La cifra de condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar asciende a 622, según se desprende del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. En las 147 sentencias dictadas desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, 57 acusados resultaron absueltos. Actualmente se están desarrollando 18 juicios a lo largo del territorio nacional.
De las 514 causas analizadas, 233 (el 45 por ciento) se encuentran todavía en etapa de instrucción; 147 tuvieron sentencia y 116 ya fueron elevadas a juicio oral. De los 18 debates orales que se desarrollan actualmente, dos se llevan a cabo en los Tribunales Federales de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires: un tramo de la megacausa ESMA, en la que 59 represores –entre ellos aviadores navales y de Prefectura que participaron en los “vuelos de la muerte- están acusados por 789 secuestros, torturas y homicidios; y la causa por los delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, el acuerdo de las dictaduras sudamericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus propios países, que se encuentra en etapa de alegatos.
En Córdoba continúa el debate oral de la megacausa La Perla, que tiene sentado en el banquillo al represor Luciano Benjamín Menéndez y a otros 51 represores. En Mendoza se lleva adelante el "juicio a los jueces", que tiene unos 41 imputados, entre ellos los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret.
En Bahía Blanca, se encuentra en etapa de alegatos el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por la Armada, en el que son juzgadas 25 personas en perjuicio de 66 víctimas.
El informe de 19 páginas publicado en Fiscales.gob.ar, el sitio de la Procuración General de la Nación, analiza el período que va desde 2006, cuando la Justicia argentina dictó la primera condena tras la derogación de las leyes de impunidad, hasta el 30 de septiembre de este año.
En ese lapso de tiempo, 2166 personas, entre civiles y militares, fueron imputadas o investigadas por crímenes de lesa humanidad: 1065 están detenidas, 753 en libertad, 59 están prófugas y 280 murieron impunes antes de ser juzgados. En nueve casos no hay datos.
Entre los detenidos, 587 se encuentran alojados en dependencias penitenciarias, 7 en hospitales y 13 en recintos de fuerzas de seguridad, 441 tienen el beneficio del arresto domiciliario y sobre 17 no hay datos.
