El objetivo era que el padre del ex titular de Aerolíneas Argentinas, el diputado nacional Héctor Recalde (foto), "cajonee" el proyecto por el cual los vales alimentarios pasaban a ser parte del salario de los trabajadores o le introdujesen modificaciones para garantizar y/o ampliar la continuidad del régimen anterior.
La Sala IV de la Cámara de Federal Casación Penal integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky rechazó el recurso de Casación presentado por la defensa del condenado Miguel Gutierrez Guido Spano, quien había solicitado la absolución de su asistido.
En julio de 2015, el Tribunal Oral Federal N º2 lo había condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de cohecho activo, por haber ofrecido el pago de diferentes sumas de dinero a Mariano Recalde, para entonces asesor en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación.
El objetivo de la coima era que Héctor Recalde "cajonee" el proyecto por el cual los vales alimentarios pasaban a ser parte del salario de los trabajadores o le introduzcan modificaciones para garantizar y/o ampliar la continuidad del régimen anterior. La Fiscalía de juicio, a cargo de Juan Patricio García Elorrio, había pedido la pena de tres años y seis meses de prisión por el mismo delito.
La defensa del imputado había tildado de “arbitraria” la sentencia del Tribunal por considerar que no existieron pruebas suficientes que permitan acreditar la participación de Guido Spano en el ofrecimiento “espurio” a Recalde. Asimismo, el defensor refirió que existió una valoración parcial de la prueba reunida durante el debate, que permitiera arribar a “cierta” la hipótesis acusatoria.
Sobre este punto, los magistrados sostuvieron “que no puede alegarse el desconocimiento respecto del estado del proyecto de ley y la calidad de funcionario público de quien lo impulsaba (…) Mariano Recalde se desempeñaba como asesor del diputado Héctor Recalde al momento de los hechos, de modo que el ofrecimiento fue dirigido hacia un intermediario dentro del marco de su competencia y funciones, podía transmitir la propuesta espuria hacia Héctor Recalde (…)” Que, en definitiva, la Cámara Federal de Casación Penal advirtió que el Tribunal Oral Federal N 2 fundó debidamente la condena de Miguel Gutiérrez Guido Spano y la calificación jurídica asignada al hecho juzgado.
Durante los alegatos, el fiscal general señaló que este caso coloca a la vista prácticas de corrupción del sector privado y aludió a las obligaciones asumidas por nuestro país en convenciones internacionales sobre esa materia y a la Guía de recursos sobre medidas estatales para reforzar la integridad empresarial publicada por las Naciones Unidas.
Asimismo, para el representante del MPF quedó probada la intervención que tuvo Miguel Gutiérrez Guido Spano en la maniobra, con el claro objetivo de que se retardara el tratamiento del proyecto que ponía fin a los tickets canasta, o modificaran su redacción para garantizar o, incluso, maximizar las ganancias de las empresas que comercializaban los vales alimentarios. Sin embargo, el diputado nacional, tras tomar inmediato conocimiento a través de su hijo de la propuesta, rechazó el acuerdo criminal y formuló la correspondiente denuncia penal ante la justicia.
Las formas del ofrecimiento
Para llevar adelante el ofrecimiento de las coimas, los imputados propusieron tres alternativas posibles: la primera, a la que llamaron “bicicleta”, consistía en frenar el proyecto por un tiempo. Por esa maniobra recibiría una suma de diez mil dólares por mes “cajoneado”. La segunda opción la llamaron “Pick up”. Consistía en modificar el proyecto original y mantener el carácter no remunerativo de los vales pero declararlos inembargables. Por esa "pick up" recibiría una suma mayor a la anterior.
A la última alternativa, la denominaron “Mercedes Benz”. Significaba sustituir el proyecto por otro que consignara la obligatoriedad de otorgar tickets a empleados que cobraran menos de dos mil pesos. En ese caso, el pago del soborno sería de 20 millones de dólares en cinco pagos que se distribuirían de la siguiente forma: un 10% al presentar el proyecto, otro 10% si se aprobaba en la comisión, 20% si alcanzaba media sanción en diputados, 20% más si lograba sanción en senadores y el 40% restante una vez publicado en el Boletín Oficial.
