La policía en Honduras detuvo este lunes a cuatro personas acusadas de participar del asesinato de la dirigente ambientalista y humanitaria Berta Cáceres, entre ellos un mayor del Ejército y el jefe de seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), compañía que había retomado el proyecto de una usina hidroeléctrica frenado por la organización que encabezaba la víctima, que logró que se retiraran de esa obra una constructora china y el Banco Mundial.
En Tegucigalpa fueron detenidos un técnico de la empresa desarrolladora del proyecto hidroeléctrico, al cual se oponía Cáceres, y otras que al parecer formaban parte del equipo que ejecutó el crimen.
Igualmente, en las ciudades caribeñas Puerto Cortés y La Ceiba, al norte de Tegucigalpa, se realizaban operativos para dar con otras personas sindicadas de participar en el asesinato de la también indígenista.
Las detenciones estuvieron a cargo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), de la Fiscalía General, y efectivos de la Policía Militar.
Los sospechosos, identificados como Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Duarte Meza y Sergio Rodríguez Orellana, fueron arrestados en allanamientos simultáneos ejecutados en Tegucigalpa y La Ceiba, informó el portavoz del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Yuri Mora.
Uno de los hermanos de Rodríguez Orellana admitió que el detenido trabaja como técnico en DESA, la firma a cargo del proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras, una zona de la comunidad indígena lenca, la más importante del país, que rechaza el proyecto porque afecta gravemente su agricultura y nunca fue consultada, como exige el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y porque el río Zarca, en el que se realiza el emprendimiento, es sagrado en su cultura.
Salvador Zúñiga Cáceres, hijo de la dirigente asesinada el 3 de marzo pasado en su casa de la ciudad de La Esperanza, denunció a DESA -en declaraciones que efectuó a Télam en Buenos Aires-, que cuenta con militares en su equipo de seguridad, como responsable del asesinato de su madre y de otros cuatro activistas del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que lograron inicialmente frenar el proyecto y que se retiraran la empresa china Sinhoyidro y el Banco Mundial.
Berta Cáceres, dijo su hijo, había sido amenazada de muerte varias veces y por eso tenía una cautelar (protección) dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y durante la resistencia al proyecto fueron asesinados otros cuatro activistas del Copinh.
"Uno de los cuatro asesinados es Tomás García, y el militar que le disparó sólo fue detenido por unos días y luego quedó en libertad; además hay videos de militares que entraban a medianoche a la casa de los compañeros diciéndoles que si seguían con estas luchas los iban a asesinar", relató Zúñiga, que por eso también responsabilizó al Estado hondureño.
Las capturas realizadas este lunes, señaló en un comunicado el Ministerio Público, están sustentadas en "evidencias probatorias" y fueron dirigidas "contra los presuntos responsables" de la "autoría" del crimen.
Cuatro hombres fueron detenidos por el delito de "asesinato en perjuicio de Berta Cáceres Flores y de asesinato en grado de ejecución de tentativa contra testigo protegido", indicó la información de la Fiscalía.
El testigo protegido al que alude es el mexicano Gustavo Castro, amigo de Berta Cáceres y compañero de militancia, que se encontraba en su domicilio cuando irrumpieron los sicarios, fue también baleado y herido en la cara, por lo que fue dado por muerto y abandonado.
Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas y único testigo del crimen, retornó a su país a inicios de abril después de que una jueza hondureña suspendiera la medida que se lo impedía.
Por otra parte, Estados Unidos celebró la captura de los cuatro sospechosos. "Damos la bienvenida al anuncio de las detenciones en el asesinato de Berta Cáceres", indicó la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa en un comunicado.
La nota destacó que el gobierno estadounidense continuará "siguiendo de cerca" la forma en que los sospechosos detenidos "entran en el proceso judicial, así como las futuras detenciones".
Cáceres había recibido el año pasado el premio Goldman, la mayor distinción internacional en materia ambiental.
