El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja condenó ayer por la tarde al ex juez federal de esa ciudad Roberto Catalán (foto) a la pena de 12 años de prisión y dictó prisión perpetua para el ex jefe del III Cuerpo del Ejécito, Luciano Benjamín Menéndez, que recibió hoy su decimotercera condena por crímenes de lesa humanidad.
Fueron 13 de los 15 acusados quienes resultaron condenados. Los jueces dictaron por mayoría la absolución del ex cabo del Ejército Ramón Roberto Rearte y del ex gendarme Domingo Claro Pérez, para quienes la Fiscalía había reclamado 15 años de prisión.
La pena impuesta al ex juez Catalán es considerablemente menor a la que habían requerido los representantes del Ministerio Público. Los fiscales Rafael Vehils Ruiz y Patricio Rovira habían pedido perpetua para el ex magistrado. La amplia diferencia entre la solicitud y el resultado del debate estuvo en la consideración que hicieron los jueces sobre la participación del ex juez en los crímenes más graves.
Así, mientras la Fiscalía entendió que Catalán fue autor material de privación ilegal de la libertad y tormentos y participe necesario en el homicidio de una víctima, y en los secuestros y tormentos aplicadas a otros diez, el tribunal por mayoría -jueces Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla- entendió que en esos casos el ex magistrado actuó como encubridor en el homicidio y en siete casos de tormentos. También, lo condenó como autor de asociación ilícita. En disidencia, el presidente del Tribunal, Juan Carlos Reynaga, votó con una postura similar a la del MPF y propuso una pena de 20 años de prisión al acusado, al entender que fue partícipe secundario en el homicidio y en la imposición de tormentos agravada, además de considerarlo autor de la asociación ilícita.
El fallo también fue dividido con las mismas posiciones para rechazar el pedido de la Fiscalía y de las querellas de nulificar las causas penales seguidas a las víctimas del terrorismo de Estado por violación a la denominada ley 20840, denominada "ley antisubversiva", que sirvió para formalizar la persecución ideológica y dotar de base "legal" a los secuestros. Casas y Jiménez Montilla indicaron que no se podían nulificar las causas porque durante el debate no se había "debatido ni acusado por prevaricato al imputado Roberto Catalán".
De 6 a 16
Las otras penas impuestas en la jornada de hoy -todas menores a las requeridas por la Fiscalía- fueron de 16 años de prisión para el ex jefe de la delegación local de la Policía Federal José Félix Bernaus; el ex oficial de Inteligencia del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 Eliberto Miguel Goenaga; el ex inspector en la Delegación local de la Policía Federal Roberto Reinaldo Ganem; el ex cabo del Escuadrón 24 de Chilecito de la Gendarmería Nacional Miguel Ángel Chiarello , y el ex capitán médico del Ejército Leonidas Carlos Moline.
El ex jefe de la compañía de Comando y Servicio del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 Hugo Norberto Maggi recibió 14 años de prisión, mientras que el ex cabo primero del Escuadrón 24 de Chilecito de la Gendarmería Nacional Nicolás Antonio Granillo, y el el ex director del Instituto de Rehabilitación Social Renardo Teodoro Sánchez fueron condenados a diez años de prisión.
En tanto, el ex vicecomodoro y segundo jefe de la Base Aérea de Chamical, Luis Fernando Estrella, recibió la pena de ocho años de prisión, al igual que el ex subcomisario y jefe del Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II de Chilecito, Miguel Ángel Ramaccioni.
La sentencia más baja dictada por el Tribunal esta tarde fue de seis años de prisión y correspondió al ex oficial de la Policía provincial, José Chelito Gay.
Disidencias y coincidencias
Con la misma mayoría, Casas y Jiménez Montilla decidieron regresar a la libertad, excarcelados, a todos los acusados a quienes había detenido para garantizar la presencia en el debate oral, por aplicación del artículo 366 del Código Procesal Penal, que habilita la detención por el tiempo que dure el juicio.
La misma mayoría también se impuso para dictar las absoluciones y en la mensuración de las penas a Chiarello, Granillo, Ramaccioni y Gay, para quienes Reynaga votó condenas más altas.
Por unanimidad, el Tribunal declaró que los crímenes juzgados son de la categoría de lesa humanidad y que "las mujeres que estuvieron detenidas en el marco de esta causa y que conforme a los testimonios vertidos en la audiencia de debate sufrieron algún tipo de vejamen o abuso sexual, fueron víctimas de actos que, según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-, constituyen formas de violencia contra la mujer". En ese sentido, tal como lo había pedido la Fiscalía, el tribunal dispuso comunicar la sentencia a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de La Rioja, al Consejo Nacional de la Mujer y a la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG).
"Un antes y un después"
El fiscal ad hoc Patricio Rovira declaró a Fiscales que "la sentencia es muy positiva", dado que Catalán "es el segundo juez condenado en la semana, que no es poca cosa, y se sigue avanzando con la investigación y condena de la responsabilidad civil en la Argentina". Y, en ese sentido, subrayó que el resultado de este debate "marca un antes y un después de lo que son los juicios de lesa humanidad en la jurisdicción".
Además, resaltó que a lo largo del juicio y en la sentencia quedó plasmado el carácter de la asociación ilícita que intervino en el plan criminal: "En este juicio había militares, policías federales y provinciales, gendarmes, servicio penitenciario y el juez federal. Es decir, estaba casi cubierta la gama de sujetos que participaron de la represión en La Rioja".
El fiscal, que indicó que se aguardará a los fundamentos -se darán a conocer el 28 de junio- para establecer los pasos a seguir, consideró que "la sentencia viene a dar un pasito más en este proceso de memoria, verdad y justicia y no es menor haber conseguido una sentencia como la que se consiguió. Evidencia que, más allá de los vaivenes políticos que puedan atravesar nuestro país, la justicia va a seguir trabajando y nosotros, desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, vamos a seguir buscando las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar".
