En la misiva alertan que esta ley se propone excarcelar a los responsables de delitos contra los derechos humanos, violencia política, corrupción, daños al patrimonio público y narcotráfico que fueron investigados, juzgados y condenados por el Poder Judicial de la nación desde 1999.
"Esta Ley de Amnistía constituye una vulneración al Estado de Derecho y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ser una ley de auto perdón, ya que los mismos autores de los hechos que nos han afectado en nuestros derechos humanos, son los mismos que han promulgado este texto normativo para eximirse de cualquier responsabilidad por los hechos cometidos", señala el texto.
Por ello, las 26 organizaciones de Derechos Humanos que enviaron la carta, exigieron al presidente "que no promulgue esta Ley que lesiona nuestros derechos fundamentales, y que la remita al Tribunal Supremo de Justicia, para que este se pronuncie sobre su constitucionalidad".
Igualmente propusieron crear una Comisión por la Justicia y la Verdad que revise cada uno de los casos de las víctimas para promover sus reparaciones.
Con la aprobación de esta ley podrían ser absueltas personas y voceros políticos responsables de violencia política, corrupción, estafas inmobiliarias y narcotráfico, entre ellos Leopoldo López, artífice del intento fallido de golpe de Estado en 2014, que provocó la muerte de 43 personas, entre las que se encuentra el joven Elvis Durán, motorizado, que murió degollado al impactar con una guaya colocada en una vía pública por un grupo de choque al servicio del partido de López.
A continuación, el texto íntegro:
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA NICOLAS MADURO MOROS
Nosotros y Nosotras, víctimas y familiares de víctimas de los diferentes episodios de violencia política ocurrida en los últimos 16 años, diferentes organizaciones de Derechos Humanos, así como distintas organizaciones de víctimas de la represión ocurrida durante el período 1958-1998 por actores políticos que hoy todavía hacen vida en el Poder Legislativo, manifestamos nuestro rechazo a la aprobación de Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional el día 29 de marzo del año 2016.
Esta Ley de Amnistía constituye una vulneración al Estado de Derecho y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ser una ley de auto perdón, ya que los mismos autores de los hechos que nos han afectado en nuestros derechos humanos, son los mismos que han promulgado este texto normativo para eximirse de cualquier responsabilidad por los hechos cometidos.
Igualmente rechazamos esta Ley de Amnistía en virtud de que incumple los requisitos formales para su aprobación. Denunciamos la manera atropellada en que fue aprobada esta ley, así como la ausencia de convocatoria a una supuesta consulta pública a la cual no fuimos invitados para participar en ninguna de sus fases.
Consideramos que debe crearse una Comisión por la Justicia y la Verdad, que esté conformada por diferentes sectores de la sociedad y las víctimas para que sea revisado cada uno de los casos, donde se establezca la verdad, la justicia y las reparaciones a las víctimas.
Por todo lo anteriormente expuesto, le exigimos al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que no promulgue esta Ley que lesiona nuestros derechos fundamentales, y que la remita al Tribunal Supremo de Justicia, para que este se pronuncie sobre su constitucionalidad.
Asimismo, exigimos al Tribunal Supremo de Justicia declare la inconstitucionalidad de esta Ley, y que ayude a materializar nuestro derecho humano a la justicia como víctimas de hechos de violencia política de la última década.
Por último exhortamos, al Defensor del Pueblo, a la Fiscal General de la República, y a los distintos poderes del Estado Venezolano a que rechacen de manera pública y categórica la Ley de Amnistía, que busca crear impunidad y es una ventana abierta para que los diferentes episodios de los cuales fuimos víctimas se reediten.
