Dicha preocupación está expresada en un documento que esta tarde entregaron representantes de esos organismos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
Con la presencia de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y de Taty Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, entre otros referentes, participaron más de 300 representantes de querellas, abogados y militantes de derechos humanos procedentes de las diversas provincias.
Quienes expusieron durante la mañana, informaron y fijaron posición sobre el estado de los juicios y formularon demandas y propuestas para avanzar en la búsqueda de más justicia.
"Creemos que la política que viene llevando el gobierno nacional está buscando desinflar las causas quitando recursos" o con demoras que especulan con la "muerte natural" de imputados, víctimas y querellantes, declaró a Télam el diputado Remo Carlotto, del Peronismo para la Victoria.
Carlotto puso de relieve la "preocupación vinculada con la continuidad de los juicios contra lesa humanidad y la situación que se presenta respecto a los arrestos domiciliarios".
Según afirmó el legislador y ex presidente de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja hasta el 10 de diciembre pasado, también "están dando señales políticas con lo que plantea el Poder Ejecutivo sobre las prisiones domiciliarias", en alusión a la exigencia de menores requisitos para la concesión de ese beneficio a quienes han cumplido los 70 años de edad.
Un informe divulgado hoy por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) señala que el total de imputados por delitos de lesa humanidad que están detenidos en sus casas pasó de 384 a 489 en el último año y medio, mientras que son 535 los actualmente alojados en cárceles federales (ver aparte).
Los representantes de los organismos realizaron esta tarde una movilización al Palacio de Tribunales donde sus representantes se reunieron con Lorenzetti "para demandar un diagnóstico exhaustivo del estado de situación de los procesos judiciales en todo el país y requerir la puesta en marcha de mecanismos que apunten a la aceleración de los juicios por crímenes de lesa humanidad" (ver aparte).
Además de la reunión con Lorenzetti, hoy se confirmó que el 26 de este mes se volverá a reunir la Comisión Interpoderes para el seguimiento de las causas de lesa humanidad creada por la Corte Suprema en el 2008 y que en los primeros años de actuación fue eficaz en la tarea de darle impulso a esos procesos judiciales, en las condiciones creadas por la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
En la reunión de hoy, querellantes en causas por la desaparición de trabajadores de empresas como Ford y Mercedes Benz, Molinos Río de la Plata y el ingenio Ledesma de Jujuy expresaron fuerte alarma por lo que consideraron un "estancamiento" de las causas en las que están imputados empresarios y ex gerentes.
Del encuentro participaron Madres-Línea Fundadora, Abuelas, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia Zona Norte.
También, asistieron referentes de la Asociación Buena Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos–La Matanza, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Comisión en Defensa la Salud y los Derechos Humanos, entre otros organismos.
