El fiscal Fernando Fiszer le solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Nº16 que condene a cuatro años y diez meses de prisión a una mujer acusada de administrar tres departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde varias mujeres ejercían la prostitución.
El delito que se le imputa a Miriam Viviana Ojeda es el de “explotación económica del ejercicio de la prostitución en forma reiterada”, que prevé una pena de entre cuatro y seis años de prisión. Las últimas palabras de la acusada están previstas para el próximo lunes 6 de junio y luego se conocerá el veredicto.
La causa comenzó el 10 de junio de 2013, cuando el encargado de un edificio ubicado en Recoleta, en la calle Rodríguez Peña, le dijo a un agente de la Comisaría 19º que en un departamento se ejercía la prostitución. Luego de darle intervención a la justicia de instrucción, el 2 de agosto de 2013 se allanó el lugar, con la intervención de la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, del “Programa de Acompañamiento Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas damnificadas por el Delito de Trata” y de la Dirección de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En el lugar, hallaron a cuatro mujeres, una de las cuales hacía las veces de recepcionista o encargada del lugar y el resto se dedicaba a la prostitución. En ese momento, había un “cliente” manteniendo relaciones sexuales con una de las jóvenes y poco después llegó otro. Ambos declararon durante el juicio y relataron cómo habían llegado al lugar: afirmaron que habían tomado contacto mediante una página web donde se ofrecían servicios sexuales.
Durante el allanamiento, llegó otra mujer, que aseguró que vendía ropa interior y productos de belleza, aunque no tenía nada de eso en ese momento. La mujer dijo que vivía en un inmueble ubicado en Recoleta, sobre la Avenida del Libertador, lo que despertó sospechas en los agentes que estaban realizando el procedimiento. Además, las mujeres que se prostituían en Rodriguez Peña aseguraron que “Miriam” explotaba otros dos lugares: uno en Palermo, sobre la Avenida Santa Fe mientras que el otro era el de Avenida Libertador. Esto se pudo corroborar mediante allanamientos en los dos lugares.
En su indagatoria durante la investigación, Ojeda negó tener conocimiento sobre lo que sucedía en los departamentos. Afirmó que ella se dedica a la cosmetología y que subalquilaba los inmuebles para que las chicas hagan esa actividad.
En su alegato, el fiscal relató que la imputada, ante las quejas que le hizo el propietario del inmueble ubicado en Rodriguez Peña, dijo que en lugar se hacían tratamientos capilares y que por eso ingresaban tantos hombres.
Fiszer detalló lo encontrado en los tres allanamientos: profilácticos, cuadernos con nombres de clientes y tarifas, geles lubricantes, cajas con dinero y puntualizó que no se encontró ningún producto relacionado con la cosmetología.
Según destacó el fiscal, durante el procedimiento varias de las mujeres que trabajaban refirieron que Miriam les dijo que en caso de un allanamiento declararan que todas trabajaban de forma independiente. También contaron que debían darle un porcentaje de lo que percibían por prostituirse. En el informe realizado por el Programa de Acompañamiento en base a las declaraciones de las jóvenes, se indicó que la imputada las convocó, contrató y regulaba su tarifa.
Para el representante del Ministerio Público, en el juicio quedó comprobado que Ojeda hacía más que subalquilar los departamentos como afirmó. La imputada pagaba las expensas, se hacía cargo de cualquier gasto o inconveniente en los departamentos y pasaba, como mínimo, dos veces por semana por cada uno de los inmuebles.
En el alegato, la Fiscalía manifestó que los teléfonos donde llamaban los clientes no estaban a nombre de la imputada y que tomaban “turnos” para varios domicilios. Además, ninguno de los celulares secuestrados le pertenecen a Ojeda sino a gente de su entorno. Fiszer sostuvo que la particularidad del entramado telefónico, donde las lineas que se usan para comunicarse con las mujeres y sus familiares no son las mismas que se daban a los posibles clientes, servía para dificultar la investigación. Incluso, las líneas destinadas a los clientes estaban a nombre de los propietarios de los departamentos o, directamente, de gente que no existía.
Luego, el defensor de Ojeda realizó su exposición y afirmó que la imputada participó de las ganancias de un hecho lícito, como es el ejercicio de la prostitución. Además de pedir la nulidad del primer allanamiento, algo que la fiscalía rechazó, le pidió a los jueces Inés Cantisani, Gustavo González Ferrari y Hugo Decaría que absolvieran a la acusada.
