Las capturas fueron ordenadas por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público tras una investigación que dio como resultado el hallazgo de 558 osamentas enterradas en fosas comunes en un destacamento militar ubicado en el norte del país.
De las 558, el Ministerio Público logró determinar que 90 pertenecen a menores de edad. También se encontraron restos de ancianos y mujeres clasificados como población civil no combatiente, por lo que los asesinatos son considerados delitos de lesa humanidad.
A pesar de que ya pasaron 35 años de algunos de esos crímenes, los familiares de las victimas asesinadas y desaparecidas esperan justicia y castigo para los militares que perpetraron masacres en nombre del Estado.
El caso ha llamado la atención de la sociedad en general por la carga ideológica que conlleva un acontecimiento de esta naturaleza en donde está involucrado el también acusado de genocidio general retirado José Efraín Ríos Montt, quien no podrá comparecer ante los tribunales por encontrarse en una etapa de demencia senil, según peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La captura de los militares se da en un momento coyuntural con serias implicaciones para el presidente, Jimmy Morales, pues uno de los acusados es cofundador del partido que lo llevó a la Presidencia, además de resultar electo diputado bajo esa misma bandera.
