A Gerardo Morales no le bastó con proclamarse líder de organizaciones, en su afán de destruir el Frente de Organizaciones sociales de la Tupac Amaru, inició la peor etapa de su gestión, la declaración pública de guerra contra la dirigente Milagro Sala, se llevó a cabo dentro de un proceso dictatorial jamás visto en democracia, la demostración de imposición de poder para controlar la ayuda social en beneficio de votos para UCR se trasformó para los jujeños en la cara militar de un gobernante.
Para los peronistas de Jujuy Oscar Agustín Perassi es signo de traición al PJ y hoy es el ministro de Gobierno de un radical, en un inexplicable complot contra una provincia de mayoría justicialista, el mismo Perassi fue uno de los funcionarios de obediencia radical que definió sin eufemismos la matriz del conflicto, al sostener que se trata de “un problema de poder” reconociendo que Morales necesitaba el control de la Tupac Amaru.
Lo cierto es que ayer comenzó el proceso de suspensión temporaria de la personería jurídica a cada una de las organizaciones que permanecen en la plaza Central Belgrano de la capital jujeña, lo que significa también el cierre de las cuentas bancarias.
Al suspender la personería, de las organizaciones y cooperativas, las mismas perdieron toda posibilidad de participar de los programas de construcción y acceso de viviendas, contratos de obras, bolsones alimentarios, como tampoco podrán acceder al plan de reempadronamiento de capacitadores, que impulsa el gobierno para controlar la inmensa masa de trabajadores que creó la Tupac Amaru.
La Fiscalía de Estado de Morales utilizó erróneamente, la atribución de la misma de iniciar un procedimiento judicial para retirar la personería jurídica de las organizaciones “cuando las asociaciones hubieren cambiado el objeto social o el mismo se hubiera tornado en ilícito”, cuestión que es imposible de probar en virtud de que no cambiaron su objeto social y permanecen en paz en reclamos de continuidad laboral.
De esta manera Morales y su coalición comenzaron a aplicar el decreto 403 que establecía la 0 hora de ayer como último plazo para desalojar la plaza central y reempadronarse en el marco del plan de Regularización y transparencia de cooperativas y beneficios sociales. Se prevé que la semana que viene la Legislatura provincial, en una sesión extraordinaria, convierta en ley este decreto.
La absoluta contradicción y el absurdo vergonzoso es que de Fuentes oficiales provinciales aclararon que: “En cuanto el desalojo del Acampe se manejarán con mucha cautela, ya que hay menores de edad y mayoría de mujeres en la plaza, además de que la orden deberá ser impartida por la Justicia”.
Entonces murieron 43 gendarmes en vano.
Hasta el momento la UCR dedicada ahora a administrar organizaciones, lograron copar con amenazas y extorsiones a 552 cooperativas, repartiendo ante la necesidad de la gente bolsones alimentarios en un total de 88 mil personas aproximadamente
Al mismo tiempo se avanza en la compensación a los comerciantes afectados por el acampe y cobrarán los mismos, un monto total de 195 mil pesos por las supuestas pérdidas que sufrieron en 15 días.
La UCR de Morales vulneró los derechos soberanos de las organizaciones sociales y cooperativas Tupac Amaru, Tekure, Asociación de Trabajadores Sociales, 24 de septiembre, 8 de enero, 29 de mayo, San Salvador, Evita, Unión de Trabajadores Desocupados, Movimiento villero, 17 de octubre, Libertad y Marina Vilte. Anunciando públicamente su destrucción y todas las personerías jurídicas quedaron al margen de toda ayuda oficial.
El gobierno de Jujuy continúa impulsando la división de la Sociedad entre criollos y originarios, se incremento el odio racista contra los trabajadores de cooperativas y de las organizaciones, fomentando un ámbito de violencia a la que los líderes dirigentes sociales no responden, para conservar la paz, en una continúa provocación gubernamental.
Fuente: Infobaires
