1. La conmemoración de los dos siglos de la declaración de la independencia política es una buena oportunidad para reflexionar sobre la justicia, aunque el tema requiere algunas precisiones, puesto que se trata de una palabra cuyo abuso fue paralelo a su deterioro semántico.
Para no perdernos en los complejos vericuetos de la filosofía jurídica y no jurídica, bueno es partir de un sintético texto histórico que se quiso sepultar en el olvido: una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana (Preámbulo de la Constitución de 1949).
Empecemos por uno de los múltiples sentidos de la palabra: la justicia social.
Sin soñar con la igualdad utópica –que no era el propósito de los autores del texto de 1949- podemos entender por tal una nación en que la distribución de riqueza no sea demasiado desigual y que, además, permita una ciudadanía real, es decir, que garantice condiciones mínimamente dignas de alimentación, trabajo, salud y educación, que con el respeto debido a todo ser humano como persona (ente con autonomía moral), permita su existencia (que cada uno pueda llegar a ser lo que elija ser).
Este primer objetivo de la fórmula sintética de 1949 no es independiente de los otros dos, sino que se entrama con ellos en forma inextricable.
Una nación económicamente libre y políticamente soberana es la mejor definición de una nación independiente, porque ambos términos son requisitos de la independencia. Su antónimo es el colonialismo, entendido como explotación foránea de sus habitantes y, por ende, condicionante de una nación socialmente injusta.
Otrora el colonialismo consistía en la directa ocupación policial del territorio de la nación colonizada, lo que para nosotros terminó hace ahora dos siglos. Lo sucedió el neocolonialismo, que se ahorró esa tarea, explotándonos primero a través de nuestra oligarquía; más tarde se valió del poder de nuestras propias fuerzas armadas, previo entrenamiento de nuestra oficialidad con el discurso legitimante del colonialismo europeo en África y Asia (la ideología se seguridad nacional).
Hoy vivimos un nuevo momento de poder planetario, en que la política tiende a ser deglutida por la economía o, mejor dicho, por las inmensas corporaciones transnacionales, al tiempo que tiende a desaparecer la explotación laboral, reemplazada por la exclusión de una masa de descartables que el capital financiero no necesita para su reproducción y que se van volviendo molestos, con riesgo de una necropolítica.
Hace pocos años la Suprema Corte de Estados Unidos declaró inconstitucional la limitación de los aportes de personas jurídicas a las campañas electorales, pese a la inútil y no habitual protesta de Obama ante las Cámaras legislativas. Esto significa que, en la más antigua democracia de América, las multinacionales pueden crear presidentes.
Como es sabido, en los Estados Unidos los jueces son nombrados políticamente, o sea, por el presidente con simple acuerdo del Senado. Algunos estados siguen igual criterio o bien, son elegidos por voto, previa campaña electoral, lo cual, aunque diferente, también es una nominación política.
Si las corporaciones pueden financiar campañas presidenciales o de gobernadores y éstos nombran a los jueces, las primeras pueden condicionar la nominación de jueces proclives a beneficiar sus intereses.
La Argentina contrae deudas sometiéndose a la jurisdicción de esos jueces, o sea, que nos sometemos a una justicia que parece destinada a ser condicionada por el poder financiero. Es bastante claro que esto cedemos soberanía política e independencia económica: la jurisdicción es un atributo de la soberanía y, además, nos estamos sometiendo a una extraña jurisdicción que, por añadidura, puede ser condicionada por el poder financiero. En síntesis: negamos nuestra independencia.
Como las corporaciones transnacionales sólo tienen interés en la reproducción de su capital, nuestro desarrollo humano, es decir, nuestra distribución algo equitativa de riqueza y por ende, nuestra justicia social, queda totalmente desprotegida.
Si volvemos a los tres requisitos del Preámbulo de 1949, resulta que los dos últimos (independencia económica y soberanía política) no sólo se reclaman, sino que el primero (justicia social) requiere de los dos últimos como presupuesto indispensable, dado que ninguna colonia puede constituir una nación socialmente justa.
2. Sigamos ahora con otro sentido de los múltiples que suelen asignarse a la voz justicia: el de Poder Judicial. Aquí se vuelve polisémica la voz independencia, con la famosa independencia judicial.
Es obvio que en una República nadie quiere que sus jueces sean manipulados. Pero como lo muestra el ejemplo de lo sucedido en la primera democracia del mundo contemporáneo, no sólo se trata de evitar la manipulación dentro del mismo estado, sino también de prevenir muy celosamente la de las corporaciones transnacionales.
Los jueces no pueden ser independientes de los estados, porque son parte de ellos, siendo su deber propulsar los objetivos de independencia, o sea, de resistencia al colonialismo.
La independencia judicial es una separación dentro del propio estado, en procura de un control recíproco que impida las desviaciones del objetivo de independencia, como presupuesto de la justicia social.
Es bastante obvio que un Poder Judicial que no comparte los objetivos estatales de independencia (económica y soberanía política) constituye un grave obstáculo para toda nación que pretenda ser socialmente justa.
Por el contrario: corresponde al propio Poder Judicial erigirse en custodio de esos objetivos frente a cualquier desviación, precisamente porque para eso se le garantiza su autonomía que, de lo contrario, carece de todo sentido.
Para tal efecto, es menester que los jueces y los juristas en general, se hallen entrenados para ser conscientes del riesgo de manipulación, tanto de los otros poderes cuando se desvíen de los objetivos de la independencia, como por parte de las presiones corporativas transnacionales que avanzan deglutiendo a la política.
3. Siempre que alguien hace uso de la polisémica expresión justicia, por lo general la vista se dirige a los juristas. No obstante, por lo menos cuando se trata de la justicia social y del Poder Judicial, los juristas tienen poco que decir, salvo la forma de decirlo.
En efecto: construir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana y un Poder Judicial funcional a esos objetivos, no es una cuestión que deban resolver los juristas o, al menos, en modo alguno sólo ellos.
Se trata de uno de las más delicadas cuestiones de ingeniería institucional, en que debe converger el saber de múltiples disciplinas (ciencia política, sociología, economía, psicología social, etc.) y, en definitiva, dada su naturaleza política, debe ser discutido por toda la ciudadanía.
No hay solución institucional milagrosa, pues toda normativa puede corromperse, como sucedió con la Constitución de Weimar, que nadie derogó y, por ende, permaneció formalmente vigente durante el nazismo.
No obstante, no puede negarse que la regulación institucional erige obstáculos a cualquier desviación de los objetivos del estado, lo que no puede subestimarse.
Si bien la ingeniería institucional no puede contener un Tsunami, tampoco es cuestión de permitir que la más leve brisa haga añicos la independencia y, con ella, los más elementales requerimientos de la justicia social.
Pensar en la mejor manera de crear esos obstáculos es la tarea más urgente que nos imponen las siniestras y sutiles características que asume el poder en el presente siglo.
Muchas veces estas iniciativas mueven a risa, pero cabe siempre tener presente la observación de John Stuart Mill: Todos los grandes movimientos, inevitablemente, conocen tres estadios; el ridículo, el debate, la aceptación.
*Publicado en Independencias
