La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró un informe sobre la evolución de detenciones en general y domiciliarias en particular entre los acusados por crímenes de lesa humanidad. El relevamiento demostró que hay una paulatina tendencia a la baja: las detenciones pasaron de 1070 a 1055 entre marzo de 2015 y agosto de 2016. Además, se elevó el número de domiciliarias, aunque no se trata de un fenómeno nuevo sino de una tendencia constante. Los datos del último estudio dieron cuenta de una paridad entre los represores detenidos en cárceles y en sus casas: 535 con prisión común y 489 con domiciliaria.
Que sólo haya 46 imputados de diferencia entre una y otra lista refleja una realidad que “discute con cualquier manifestación que sugiera que este beneficio se deniega en forma sistemática”, planteó la Procuraduría, a cargo de Jorge Auat y Carolina Varsky, en el informe difundido por el diario Página 12. Los resultados del estudio constituyen así una respuesta a las presiones por parte de los perpetradores y su entorno, que reclaman el otorgamiento de domiciliarias automáticas para los mayores de 70 años, algo que fue incluso alentado desde las primeras líneas del Gobierno.
“Durante los meses relevados de 2015 aumentó tanto el número de personas con arresto domiciliario como detenidos en el servicio penitenciario. Ambos crecían en una distribución pareja, consistente con el aumento del total de imputados detenidos. Esto cambia en 2016, donde la tendencia es a la baja para el total de detenciones y para el número de detenidos en cárceles, pero el arresto domiciliario aumenta”, compara el informe. “No puede inferirse que el aumento de un tipo de detención es la consecuencia directa de la baja del otro, pero este cambio se da en un escenario en el que además se dictan menos detenciones o se producen excarcelaciones”, agrega.
Uno de los gráficos del informe compara el número de presos en domiciliarias, unidades del servicio penitenciario y hospitales o dependencias de las fuerzas de seguridad. Allí se observa una evolución ascendente del número de represores que llegan a sus casas.
“En el gráfico se observa una tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario, que abarca prácticamente todo el periodo relevado –dice el informe–. Entre marzo y diciembre de 2015 (9 meses) el aumento fue de 55 imputados, mientras que en lo que va de 2016 (8 meses) el aumento ha sido de 50 imputados”. En tanto, las jurisdicciones con mayor tendencia a las domiciliarias fueron Rawson y Viedma (100%), Neuquén (86), Salta (84), Paso de los Libres (83), Azul (82), Comodoro Rivadavia (80), Tucumán (76) y Mar del Plata (66).
