El secretario Avruj, por su parte, dijo Télam que "son 26.500 los expedientes incompletos y sin procesar heredados del gobierno anterior" y subrayó que "están siendo ordenados y sistematizados, con la premisa de dar prioridad a las situaciones de necesidad y a los beneficiarios de mayor edad".
"Nuevamente hemos sido ninguneados por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que nos citó para las 8.30 a una audiencia en la Secretaría, pero nadie nos recibió", dijo a Télam Rubén Fourcade, vocero de un nucleamiento denominado "Ex presos políticos víctimas del terrorismo de Estado autoconvocados", que había llamado a marchar a las 11 de hoy hasta la sede del organismo, en la calle 25 de Mayo 544 de la CABA.
El Secretario, en cambio, afirmó que los demandantes "nunca pidieron audiencia, no había previsto una para hoy, y tampoco quisieron hacerlo cuando se les pidió que formalizaran un pedido en mesa de entradas para poder ser atendidos como corresponde y es estilo de la Secretaría".
Según Fourcade, "desde que asumió el actual gobierno están de hecho paralizados más de 30 mil expedientes de las leyes reparatorias, entre ellos más de 6.500 de la ley 26.913 e incluso unos 800 expedientes con dictamen favorable, que van y vienen entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, sin que hayan otorgado en ningún caso la reparación que marcan las leyes".
"Ellos sostienen que la parálisis deriva de que existe un 'cuello de botella' y que falta de personal con firma autorizada, pero lo primero que hicieron es quitarle esa atribución a funcionarios de la Secretaría que tenían firma para mover los expedientes, aunque la última palabra sobre la prueba reunida en cada expediente la tiene el Ministerio de Justicia, que a su vez tampoco cumple su papel en cuanto a estas leyes", aseveró. El vocero opinó que estos hechos indican "una voluntad política gubernamental de incumplir las leyes reparatorias, no tenemos ninguna duda".
Avruj, en tanto, remarcó que "este gobierno trabaja para cumplir con todas las leyes existentes, afronta una situación heredada y ha cambiado personal en búsqueda de mayor idoneidad, de manera de poder ascelerar todos los expedientes".
Fourcade informó además que en el día de hoy se reunirían en el CELS con su presidente Horacio Verbitsky y con abogados del citado organismo de derechos humanos, para "estudiar una posible acción de amparo" colectiva y la eventual invitación a veedores internacionales para que constaten el "incumplimiento de las leyes reparatorias" en la Argentina.
Luego de una breve asamblea realizada a las puertas de la Secretaría de DDHH, en el microcentro porteño, los concentrados se dirigieron hasta el Obelisco porteño, lugar en donde debatieron los próximos pasos a dar en su reclamo.
La ley 26.913 de Reparación Histórica -también llamada Ley Scalet- fue sancionada a fines de 2013 y garantiza una pensión graciable a las víctimas de encarcelamiento o detenciones ilegales por razones políticas. Entre las leyes reparatorias, la 24.321 otorga certificado de "ausencia por desaparición forzada"; la 24.411, reparación por desaparición forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado; la 24.411, reparación a ex detenidos políticos y la 25.914, a personas nacidas durante el cautiverio de sus madres, víctimas de supresión de identidad e hijos de fallecidos o desaparecidos por razones políticas.
