lideró la asamblea del pasado 7 de agosto en que se aprobó la prohibición.
Desde hace décadas, el Ejército estadounidense y la CIA mantienen una estrecha colaboración con psicólogos. Con la nueva prohibición, la APA ha pedido al presidente norteamericano, Barack Obama que retire a los psicólogos que participan actualmente en interrogatorios a sospechosos de terrorismo en Guantánamo y otros lugares en el extranjero (como navíos militares).
Tras la difusión del informe de Hoffman, la ONG Médicos para los Derechos Humanos ha reclamado —según explica su analista Sarah Dougherty— al Departamento de Justicia que inicie una investigación delictiva contra la APA por su “papel deliberado en garantizar” que los psicólogos pudieran participar en los abusos. Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno de Obama no ha perseguido judicialmente ninguna de esas acusaciones de tortura.
En diciembre de 2014, el Senado de Estados Unidos divulgó un informe referente a los brutales métodos de la CIA tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, autorizados por la Administración del expresidente George W. Bush y el exvicepresidente Dick Cheney.
Según el informe, de 525 páginas, las torturas y métodos de interrogación que se emplearon fueron “mucho peor” de lo admitido públicamente por la CIA.
El documento fue aprobado por el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos a finales de 2012 y su difusión al público fue autorizada en abril de 2014.
Los informes corroboran que al menos 119 presos, encadenados a las paredes de sus celdas, fueron interrogados durante meses en los “sitios negros” conocidos como Cobalt, donde no se veía nunca la luz.
