El ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió para dialogar por primera vez con la Procuradora General Alejandra Gils Carbó y le comunicó la decisión del gobierno de aplazar la implementación del Código Procesal Penal y cambiar la jurisdicción donde debutará.
Lejos de pedir su renuncia –como habían reclamado desde varios sectores de Cambiemos– acordaron trabajar en un nuevo cronograma para la aplicación del Código Procesal Penal, en un encuentro, ante todo, protocolar.
Debido al impacto que causó dentro del Poder Judicial el intento de nombramiento “en comisión” de dos jueces para la Corte Suprema, la posible remoción de Gils Carbó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia no fue parte del temario, aunque desde la cabeza del Ministerio Público observan con atención cuáles podrían ser los próximos pasos del Ejecutivo.
En tono formal, el encuentro entre ambos funcionarios apuntó a transmitir la decisión de aplazar la implementación del Código Procesal Penal, previsto originalmente para el 1 de marzo de 2016. Acordaron trabajar en conjunto en un nuevo cronograma y en el cambio de las primeras jurisdicciones en las que será aplicado.
Esto significa que no comenzará en el primer trimestre del año entrante y que tampoco será puesto en marcha en la Capital Federal, sino en provincias del norte y el sur del país. Según un comunicado, Garavano también informó la intención del gobierno de cambiar aspectos de la ley de Ministerio Público “para garantizar la independencia de los fiscales inferiores”.
En tanto, desde la Procuración analizan cuáles pueden ser los próximos movimientos del macrismo, ya que reafirman que Gils Carbó no renunciará a su cargo ni avalará ser removida por otra vía que no sea el juicio político.
Fuentes cercanas a la funcionaria analizaron que el Ejecutivo quedó en una posición difícil luego del rechazo que generó su intento de nombrar jueces para la Corte por decreto, lo que mejora la posibilidad de resistir cualquier acción esté por fuera de los mecanismos constitucionales que protegen el cargo.
Fuentes del entorno aseguran que Gils Carbó ni se jubilará ni abandonará su puesto, más allá que, incluso desde Comodoro Py se la intente acorralar con causas judiciales.
Desde esos mismos tribunales federales recibieron gestos de apoyo a su permanencia. En cualquier caso, recurrir a tribunales locales o internacionales ante cualquier avance que cercene sus facultades será parte la estrategia que despliegue, según qué medida se adopte.
Por otro lado, una de las especulaciones sobre los próximos decretos en materia judicial del Ejecutivo gira en torno a la inminente decisión de traspasar el sistema de escuchas telefónicas de la órbita del Ministerio Público a la Corte.
Pero la Dirección de Interceptación de Comunicaciones (DICOM) depende de un área de apoyo a investigaciones penales, una materia que –en la Constitución- está expresamente vedada para que un presidente pueda modificar vía decreto.
