Designada como depositaria judicial al resguardo de los bienes del local e incluso a cargo de los hijos de la pareja que la explotaba –quienes actualmente se encuentran detenidos-, tras un informe socio-ambiental la víctima fue acusada de ser la responsable del faltante de piezas de las máquinas de coser.
El fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, solicitó el sobreseimiento de una víctima de trata que había sido explotada en un taller clandestino. La mujer fue rescatada, junto a otras dos personas, luego del allanamiento en la fábrica llevado a cabo el 3 de septiembre de 2015.
En esa oportunidad, también quedó detenida la pareja presuntamente responsable del delito. Con posterioridad, la víctima fue designada depositaria judicial de las máquinas del lugar, al tiempo que quedó al resguardo de los hijos de la pareja detenida.
A partir de un informe socioambiental de la vivienda, se detectó que había faltantes en partes de las maquinarias y que además no estaban las fajas con las que se habían inhabilitado a las máquinas. Lo que originó la causa fue la orden del juzgado de extraer testimonio de la víctima, frente a la posible comisión del delito de violación de sellos ante la sospecha de que había roto y descuidado unas máquinas de coser, días después de ser rescatada.
Frente a esta situación, el fiscal consideró que “impulsar la acción penal contra la víctima por no haber conservado debidamente las fajas con las que se inhabilitaron las maquinarias con las que fue explotada laboralmente a pocos días de su rescate, e incluso, estando al cuidado de los hijos de quienes fueron responsables de su explotación y sobre lo cual manifestó al personal policial la dificultad económica por la que atravesaba para su manutención, constituye un sufrimiento adicional que contraria los principios que regulan el deber del Estado Argentino en garantizar la asistencia integral y la protección a las víctimas que marca el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la legislación nacional antes citada”.
Gómez Barbella consideró que impulsar la acción penal contra la víctima por no haber conservado debidamente las fajas con que se inhabilitaron las máquinas constituye un sufrimiento adicional que contraria los principios que regulan el deber del Estado Argentino en garantizar la asistencia integral y la protección a las víctimas.
Por ese motivo, y considerando que la misma Ley de Trata sostiene que no se puede revictimizar a una víctima imputándola de otro delito, el fiscal solicitó su sobreseimiento.
Con respecto a la pareja detenida, fueron procesados con prisión preventiva el 21 de septiembre de 2015. Se les imputa haber viajado a su país de origen, Bolivia, para captar a tres víctimas en situación de vulnerabilidad, para luego explotarlas laboralmente en el mencionado taller. Una vez allí, debieron realizar jornadas de hasta 14 horas sin descanso, durante casi los siete días de la semana, sin recibir salario alguno. Al confirmar los procesamientos, la sala III de la Cámara Federal consideró que los imputados habían impuesto a las víctimas una rutina "que consistía en trabajar y dormir, imponiendo unas condiciones de vida donde resulta dificultoso tomar decisiones vitales como, por ejemplo, encontrar otro medio de subsistencia".
