En el texto, dirigido contra el hasta ese momento director del semanario, Juan Pablo Larraín -hoy director de La Tercera-, el editor general, Francisco Aravena, y los periodistas Rodrigo Vergara y María José Tapia, a través de su abogado, Juan Pablo Hermosilla, la jefa de Estado pide una pena de tres años de cárcel para los cuatro profesionales y el pago de una multa de 150 Unidades Tributarias Mensuales -$ 6,8 millones al valor de junio- además de las costas del juicio. En el caso de Vergara y Tapia, en todo caso, el representante de Bachelet plantea en la querella que se les considera “autores debido a que son quienes redactaron la nota publicada en el sitio web de la revista el 26 de mayo. Ahora bien respecto a la nota de la edición impresa, ésta no señala qué periodista o periodistas la habrían redactado”.
Es en este último artículo en el que se funda la acción judicial, específicamente en la nota (Ojos de la llave) titulada “Los secretos de Juan Díaz, el operador de Caval” que fue parte de la edición del viernes pasado de la revista y en la que se refiere a grabaciones de diálogos telefónicos realizados por el OS9 de Carabineros al operador político Juan Díaz. En uno de los registros se alude a Bachelet como una de los gestoras de un crédito.
“La edición maliciosa que crea un relato injurioso a mi representada se desprende del hecho de validar tácitamente los dichos de Juan Díaz, al titular de la referida forma la nota, al hablar de ‘secretos’ del mismo modo como algo cierto, no relativizando su veracidad en parte alguna”, dice la querella.
Asimismo y aunque la misma mandataria -en un punto de prensa en París en el que no aceptó preguntas-, como el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, y el ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, insistieron ayer en que la querella se presenta “como ciudadana y no como Presidenta”, en el escrito, para justificar la gravedad de las supuestas injurias y calumnias, se plantea que “en virtud del cargo que actualmente detenta mi representada, racionalmente hacen que merezcan la calificación de injurias graves, las contenidas en la nota periodística”.
En la misma línea, entre los medios de prueba que ofrece la defensa de la Presidenta están como testigos el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz; la jefa de gabinete de la Gobernante, Ana Lya Uriarte -quien en 2012 prestó servicios a Caval-, y al periodista Ascanio Cavallo, actual asesor del ministerio de Relaciones Exteriores para el juicio en La Haya con Bolivia.
La materialización de la querella generó ayer un amplio debate sobre si la acción supone o no un atentado a la libertad de expresión y de prensa.
