La etapa final del juicio por el Plan Cóndor sigue siendo maratónica. Tras los alegatos de fiscalía y querella, la defensa continúa exponiendo argumentos que, por la cantidad de casos y la dimensión internacional del proceso, suelen durar horas.
Ayer, ante el tribunal -integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico- siguieron las exposiciones, con una enérgica defensa del abogado José María Soaje Pinto.
La mega causa investiga la coordinación represiva y el accionar de las dictaduras del Cono Sur en la década del 70. Las audiencias se retomarán en febrero y se estima que la sentencia esté para fines de marzo.
En un alegato que duró horas, Soaje Pinto, defensor del ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, dijo que “estos juicios de lesa humanidad son políticos, sin pruebas. Mi defendido está pasando un mal momento de salud, hay otros que de los imputados que llegan con tubos de oxígeno a la sala. Es una falta de respeto por su edad. Me causa vergüenza que se los acuse con pruebas tan absurdas, infantiles y contradictorias que muestran ignorancia de la jurisprudencia militar”.
El foco del defensor, en un mensaje directo para el fiscal Pablo Ouviña, fue desacreditar la acusación de una asociación ilícita. En los últimos tres meses el fiscal explicó ante el Tribunal Oral Federal I cómo, con base en Santiago de Chile, las dictaduras latinoamericanas se asociaron en 1975 para espiar, secuestrar y asesinar sus adversarios políticos más allá de sus fronteras. A ello, dijo, se denominó Operación Cóndor.
“Investigamos dos cosas: qué les pasó a las 174 víctimas, cuya mayoría está desaparecida, y determinar la existencia de una asociación criminal, ilícita”, dijo en una entrevista con Infojus Noticias.
Pero para el abogado de Tragant, tales investigaciones se fundaron en “testimonios que fueron tergiversados, desde la fiscalía a querella”, y consideró que “no hay ningún tipo de documento” que pruebe la participación de su defendido en los hechos.
Con un tono alto de voz, advertido por los jueces, dijo que “el Estado argentino está en falta con los militares porque los juzgó sin saber siquiera cómo funciona un Liceo Militar, los fiscales no entienden la lógica del funcionamiento operacional” y reclamó por las causas “que implican a los terroristas subversivos y que fueron frenadas intencionalmente”.
Además, antes de la sentencia pidió relectura de las indagatorias a los acusados, dijo que el Ejército argentino nunca fue “una organización criminal clandestina ni un grupo mafioso”, que su acusado “nunca buscó hacer daño al prójimo” y que los juicios de lesa humanidad “son persecuciones irrazonables, desde una posición ideológica que busca la venganza”.
Por último, afirmó que los tribunales actuales “son vehículos de revancha” y cuestionó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa, “porque estos procesos deben ser inmediatos y no ocurrir cuarenta años después”. Al pedir la libertad de su defendido, el defensor cerró con un mensaje: “Las únicas pruebas del Plan Cóndor fueron construidas por la fantasía y las emociones de los juzgadores”, dijo, mirando hacia el público.
Los pedidos de las querellas
Entre los 18 acusados del Plan Cóndor se encuentran Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Antonio Bignone y el uruguayo Manuel Juan Cordero Piacentini.
En su exposición, los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actúa en la causa como querellante, solicitaron 25 años de prisión para Miguel Ángel Furci; 20 años de prisión para Santiago Omar Riveros, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Caggiano Tedesco, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Bernardo José Menéndez, Eugenio Guañabens Perelló, Humberto José Román Lobaiza, Rodolfo Emilio Feroglio y Felipe Jorge Alespeit y 5 años de prisión para Manuel Cordero Piacentini.
En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó en su alegato la pena de prisión perpetua para Riveros y Furci; 25 años de prisión para Bignone, De Lío, Lobaiza, Olea, Sadi Pepa y Feroglio y 20 años de prisión para Caggiano Tedesco, Vañek, Tragant, Menéndez, Guañabens Perelló, Alespeit, Cordero Piacentini, Falcón, Minicucci y Rodríguez.
El veredicto, a fines de marzo
El fiscal Pablo Ouviña dijo que recién "a fines de marzo podría haber un veredicto". Adelantó que "durante todo febrero se seguirán escuchando a las diferentes defensas por lo que recién a fines del mes siguiente podría haber sentencia”.
La Fiscalía pidió condenar a 25 años de cárcel a los ex responsables de Institutos Militares en la dictadura Reynado Bignone y Santiago Omar Riveros. También se pidieron 25 años para el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. Todos fueron considerados miembros de una asociación ilícita que cometió privaciones ilegales de la libertad.
Para el ex servicio de inteligencia militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini también se reclamó una pena de 25 años como partícipe necesario del secuestro de once víctimas. Otro que tuvo un pedido de pena de 25 años por parte de la fiscalía fue el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, por su rol en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti, considerado uno de los principales lugares de reclusión de víctimas del Plan Cóndor.
En otros de sus pedidos de penas, Ouviña reclamó la condena de diez años de reclusión para el ex jefe del área militar 112, sede del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci, y para el ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, a quienes acusó por asociación ilícita.
