El edificio de Arroyo está apostado en plena estepa patagónica, diez kilómetros al este de la ciudad turística. Contiene cámaras de frío, depósitos, camiones, maquinaria de faena y de elaboración de embutidos, todo paralizado a la espera de la resolución del conflicto. Allí, el grupo representado por Manuel Mardones, delegado del Sindicato de la Carne, mantiene la ocupación del frigorífico “en resguardo de nuestros créditos laborales y de los bienes de la empresa”. Hace meses que no tienen luz.
Manuel Mardones denuncia el abandono por parte de Arroyo: “la empresa no quebró, hizo abandono de las instalaciones. Recibieron subsidios millonarios del gobierno nacional y provincial para mantener los puestos de trabajo. No cumplieron, nos dejaron en la calle”. De junio a octubre del año pasado, la provincia de Río Negro pagó los sueldos de los empleados de Arroyo debido al incumplimiento de la empresa. Desde entonces, dejaron de percibir los salarios.
El achique fue progresivo. La familia Arroyo, parte del núcleo empresarial más poderoso de Bariloche, manejó el mercado regional de la carne y llegó a ser un monopolio. En 2007 abrieron un frigorífico de última tecnología en La Pampa, con subsidio de esa Provincia, y exportaban grandes volúmenes de carne a Europa por cuota Hilton. En Bariloche llegaron a tener 280 empleados, sólo en el frigorífico. Luego, con el corrimiento de la barrera sanitaria que impidió el ingreso de ganado en pie a la Patagonia, comenzaron los despidos en Bariloche.
En los últimos años, la familia Arroyo empezó a achicar la empresa en vistas a invertir en otros negocios. El vínculo familiar entre los Arroyo y los Martínez Pérez, otra familia influyente (uno de ellos, abogado del magnate Joe Lewis) despierta sospechas. Las 18 hectáreas del frigorífico más las tierras aledañas que los Arroyo poseen en la zona del río Ñirihuau podrían convertirse en un buen negocio inmobiliario y turístico.
“¿Por qué desaparecieron los Arroyo? ¿Por qué dejaron todo tirado?”, cuestiona Jorge Andrade, Secretario General del Sindicato de la Carne de Río Negro y apunta contra el gobierno provincial: “Acá hay complicidad política. Han aparecido otros empresarios con intenciones de hacerse cargo del frigorífico. Ofrecían toda la plata para pagar la deuda de Arroyo porque veían el buen estado en el que están las instalaciones. No se pudo concretar, ¿por qué?”.
La aparición de los empresarios Mario Barbagelata y Julio Berger, quienes habrían comprado el frigorífico pero sólo tomarían a 30 de los 72 empleados, produjo una división entre los trabajadores. La mayoría aceptó el despido con una indemnización en tres cuotas anuales, es decir, de acá a 2018. La Secretaría de Trabajo de Río Negro avaló la propuesta empresarial e instó a los trabajadores despedidos a firmar, sin darles una copia de lo que firmaban. Además, en el acuerdo habría una cláusula que condiciona el pago de las indemnizaciones: hasta que no se desaloje la ocupación y el frigorífico comience a producir no se paga.
Esta condición, que vulnera los derechos laborales, tensiona la disputa entre los trabajadores que firmaron (64) y los que mantienen la ocupación. La concejal por el FPV en Bariloche, Ana Marks, quien mantuvo reuniones con ambos grupos, señaló que “ahora el eje de la discusión se corrió hacia la cuestión sindical -el Sindicato de Comercio y el Sindicato de la Carne- como si fuera un problema entre trabajadores que no se ponen de acuerdo. Es una excusa de algunos funcionarios para no intervenir desde la política, se termina beneficiando el empresario”.
Barbagelata y Berger también fueron socios de Arroyo en el Frigorífico Río Negro. Se sospecha que podría haber un acuerdo entre partes para seguir achicando la empresa hasta disolverla.
“Que el frigorífico hoy no esté funcionando, además de afectar a los trabajadores, genera una gran dificultad de desarrollo regional. Estamos consumiendo carne que viene de otras provincias y eso impacta en el costo”, sostuvo la concejal Marks. Además, es el único frigorífico en Bariloche, privatizado en la década del 80. De ahí en más, el Estado fortaleció el negocio privado a través de subsidios y se perdió la posibilidad de tener un matadero municipal para abastecer el mercado local.
Sin respuestas políticas, reuniones postergadas una y otra vez por los funcionarios de Trabajo, el grupo encabezado por Mardones se organiza para constituirse en la Cooperativa 22 de octubre, día en el que comenzó la ocupación del frigorífico. “Pero esto es una papa caliente y nadie se la quiere jugar”, asegura Mardones. Para arrancar, necesitan que la Cooperativa Eléctrica de Bariloche les conecte la luz y que el Municipio les otorgue una habilitación provisoria. Recibieron apoyos de la CTEP, la CGT de Río Negro y varios gremios.
Informe y Fotografía: Emilce Boroni (APU)
