En paralelo, y ante el próximo vencimiento de unos $1,919 millones en bonos, los asesores en reestructuración del Gobierno entablan “negociaciones formales” con los bonistas organizados de los bonos de Obligaciones Generales (GOs, por sus siglas en inglés) y aquellos de la Corporación para el Financiamiento del Impuesto a la Venta y Uso (Cofina), supo El Nuevo Día.
Según la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, las firmas asesoras contratadas por Puerto Rico -Millstein & Co., Cleary Gottlieb y Citigroup- reanudarán las conversaciones con los dueños de unos $900 millones en notas del BGF en los próximos días. Ello, a fin de intentar definir los términos económicos que regirán la transacción.
Diferencias
Partiendo de los términos del acuerdo inicial publicado ayer, el punto de contención parece estar relacionado a la compensación final que recibirían los integrantes del Ad Hoc-BGF, al intercambiar las notas interinas del agente fiscal por las que se emitirían bajo la renegociación general, sea el “superbono” o cualquier otra estructura.
El BGF aspira a no pagar más de 47 centavos por dólar a sus acreedores. Sin embargo, el acuerdo inicial entre las partes dice en una nota al calce que el pago de intereses en el intercambio general todavía está por decidirse.
“Esta es una transacción bien compleja que depende de muchos factores para completarse”, indicó Acosta Febo en entrevista con El Nuevo Día.
“Estamos hablando de un descuento bastante grande que los bonistas tendrían que aceptar y que habría que hacer en dos etapas, las notas interinas y después, ellos estarían obligados a entrar a la reestructuración grande”, explicó.
Alta tensión
La complejidad y la tensión que prevalecen en las negociaciones entre el Gobierno y sus distintos acreedores se ha vuelto tema constante en las múltiples conversaciones que este diario sostiene con analistas, asesores, banqueros de inversión y oficiales de la administración de Alejandro García Padilla.
De un lado u otro, fuentes de este diario relatan que llegar a acuerdos es cuesta arriba. Unas fuentes hablan de los recortes “risibles” de principal que quiere el Gobierno. Las fuentes vinculadas al Gobierno hablan de los “caprichos” que levantan los bonistas. Y las fuentes de ambos lados se quejan de “la millonada” que se gasta en cabilderos para avanzar causas políticas en Puerto Rico y la capital federal.
A preguntas de El Nuevo Día, Acosta Febo indicó que tienen 30 días para acordar los puntos restantes con el Ad Hoc-BGF.
Sin embargo, según Acosta Febo, superada esa etapa, “en el mejor de los casos y si el 100% de los bonistas del agente fiscal acepta el recorte de 53% que quiere el BGF, la transacción se completaría entre septiembre y octubre de este año”.
A merced de acreedores y jueces
“Quiero que comprendan lo difícil que es un acuerdo voluntario. Lo complicado que va a ser un acuerdo voluntario”, dijo por su parte García Padilla, quien ayer invitó a todos los bonistas a participar de un proceso de renegociación de la deuda.
Desde La Fortaleza, acompañado de su equipo fiscal, García Padilla dijo que Puerto Rico está “a merced de una negociación voluntaria” con los bonistas. Ello, a menos que el Congreso federal actúe y viabilice un mecanismo de ley para reestructurar la deuda pública.
“Las consecuencias van a ser litigios. Tenemos que preocuparnos más que por los litigios, por las consecuencias de los litigios. Esto lo van ver jueces de aquí y de afuera. (Es decir, jueces) federales y locales en Puerto Rico, y en otras partes de Estados Unidos. Quedamos a merced de ese tipo de decisión. Quedamos a merced de una negociación voluntaria”, destacó.
Según García Padilla, a la fecha, ha sido su pluma la que ha garantizado el pago de la nómina de los empleados públicos y los servicios esenciales, al activar la Ley de Moratoria.
Acto seguido, García Padilla achacó a “la politiquería” el caos actual. “Este proceso nos ha servido para comprender que el Congreso de los Estados Unidos no tiene menos mezquindad política que nuestra esfera política puertorriqueña”, dijo el mandatario, quien catalogó de “racistas e inhumanos” a los políticos en la capital federal.
A preguntas de este diario, Acosta Febo aceptó que las negociaciones son “difíciles”, en parte por la falta de un mecanismo de resolución de deudas, pero no quiso entrar en detalles.
De igual forma, cuando este diario le preguntó acerca de las negociaciones entre los grupos Ad Hoc de bonistas de GOs y Cofina, Acosta Febo indicó que no podía emitir comentarios.
“Hay cosas que puedes entenderte con Jim (Millstein, el asesor de reestruturación del Gobierno) y eso lo tiene que aprobar el gobernador”, explicó una de las fuentes al agregar que en el caso del BGF, hubo que esperar “semanas” hasta que el gobernador diera su visto bueno. “Siempre ha habido interés de negociar, pero si (García) Padilla está pendiente a lo que diga el Congreso no se avanza”, dijo la fuente, que pidió anonimato.
El impago no resuelve el asunto
Según el economista Orlando Sotomayor, uno de los escollos más grandes para renegociar la deuda pública estriba en adjudicar a ese proceso demasiado peso en la política económica.
“El impago y renegociar la deuda es inevitable, pero no es la salida”, explicó el catedrático de Economía en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.
Según Sotomayor, ante la renuencia del liderato local de hacer las reformasnecesarias por ser “políticamente costosas”, se espera que vengan “los americanos a resolver el problema”.
Sotomayor indicó que el impago del BGF es un evento importante, pero este no afectará tanto la vida de la gente como las prácticas insostenibles que se han llevado a cabo por décadas.
“Lo que verdaderamente cambió a Puerto Rico fueron las prácticas que adoptaron a causa de la falta de literacia económica de nuestros gobernantes”, agregó el economista.
Solución lejana
Sergio Marxuach, director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía (CNE), indicó que el ejemplo más reciente del rumbo duro y escabroso de renegociar la deuda es el acuerdo con el grupo Ad Hoc-BGF.
“Eso solo nos puede tomar un año si no hay ningún tipo de legislación que permita ir al tribunal”, dijo.
Según Marxuach, si bien García Padilla pide acción congresional, al presente, el proyecto HR 4900 no provee alternativas reales para atender el escenario de impago que le espera a Puerto Rico.
A manera de ejemplo, explicó que crear la junta de control fiscal e implementar el proceso de renegociación que provee el HR 4900 tardaría entre 18 meses y dos años. Empero, el proyecto congresional solo otorgaría una suspensión automática de litigios por espacio de 9 meses.
A preguntas de El Nuevo Día en torno a la viabilidad de que se enmiende el HR 4900 para que el proceso de renegociación sea útil, Marxuach indicó que el proyecto ahora se discute desde la polarización que prevalece entre demócratas y republicanos, por lo que las enmiendas podrían estar inclinadas hacia el lado republicano pero ello resultaría en el rechazo de los demócratas.
En estas circunstancias, Marxuach sostuvo que Puerto Rico debiera tomar acciones que abonen a su credibilidad y ello podría comenzar con aprobar legislación que establezca un conjunto de reglas de balance fiscal de cara al próximo presupuesto.
(El Nuevo Día, P. R.)
