El encuentro, pautado a partir de una nota presentada el 19 de abril por las organizaciones sociales, se desarrolló a partir de las 17 con la presencia de los afectados y de los diputados de la Comisión, pero con la ausencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial citados. Por Agencia Periodística Timbó
El presidente de la Comisión, diputado Orlando Charole, en la introducción a la reunión lamentó la ausencia del Procurador General, doctor Jorge Canteros, del Ministro de Seguridad, doctor Martín Nievas, y del intendente de Pampa del Indio, Gustavo Karasiuk, invitados que podrían haber brindado una imagen panorámica del conflicto a tratar.
A su vez, dijo: “En las causas que aún están en curso en General San Martín hay aproximadamente cerca de 70 citados, imputados, procesados. De manera que tenemos 70 hermanos indígenas, creo que podemos utilizar la palabra, perseguidos. Porque el origen de todos estos procesamientos es por reclamo de agua, por reclamo de tierra, vivienda, comida. Entonces por cortar una ruta los barrieron, los procesaron y están al borde de un Juicio Oral para condenar, con todo el filo del Código Penal, a gente realmente humilde. En la Comisión de Derechos Humanos estamos preocupados. En función de eso hemos citado a estos funcionarios que este día no se presentaron”.
Sin embargo, se encontraban en el recinto las diputadas y diputados Mariana Salom, Carlos Martínez, Raúl Acosta y Roberto Bracone y el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos Néstor Omar Sotelo. Además se contó con el Director Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, Matías Garrido, el Director Nacional de Pluralismo e Interculturalidad, Julio Croci, el Director Nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual, Diego Borisonik y el Coordinador para el NEA del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Nación, Esteban Díaz, que también escucharon los testimonios de los dirigentes y miembros de las comunidades qom judicializados.
Testimonios: después de la represión, la judialización
En primer lugar, tomó la palabra Sixto Berdún y relató detalladamente la lucha de su familia por 130 hectáreas en las que viven desde hace más de 60 años. En el 2010, luego de varios conflictos con una señora que reclama la tierra esgrimiendo un título de propiedad, intentaron desalojarlos en dos oportunidades.
Posteriormente los judicializaron y los encerraron durante 10 días. Tras la lucha de las organizaciones indígenas se logró la Ley de Expropiación de una parte de la tierra y la liberación de los hermanos. Sin embargo, sigue su curso una causa penal por usurpación, coacción agravada por el uso de armas, entre otras cosas, contra los hermanos y cinco personas que estuvieron el día del desalojo.
“Son 130 hectáreas y salieron 82. Y ahora, como estoy acá, sigo reclamando el pedazo de tierra que falta, porque nosotros siempre ocupamos esa tierra. En ese momento estaba vigente la Ley N° 26.160 que dice que no se pueden hacer desalojos, pero igual se hizo. Estamos preocupados por nuestra causa, queremos que se cierre. Porque nosotros no nos fuimos a robar, no fuimos a matar, ¿cómo puede ser que me metan preso por una tierra que es nuestra?”, enfatizó Berdún.
Por su parte, Víctor Gómez, presidente de la Federación Nacional Campesina, explicó: “Desde el 2000 que nosotros veníamos luchando por el tema del agua, comida, producciones. Porque nosotros no queremos emigrar a otra provincia, porque tenemos hijos, nietos. Yo tengo 6 causas en General San Martín por cortar la ruta. Sabemos que no es lindo estar cortando la ruta, pero el gobierno no responde, responde la represión a las comunidades indígenas”.
El 19 de febrero de 2014 la comunidad que se encontraba cortando la ruta provincial N° 3 en reclamo por la falta de agua fue duramente reprimida. “Dispararon balas de goma y tiraron gas. Fuimos a la vera del camino, igual nos perseguía la policía”, contó Gómez y agregó: “El fiscal arma causas, el fiscal Sorabella es enemigo número uno para los indígenas. Cuando entró Bacileff Ivanoff mandó a la policía, menos mal que no hubo muertos, porque estábamos reclamando agua, comida. Y hoy tengo 6 causas. La esperanza era que hoy, si vienen el Procurador General y el Ministro, íbamos a tener novedad. Tenemos que volver con novedades”.
Los testimonios continuaron refiriéndose a otra manifestación del Pueblo Qom en Pampa del Indio, esta vez el 11 de julio de 2012, en reclamo al cumplimiento de los derechos al alimento, agua y trabajo, que también fue atacada violentamente. También hubo represión policial, detenciones y judicialización.
Napoleón Tomás informó: “Yo fui uno de los detenidos en ese momento, incomunicado por varias horas. Acá me acompaña el tío Peñaloza que sufrió la parte de malos tratos y Simón González. Cinco fuimos separados en dos comisarías a más de 100 km alejados de nuestras comunidades y nadie sabía dónde estábamos. Fue prácticamente un secuestro lo que hemos sufrido”.
En esta oportunidad, Natalio Romero, del Movimiento Indígena Cacique Pedro Martínez, fue otro de los agredidos. “Me agarraron una madrugada, hacía frío, había chicos que dormían debajo de carpas, quemaron cosas que nosotros teníamos, quedaron secuestradas mesas, carpas, ollas. La única respuesta que recibí fue que me secuestraron. El fiscal Sorabella que hoy aplica las causas violentas en contra de la comunidad nuestra, llamaba al comisario de turno en Pampa del Indio y le decía: ‘Llévenme 90 días a la Alcaidía a este muchacho’. Las causas judiciales hicieron una ensalada, lo mezclaron y acá estamos a punto de ser enjuiciados”, dijo Romero.
