El miembro del grupo de acción Denis Janzhín informó que unas 50 personas participaron en el proceso del levantamiento del monumento, incluso veteranos de la Segunda Guerra Mundial.
El activista sostuvo que, en caso de que el monumento sea reconocido como ilegal, el grupo está dispuesto a llevar el tema a juicio.
“Anteriormente hemos presentado una petición, para instalar el monumento, ante la comisión de toponimia de la ciudad. No nos han respondido. Nos propusieron de forma verbal solucionar esta cuestión por medio de un Comité Público. Pero este comité no ha sido creado”, relató Janzhín. Añadió que entonces el grupo decidió organizar una reunión de los activistas de Surgut, redactar una carta respectiva y votar sobre la cuestión. Y la mayoría aprobó la creación del monumento.
Anteriormente, el mismo Janzhín lanzó una campaña de micromecenazgo que acumuló unos 2.500 dólares de 246 patrocinadores para cubrir los gastos de la instalación.
“Hoy necesitamos más que nunca mantener la memoria sobre nuestro líder porque nuestros abuelos luchaban con su nombre (durante la Gran Guerra Patria)”, afirmó la página web de la campaña en el servicio ruso de recaudación de dinero BoomStarter.
La jefa del departamento de política de información del ayuntamiento de la localidad, Yekaterina Shvídkaya, confirmó la instalación del busto en el malecón de Surgut.
“Las fuerzas de seguridad compilaron el protocolo de un delito menor. Según la legislación, las personas físicas deben pagar hasta 75 dólares por la instalación de un monumento sin permiso. A menudo, los monumentos de este tipo son reconocidos ilegales y el que lo instaló está obligado a demolerlo”, dijo la funcionaria. Shvídkaya confirmó que los activistas habían presentado el pedido a la Comisión de toponimia y señaló que el busto fue instalado en el mismo malecón donde hace dos años fue decidido levantar un obelisco en memoria de los presos políticos. Subrayó que “sería ilógico instalar ambos monumentos juntos” y la decisión final sería la del Comité Público. Está previsto que el ente reanude sus funciones en octubre y decida qué hacer con la situación inusual.
