La Comisión de Fiscales fue creada por decisión de la Procuración General de la Nación cuya titular es Alejandra Gils Carbó. La medida se tomó a pedido del fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, tomando en cuenta la solicitud planteada por los titulares de las fiscalías federales 1, Laura Mazzaferri, y 2, Nicolás Czizik. Los fiscales plantearon la creación de un equipo de trabajo para “la investigación, análisis e intervención” de “hechos de discriminación” violatorios de la Ley 23.592 ocurridos “en los últimos cuatro meses”.
Del mismo modo, se requirió una investigación profunda para establecer “la posible existencia de organizaciones destinadas a imponer sus ideas por medio de la fuerza”, situaciones que están contempladas para su sanción en el artículo 213 bis del Código Penal. Los fiscales justificaron el pedido para trabajar en equipo el “importante incremento de denuncias por discriminación, de fuerte tinte racista (en particular, neonazi) y de distinta gravedad, que incluyen casos de violencia física, en los que podría haber intervenido un mismo grupo de personas”.
El anuncio sobre la creación del equipo de fiscales coincidió con la resolución del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, de elevar a juicio una causa en la que está involucrado Carlos Gustavo Pampillón, señalado como líder del denominado Foro Nacional Patriótico (Fonapa) y/o de La Giachino, consignó Página12. Estos dos grupos aparecen como autores de otros atentados o intimidaciones que comenzaron en 2011 con el ataque al monumento en la Base Naval y que siguieron todos estos años, con significativo incremento en los últimos meses del año pasado.
En la causa elevada a juicio, Pampillón deberá responder por haber “determinado y/o instigado” los atentados contra el monumento en homenaje a los desaparecidos en el ex centro clandestino de detención y las pintadas discriminatorias contra la sede de los residentes bolivianos. La principal, decía: “Fuera Bolivia de Salta. La patria no se negocia, ojo... arderá el escarmiento. FONAPA La Giachino, viva la patria carajo”.
La acusación contra Pampillón es en calidad de “instigador o autor” de “los delitos de daño doblemente agravado, por haberse cometido el hecho en venganza de la determinación de una autoridad y por tratarse el objeto dañado de un monumento –arts. 183 y 184.1 y 184.5 del Código Penal–)”, en el caso de lo ocurrido en la Base Naval. Y en el segundo hecho por “daño agravado por haberse ejecutado (...) en venganza de la determinación de una autoridad, agravado asimismo por su carácter discriminatorio en razón de la nacionalidad de las víctimas”.
En el caso de la comunidad boliviana se tuvo en cuenta que “además del móvil discriminatorio, la agresión estuvo inspirada en el deseo de venganza contra la decisión de la Comisión Nacional de Límites (Conali) de colocar nuevos mojones sobre la línea recta limítrofe con el Estado Plurinacional de Bolivia, colocando un séptimo hito en el Sector Abra de Santa Cruz en la provincia de Salta”, aclaró la fiscalía.
La elevación a juicio, en la que también intervino el fiscal federal 2 Nicolás Czizik, incluye el listado de casi 60 medidas de prueba sobre lo ocurrido en el monumento ubicado en la entrada a la Base Naval, entre la noche del 7 de septiembre de 2011 y las primeras horas de la madrugada siguiente. En la acusación se sostiene que “un grupo de personas instigadas por Pampillón dañaron el monumento”. Sobre la leyenda que decía: “Aquí funcionó un centro clandestino de detención”, los integrantes del grupo no identificado escribieron “aquí se defiende la patria”, entre otras frases atribuidas, en la firma, al Fonapa.
