Los centros penitenciarios planificados tendrían en conjunto una capacidad para más de cien mil reos, según informó el diario Hürriyet Daily News y difundió la agencia de noticias EFE.
Ya el 17 de agosto pasado, el gobierno turco allanó la vía, mediante un decreto al amparo del estado de emergencia, para dar la libertad condicional a 38.000 presos con el fin de hacer espacio a los más de 23.000 detenidos en la purga que efectúa sobre todo en las instituciones estatales.
En muchos casos "se ha metido a seis o nueve detenidos en celdas de diez metros cuadrados, pensadas para un preso", aseguró entonces a EFE un abogado de los acusados, Efkan Albayrak.
Otros muchos se hacinan en polideportivos, dependencias policiales y hasta establos, según ha denunciado la organización Amnistía Internacional (AI).
Antes de la fallida asonada y la gran ola de detenciones que le ha seguido, el opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata) había denunciado la saturación de las prisiones turcas y el enorme incremento de la población carcelaria.
Desde 2000, cuando había 49.500 presos, la población carcelaria había subido hasta los 179.600 censados en enero pasado, mientras que la población de Turquía sólo ha crecido un 24 % en el mismo periodo, declararon diputados del CHP a EFE.
Tras la asonada, además de las detenciones, el Gobierno purgó decenas de miles de funcionarios públicos por su supuesta vinculación con la cofradía de Gülen, radicado en Estados Unidos.
Ankara ha solicitado a Washington la detención y extradición de Gülen.
