La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de cambiar las reglas del proceso de juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anuló la actuación del líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Este fue el pronunciamiento de políticos comunistas y del Partido de los Trabajadores (PT) poco después del cierre la víspera de la sesión del STF, donde una mayoría de magistrados invalidó el procedimiento seguido por Cunha en este caso. Había un golpe en formación en la Cámara baja, patrocinado por la autoridad de esa casa, pero el Supremo intervino y garantizó la preservación de la Constitución, destacó el legislador Rubens Junior, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB).
El ministro de la casa Civil, Jaques Wagner, destacó asimismo este fallo de la instancia judicial y consideró que ese poder cumplió con su noble función de moderador de la República. La Corte dio la grandeza necesaria al procedimiento procesal, aseveró Wagner, del PT, quien vaticinó la derrota de este trámite contra Rousseff bajo las actuales reglas.
"El tren entró en la pista. Y las pistas son rectas y no dobladas", dijo por su parte el Abogado General de la Unión (AGU), Luís Inácio Adams, quien acompañó todo la discusión y la votación en la sesión plenaria del STF. El dictamen de la máxima instancia judicial determina el reinicio del proceso de enjuiciamiento a la jefa de Estado, pues se acordó que la selección de los miembros de la Comisión especial que lo avalará sólo puede ser formada por indicación de los líderes de partidos. Los titulares del Supremo Tribunal convinieron también en que la votación de los integrantes de ese consejo deberá ser abierta y no cerrada, como ocurrió la semana pasada. Para el presidente del poder judicial, Ricardo Lewandowski, no hay razón para que quienes representan al pueblo actúen de alguna forma a la sombra.
El STF reconoció asimismo la potestad del Senado de rehusar la instauración del juicio contra la jefa de Estado, pese a la aprobación en la Cámara baja del proceso de enjuiciamiento con el respaldo de dos tercios de sus miembros. Quedó aclarado igualmente que la presidenta del país sería separada del cargo por 180 días si el Senado aprueba dicho trámite por mayoría simple, es decir, 41 de sus 81 miembros.
La pérdida del mandato presidencial requerirá por su parte del respaldo de dos tercios de los votos (54 senadores).
