Primero fueron los diputados de la provincia de Buenos Aries los que aprobaron, en forma conjunta, el Presupuesto General de Gastos y Recursos para el 2016 y la ley fiscal Impositiva y de esta forma se dio el primer paso para que la gobernadora Vidal cuente con estos importantes instrumentos de gestión en su primer año de gobierno.
Luego fue el Senado que preside el vicegobernador Daniel Salvador el que dio el paso definitivo para la sanción de ambas leyes reclamadas y esperadas por el Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación.
El Presupuesto 2016 contempla un gasto de 354 mil millones de pesos y un aumento del 240% en la inversión real directa. Prevé un endeudamiento de 60 mil millones para obras públicas, el pago de obligaciones y el equilibrio en las cuentas públicas. Este monto incluye 10 mil millones se repartirán entre los 135 municipios.
Las normativas fueron acompañadas, en general, por todos los bloques en Diputados con la excepción de la banca rotativa del FIT; el FpV votó, en particular, dividido el artículo 32, referido a las autorizaciones para endeudamiento, que finalmente consiguió los dos tercios de los presentes que constitucionalmente requería.
En el Senado, donde el peronismo tiene dos bancadas, la del PJ que conduce Daniel Barrera y la del FpV que comanda Magdalena Sierra, los 9 PJ votaron el endeudamiento y el FpV, en particular, no acompaño. Las bancadas de Cambiemos, el FR y los bloques minoritarios votaron positivamente en general y particular.
Este punto, centro de los debates legislativos, implicó una negociación compleja con el FpV de la que participaron los intendentes municipales y que derivó en la creación, con cargo al endeudamiento autorizado, de dos fondos especiales; el Fondo de Infraestructura Municipal y el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios Asociados”.
El fondo de Infraestructura podrá conformarse hasta la suma de 7 mil millones de pesos mientras que el fondo de Seguridad, que da amplios movimientos a los intendentes para ejecutarlo, hasta la suma de 3 mil millones.
También, en la negociación se incorporó que el PE deberá remitir a la Legislatura provincial y a cada uno de los municipios, en forma trimestral, un informe detallado sobre el endeudamiento efectivamente concretado e ingresado al Tesoro provincial.
Además en el Presupuesto se hizo explícito que el PE deberá asignar los créditos necesarios para la consecución de los fines establecidos en leyes que tienen un alto contenido social.
Tal como la que crea el Marco Regulatorio de las Instituciones Educativas Comunitarias de Nivel Inicial, encargadas de brindar educación y cuidado a la primera infancia desde los cuarenta y cinco días hasta los cinco años de edad.
Se trata de garantizar el financiamiento a las leyes que establecen la conformación de un Fondo de Fábricas Recuperadas, de Acceso Justo al Hábitat, el Boleto Estudiantil y para el financiamiento operativo de las Federaciones y Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires, entre otras cuestiones.
Además se incrementó en la suma de 851 millones para el Poder Judicial, que se sumaran a los 15 mil millones que ya estaba presupuestado, que se dividirán en 553 millones en Administración de Justicia y 297 en el Ministerio Publico. Además se fijó en 43 millones de pesos para subvención de la Comisión Provincial de la Memoria y en 15 millones las sumas que se destinaran para la secretaría permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado.
Los legisladores bonaerenses analizaron durante toda la jornada los principales lineamientos del Proyecto de Presupuesto 2016 y la Ley Fiscal. Desde el Ejecutivo, se destacó la presentación de un ejercicio elaborado en un contexto de transición, en el cuál se hace hincapié en que la provincia presenta sus finanzas públicas “estresadas” por la alta presión impositiva, la desventajosa y discriminada posición en el reparto de recursos federales, un gasto corriente con gran componente inercial y excesiva rigidez, un gasto público de capital reducido y utilizado como variable de ajuste, y un limitado acceso al mercado de capitales.
Se prevé un presupuesto estimado en $ 354 mil millones de pesos, un 22 % superior al nivel del actual ejercicio, al tiempo que se estima un resultado financiero deficitario del orden de los 15 mil millones de pesos.
La inversión real directa será de 17.000 millones de pesos, un incremento cercano al 240% respecto de 2015.
Asimismo, se sancionaron las leyes que establecen la Emergencia en Seguridad, de Emergencia en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en el Sistema de Salud del SPB, mientras que no fue considerada y quedó pendiente la ley de Emergencia en Infraestructura.
