Los acusados son 3 penitenciarios que pretendían la prescripción del crimen eludiendo sus responsabilidades como funcionarios públicos.
Sergio Jaramillo murió bajo custodia del estado el 21 de julio de 2004 y aún no se llevó a juicio a los responsables del crimen. A su muerte le siguieron los interminables vericuetos judiciales que hicieron que la posibilidad de juzgar a los responsables peligrara por el tiempo transcurrido.
Los defensores de Cristian Mendez, Héctor Montes de Oca y Ariel Waiman, los penitenciarios acusados por el crimen, habían logrado que el juzgado correccional 2 de Quilmes, a cargo de Mabel Edith Irigoyen, dispusiera la prescripción de la causa por homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario público que se les sigue a los acusados. Desde la CPM explicaron que “la jueza del correccional pretendía desconocer la vasta jurisprudencia en la materia sobre el debate central es qué se entiende por funcionario público en los términos del código penal”. El organismo destacó la importancia del fallo de Casación porque permite continuar el debate sobre si sólo refiere a los altos cargos a lo que “habitualmente” se incorpora a la idea de funcionario o si se habla de la totalidad de los agentes estatales que en el marco de su labor cometen delitos, vulneran derechos, no ejercen el cuidado estatal a su cargo o, como en este caso, quitan la vida.
Sergio había recibido golpes y amenazas por denunciar al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Un día antes de que le dijeran que él se había suicidado, su padre había interpuesto acción de hábeas corpus cuando supo que había sido golpeado y amenazado de muerte por el servicio penitenciario. Gustavo Jaramillo y su mujer, Natalia Sarraute, sostuvieron desde el principio que no se trataba de un suicidio, que a Sergio lo habían asesinado por haber denunciado al personal del SPB, entre ellos a los jefes de la unidad de Batán donde también había estado alojado, Julio Ferrufino y Roger Lobo.
Luego de su muerte se inició una causa judicial sobre averiguación de causales de muerte. Los familiares se presentaron como particulares damnificados con el patrocinio Comisión Provincial por la Memoria. “Celebramos junto a la familia esta resolución que viene no sólo a posibilitar la realización del juicio sino centralmente a esclarecer la correcta interpretación de la ley. Esto es que todo delito cometido en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubieran participado, no prescribe en los términos establecidos para la generalidad de los casos”, explicó Margarita Jarque, directora del programa de litigio estratégico de la CPM.
Las juezas de la sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Diana Alimonti y Patricia Patanella, fallaron unánimemente en este sentido. “Si fuera el caso contrario se podrían eludir las responsabilidades en los casos de gravísimas vulneraciones de derechos por parte de las policías y los servicios penitenciarios: quedarían impunes con sólo alargar una investigación. Esto de hecho sucede en buena parte de los casos e invita a las defensas a plantear la prescripción pasados los diez años”, sostuvo Jarque.
Desde la CPM consideraron que “la violencia institucional extendida en nuestra provincia y en nuestro país no puede quedar a expensas de interpretaciones judiciales restrictivas de las garantías legales que, de prosperar, echarían por tierra con el derecho a la verdad y al acceso a la justicia que toda víctima y sus familiares tienen”.
