Dilma Rousseff ha denunciado este lunes ante el Senado de Brasil que su destitución constituiría un "golpe de Estado", el cual daría paso a "un gobierno usurpador".
El proceso de juicio político (impeachment) en contra de la mandataria apartada temporalmente del poder comenzó hace más de 270 días, y en esta jornada la acusada acude al plenario del Senado Federal para defenderse de las imputaciones y, a la vez, tratar de convencer a los pocos senadores indecisos que debe continuar en el cargo.
Al ejercer la presidencia de la República he honrado el compromiso que asumí con mi país, con la democracia y el estado de derecho. He sido intransigente en la defensa de la democracia ", ha dicho la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Roussef.
Rousseff ha cargado contra los senadores al argumentar que la van a juzgar por crímenes que no ha cometido, razón por la que rechaza los delitos que se le imputan.
"Al ejercer la presidencia de la República he honrado el compromiso que asumí con mi país, con la democracia y el estado de derecho. He sido intransigente en la defensa de la democracia", ha agregado.
Además, ha asegurado que se siente muy orgullosa porque durante el ejercicio de cargos públicos jamás se aprovechó de sus prerrogativas.
Rousseff ha recordado que el impeachment contra su persona no actúa dentro de la justicia, al recalcar que ella no ha practicado nunca ningún acto ilícito.
Rousseff ha recalcado que no está en juego su mandato, sino el respeto a las urnas y a la voluntad soberana del pueblo brasileño.
Al concluir sus alegatos, la acusada ha pedido a los senadores presentes que voten en contra de la destitución y apuesten a favor de la democracia.
Anteriormente, la mandataria suspendida había rechazado la acusación por delito de responsabilidad considerándola como “fuera de lugar, inaceptable y profundamente injusta”, en referencia unas supuestas maniobras fiscales para maquillar el informe de las cuentas públicas de 2014 y 2015.
Para que Rousseff sea apartada definitivamente de su cargo y pierda sus derechos políticos por un periodo de ocho años será necesario el voto favorable de 54 de los 81 integrantes del Senado. En caso contrario, la presidenta constitucional sería absuelta y reintegrada de inmediato a sus funciones, que desde el 12 de mayo último ejerce con carácter provisional el vicepresidente Michel Temer.
