"Hasta tanto no seamos apartados, debemos seguir con el desarrollo del juicio y además no existe un agravio actual", dijo sobre la resolución adoptada el presidente del TOF, Juan Ramos Padilla y recordó que, integrado el tribunal el 14 de julio pasado, "se determinó el 22 de agosto como fecha de inicio del juicio".
El TOF destinado a juzgar los crímenes de la "Megacausa 3" cometidos en perjuicio de 34 personas y por los que hay 14 imputados, fue integrado por los jueces federales Ramos Padilla (foto) (procedente de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires), José María Pérez Villalobos (Córdoba) y Alicia Noli (Tucumán).
El Tribunal resolvió por la continuidad del juicio, que comprende delitos de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura, tras interpretar que la Sala IV "abre la casación, pero no existe voluntad suspender el juicio".
Con anterioridad, la fiscal Iliana Garzón y los abogados querellantes y de organizaciones de derechos humanos consideraron que el cuestionado fallo "no es de aplicación inmediata" y que la Cámara Federal de Casación "no expresa la suspensión del juicio en forma clara y concreta".
"Estamos en pleno debate y no se dan ninguna de las condiciones para suspender el juicio, por lo que estamos a favor de su continuidad", añadió la representante del Ministerio Público Fiscal.
Otra fuente consultada por Télam señaló que durante el debate oral sólo caben "recursos de reposición" y que otros recursos, como la queja de las defensas por la composición del Tribunal, "se acumulan para que en caso de apelación presentar todos los agravios pendientes", pero mientras tanto "el juicio no debe suspenderse".
Los defensores de los imputados pusieron en duda la imparcialidad de Noli debido a que fue querellante en la megacausa "Arsenales II-Jefatura II" y a que su esposo, Enrique Sánchez, fue secuestrado y desaparecido en 1976 y sus restos fueron identificados entre las víctimas sepultadas en el enterramiento clandestino de Pozo de Vargas, en Tucumán.
Los letrados interpretaron que la decisión de la Sala IV de Casación de hacer lugar a las quejas de las defensas "deberían provocar automáticamente la suspensión de las audiencias de debate a los fines de no incumplir el compromiso del Estado nacional en el juzgamiento de estas causas con imparcialidad e independencia”.
Una vez resuelta la continuidad del juicio oral, en el que se juzga a 14 acusados por los delitos de "desaparición forzada de personas, privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios calificados, todos en concurso real" y como integrantes una "asociación ilícita", prosiguieron los testimonios con relación a las 34 víctimas. Entre ellos, el de la ex presa política Gladys Estela López, detenida el 2 de febrero de 1975 y que dio a luz en cautiverio y durante varios meses tuvo que criar a su hijo en el Penal de Mujeres de Santiago del Estero.
"Nunca tuve un abogado defensor pese a que fue designado, ni a un juez federal frente a mí, a excepción de (Santiago) Olmedo que en el 80 fue a visitarme a Villa Devoto para decir que la condena era menor porque llevaba más tiempo detenida". En emotivo relato, la mujer, docente universitaria, dijo que perdió 10 años de su vida y agregó: "Me detuvieron cuando tenía 21 y recién el 30 de abril del 82 me dieron la libertad vigilada, tras soportar toda clase de tormentos físicos y psicológicos, por el solo hecho de ser militante de un centro estudiantil y opositora al ex gobernador (santiagueño Carlos) Juárez".
"Una vez fui a pedir un certificado de buena conducta y me encuentro que en mi prontuario hay un expediente con una foto que me sacó el policía (Raúl) Cerutti cuando me tenían detenida en la Side (D-2) en el 75 y que es una condena de por vida", añadió.
En otro pasaje de su testimonio, la licenciada en Filosofía denunció que el 9 de julio de este año, en oportunidad de presentar una revista universitaria y a poco de conocerse su citación como testigo en la "Megacausa 3", su casa fue desvalijada por desconocidos. "Un robo por demás curioso, me robaron computadoras en las que tenía almacenados datos, cámaras fotográficas, filmadoras y grabadores, (pero) no tocaron otras cosas de mayor valor de mi casa", precisó.
En la misma causa, el ex jefe de la denominada "Gestapo Santiagueña" Antonio Musa Azar y otros 11 ex militares y policías se encuentran acusado por las desapariciones de Armando Archetti, Mirta Azucena Castillo, el soldado Hugo Concha, Santiago Augusto Díaz, Daniel Enrique Dichiara, Mario Alejandro Giribaldi, Julio César Salomón y el banquero Ricardo Abdala Auad.
Junto a policías y militares, completan el banquillo de los acusados los ex jueces federales Santiago Olmedo de Arzuaga y Liendo Arturo Roca, imputados por su responsabilidad en la consumación de los delitos investigados en la "Megacausa 3".