Y agregó: “Creo y confío en los jurados de los Derechos Humanos, les pedimos con el corazón en la mano, que puedan intervenir. Al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de nuestra legislatura, confiamos, amigos y compañeros, que puedan intervenir sobre estas causas. ¿Por qué estamos sometidos a una intervención donde hoy padecemos la falta de agua? Lo que la Justicia tenía que hacer era acompañar el petitorio de la comunidad indígena y no perseguirla”.
Derechos indígenas, derechos humanos
Para finalizar con sólo algunos de los testimonios que se pudieron exponer, Wilson Lorenzo, enfermero de la comunidad qom de Pampa del indio, leyó un documento creado junto a los dirigentes de las organizaciones e imputados presentes. En el mismo, se realizaba un racconto desde los tiempos de la conquista, pasando por la colonización del territorio qom por parte del mundo occidental hasta llegar a la actualidad, en la que aún se perpetúan el avasallamiento económico, político, cultural de los Pueblos Indígenas.
“Como dirigentes de la comunidad de la localidad e Pampa del Indio desde el año 2000 en adelante, comenzamos con una larga lucha de reclamos por nuestros derechos, recurrimos a todas las instituciones gubernamentales, al Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, etcétera, con respeto a todos los procesos administrativos que requieren. Hemos esperado hasta que nos sacaron lo más vital y valioso para la vida, que es el agua, lo que nos da a entender que quieren eliminarnos desde el punto de vista humano. Porque teníamos el río, nos pusieron la barrera. No conseguíamos agua, ¿quién se tiene que hacer cargo? El Estado tiene que dar solución. No toleramos ni tampoco vamos a permitir la prohibición del derecho de consumir tal elemento vital. No venimos de ideología delictiva ni sospechosa, como nos han caratulado. No vamos a permitir que nos saquen lo poco que tenemos y nos queda como Pueblos Originarios: cultura, creencias, costumbre, nuestro ser de autonomía original como condición humana que perdurará en el tiempo”, expresaron en el texto leído por Lorenzo.
Además, aclaraban: “Si cortamos una vía de comunicación terrestre, para el conocimiento y organización política del Estado, es un delito. Pero para nosotros, que no interpretamos leyes arbitrarias, entendemos que es una manifestación hacia el Poder Ejecutivo e instituciones que correspondan, quienes deberían atender nuestros reclamos. Es simplemente eso: ir, atender y escucharnos”.
Por último, se expresaba: “Solicitamos a la Comisión de Derechos Humanos provincial y nacional intervengan de manera urgente los procesamientos de nosotros como dirigentes indígenas. Solicitamos el desproceso final de todos, buscar una manera de protección jurídica para los Pueblos Indígenas”.
En la segunda parte de la reunión, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos volvieron a expresar su preocupación por la grave situación que atraviesa el Pueblo Qom en Pampa del Indio. Por un lado, la judicialización de la protesta social. Por otro lado, el origen de esos reclamos: la falta de agua, alimento, territorio, vivienda, trabajo.
El diputado Carlos Martínez tomó la palabra y manifestó: “Creo que hay que resguardar la libertad, no tiene que ser privada una persona por luchar por derechos que ya le correspondían. Si le decimos al Ministro de Seguridad o al intendente Karasiuk ‘¿tiene una persona que perder la libertad por pelear por sus derechos?’, creo que nos tienen que decir que no. Quiero hacer el compromiso de trabajar aquí en la Comisión, porque creo que está en manos del Ejecutivo y sobre todo de nosotros, el Poder Legislativo, dar una respuesta”.
Se acordó entonces una reunión para el martes 3 de mayo, volviendo a citar a los funcionarios ya convocados para esta ocasión, pero también generando una respuesta desde la Comisión de Derechos Humanos. Los diputados se comprometieron a hacerse de todos los expedientes judiciales y a reunir a asesores y abogados para elaborar una propuesta.
En esta línea, Martínez apuntó: “Vamos a luchar por la libertad de ustedes y tenemos una propuesta para que la libertad de ustedes sea sagrada y no sea perturbada por luchar por derechos. Porque creo que es el tema más urgente. Después por supuesto tenemos que elaborar una estrategia con los legisladores para seguir avanzando en el tema de tierra, de agua. Tenemos que adelantarles que el compromiso es que nadie en esta provincia vaya preso por reclamar el derecho al agua, a la alimentación”.
Néstor Sotelo, subsecretario de Protección de Derechos Humanos, se manifestó conforme con lo dispuesto y, a su vez, hizo un importante anuncio sobre la causa por la muerte del líder qom Mártires López, presidente de la organización Unión Campesina, que falleció el 14 de junio de 2011 en dudosas circunstancias.
“Quiero recalcar que apareció un nuevo elemento en la causa de Mártires López que tiene que ver con la historia clínica. Los que venían trabajando esta temática saben que nunca apareció, es un elemento nuevo que hemos podido rescatar. Y que a partir de allí se generan una serie de dudas que nos dan los argumentos necesarios, y lo estamos trabajando, para que en un breve período de tiempo volvamos a pedir la reapertura de esa causa justamente porque hay nuevos elementos que podrían dilucidar qué realmente pasó con Mártires López. La Subsecretaría de Derechos Humanos está trabajando en ese tema”, enfatizó Sotelo.
