El titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia N°2 de Bahía Blanca, Horacio Castaño, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, solicitaron el procesamiento de cuatro hombres acusados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en una serie de prostíbulos y locales ubicados en la localidad de Ingeniero White.
Entre los imputados, figura un prefecto en actividad y otro retirado quienes, junto al principal imputado y ex dirigente de un club de futbol de Ingeniero White, ya tienen causas elevadas a juicio por el mismo delito en los prostíbulos “Night Club Kaos” y “Las Vegas”.
Para los representantes del Ministerio Público, uno de ellos sería dueño del boliche “Bar Broadway” y otro quien habría administrado la parrilla "El Gran Chaparral”, que luego del cierre se convirtió en un prostíbulo. Ambos negocios estaban ubicados en una playa de camiones y habrían competido entre ellos. A partir de la investigación, se estableció que los pases se habrían realizado en los camiones o en un hotel de la zona.
Los hechos habrían ocurrido desde una fecha desconocida hasta 15 de abril de este año, cuando se realizaron los allanamientos, que se practicaron simultáneamente con otra causa por el mismo delito en el bar “Punta Alta”, también en la misma zona, y donde fue imputado el principal acusado como explotador. Como consecuencia, esa madrugada fueron rescatadas en total 25 mujeres en situación de vulnerabilidad, en su mayoría de nacionalidad chilena, dominicana, paraguaya y argentina.
Se trata de una banda organizada que estaría involucrada en el circuito prostibulario local y que habría actuado en connivencia policial ya que, a través de la investigación, se estableció que existieron mensajes de aviso para advertir los procedimientos.
“Los bares o restaurantes no eran más que la forma de intentar disimular los ‘prostíbulos’, siendo las mujeres que se ofrecían o vendían allí el motivo por el cual acudía la clientela, casi exclusivamente formada por camioneros”, aseguraron los fiscales en su dictamen.
El dueño del local Broadway contó para esto con la colaboración, al menos de dos personas: un prefecto en actividad y con el principal acusado, quien le cobraba el alquiler del local.
A partir la investigación, los fiscales le solicitaron al Juzgado federal N°2 el procesamiento con la prisión preventiva de los cuatro acusados.
El caso
La pesquisa se había iniciado el 13 de febrero de 2014, a raíz de un llamado anónimo recibido en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que daba cuenta de la existencia de un posible caso en la localidad bahiense de Ingeniero White.
Durante la comunicación, indicaron que mujeres menores de edad habrían sido trasladadas desde Bolivia, Paraguay y la provincia de Salta dentro de camiones de cereales con fines de explotación sexual. El denunciante agregó que las jóvenes habrían sido entregadas por $40.000 a un hombre de aproximadamente 40 años, quien, además, fue identificado como dueño de un prostíbulo en la zona del puerto, solapado como negocio de venta de bebidas.
Al contrastar estos datos, la Protex pudo dar cuenta que el acusado ya había sido imputado en otra causa por el mismo delito, aunque la nueva denuncia informaría acerca de hechos novedosos. De esta manera, se pudo saber que saber que sería dueño de varias propiedades, como el local “Night Club Kaos”, allanado en 2012.
En junio de 2014 se envió una nueva denuncia anónima recibida en la línea 145, en la cual se advertía sobre el funcionamiento del prostíbulo llamado “Kaos” y de donde una joven menor de edad se habría escapado gritando y pidiendo ayuda porque la tenían encerrada. Si bien el local había sido clausurado unos meses antes, seguiría funcionando “a puertas cerradas”. El dueño sería el mismo imputado.
A partir de la investigación, se pudo saber que “Kaos” efectivamente funcionaba encubiertamente, ya que se encontraba cerrado desde el allanamiento llevado a cabo en mayo de 2012 y que el imputado estaría relacionado con el bar “Unión”, que sería administrado por su hermano.
Luego de una serie de medidas sugeridas por el MPF, se constató que el hombre se encuentra ligado al transporte de cargas y que tiene “cuantiosos contactos policiales y políticos” y de vez en cuando hace referencia a alguna cuestión vinculada a los cabarets y se cuida de hablar en “código”. Simultáneamente, se comprobó la situación patrimonial de los hermanos, obteniendo como resultado que eran titulares de vehículos, parcelas, inmuebles y cuentas bancarias, así como un una información de ARBA que informó que el principal imputado en la causa explotaba el negocio de “servicios de cabaret” desde 1993. Asimismo, se pudo acreditar que le hombre sería dueño de los prostíbulos denominados “Broadway” y “El Burlesque”, donde se estaría cometiendo el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, que las víctimas rotarían entre ambos boliches y que existiría una conexión entre todos los sujetos investigados y como consecuencia solicitaron el allanamiento de todos los locales. Sin embargo, el juzgado consideró “prematuro” el pedido y ordenó profundizar la investigación.
Esto no hizo más que abonar la sospecha de la fiscalía ya que se confirmaron los vínculos de tres de los imputados así como se descubrieron mensajes de aviso los días de los allanamientos lo cual ratificó la teoría de la connivencia policial y política con la que actúan.
Finalmente, se pudo ratificar que los hermanos tenían conocimiento del circuito prostibulario local y que luego del allanamiento en uno de los prostíbulos, “El Gran Burlesque”, el delito varió por miedo a ser descubiertos y que muchos ex empleados de Prefectura comenzaron a trabajar como personal de seguridad de prostíbulos.
