El juez federal Daniel Rafecas se reconoce en el ojo de una tormenta y afirma que "los jueces ya no pueden hablar sólo a través de sus fallos" y que se "hace cargo" de su "mirada como juez" por la que desestimó la denuncia presentada por el entonces fiscal Alberto Nisman contra el ex canciller Héctor Timerman y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Para Rafecas, "la multiplicación de los medios masivos debería llevar a un debate interno en la Justicia para repensar la relación de jueces y fiscales con los medios masivos de comunicación y la opinión pública", explicó a Télam en su despacho de Comodoro Py.
El magistrado sabe que la solicitada publicada el pasado 8 de septiembre en la que se reclamó su remoción por haber rechazado la denuncia del ex fiscal Nisman lo expuso, y afirma que se vio "obligado -en esta coyuntura- a explicar cuestiones relacionadas con algunos fallos y que mi voz sea escuchada en este contexto tan complejo de la relación entre los medios de comunicación y la Justicia".
¿Qué cambió en la relación de la gente de la Justicia con los medios de comunicación?
La mayoría de los funcionarios o magistrados de mi generación estamos formados en la cultura de que los tribunales, juzgados y fiscalías hablan a través de sus dictámenes. Pero a partir de la multiplicación de medios, la incorporación de una enorme cantidad de dispositivos tecnológicos y la proliferación de periodistas y panelistas, un dictamen genera cientos de opiniones y muchas personas se involucran -desde una mirada interesada u objetiva- desde los medios masivos de comunicación.
¿Y este cambio no trae aparejado un mayor involucramiento de lecturas políticas a las decisiones judiciales?
Sí, pero ya estoy acostumbrado a las críticas o lecturas políticas sobre decisiones estrictamente judiciales. En mi trayectoria de 12 años como juez federal tengo varios ejemplos emblemáticos como el caso de los sobornos en el Senado. En esa causa tenías de un lado ex senadores peronistas y funcionarios o senadores radicales del otro. O la causa Ciccone, o la postura del juzgado en la causa por crímenes de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército.
Esta politización de los fallos se repitió en su desestimación de la denuncia de Alberto Nisman, cuando el fiscal solicitó querellar al entonces canciller Héctor Timerman y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, lo que resultó llamativo es que ese hecho sucedió un año y medio después. Creo que, seguramente, a partir del cambio de gobierno ciertos sectores creyeron que en Argentina podría generarse un cambio en el escenario de la justicia y volvieron a la carga con imputaciones políticas contra el gobierno anterior ante la frustración de que el juez de primera instancia -a partir de un pedido de reapertura- mantuviera su postura. Pero considero a esta reacción (por la solicitada) inusitada e inapropiada.
Mi resolución sobre la presentación del ex fiscal (Nisman) es bastante clara y transparente. Además hay que destacar que fue confirmada por la Cámara Federal en términos igualmente elocuentes -en cuanto a que no había delito- y también por la Cámara Federal de Casación Penal.
Las tres instancias de la Justicia, en el 2015, ratificaron que de la denuncia de Nisman no podía vislumbrarse ningún delito que investigar.
¿Puede explicar los motivos de su decisión jurídica?
De lo que fue la denuncia de Nisman quedaron en pie, por la instrucción del fiscal (Gerardo) Pollicita, dos hechos supuestamente de connotación delictiva. Uno era la supuesta presión del gobierno y la Cancillería argentina sobre Interpol para dar de baja las órdenes de captura de los iraníes a partir de la firma del Memorando de Entendimiento con Irán. El otro punto se sustentaba en lo que había sugerido el periodista José "Pepe" Eliaschev en su nota en el diario Perfil donde denunciaba que el entonces gobierno argentino "estaría dispuesto a suspender la investigación de los dos ataques terroristas", a la Embajada de Israel y la AMIA.
La primera parte de la denuncia del ex fiscal era central, pero tenía -por lo menos- dos problemas graves para ser admitida como hipótesis delictiva.
Una era que el gobierno argentino no podía darle de baja a la notificación roja para cesar la búsqueda de los iraníes porque el artículo 81 del reglamento de INTERPOL establece que el único que puede pedir la baja de una notificación roja es el mismo organismo judicial que le dio el alta, es decir el juez de la causa. Es decir que INTRERPOL no podía hacerlo, por ejemplo, ni a solicitud o bajo presiones del gobierno argentino o iraní.
A mí me hubiera gustado que en algunas de las 281 páginas de su denuncia, Nisman explicara cómo se paró frente a la legislación aplicable que desmiente su postura.
¿Nisman menciona o considera ese artículo del reglamento de INTERPOL en su presentación?
No está citado ni una sola vez en las 281 páginas redactadas. No dice nada para tratar de explicar esta contradicción. Y lo que para mí es desconcertante es que no está citado el único documento oficial que conecta a la Cancillería con INTERPOL.
*Por Guillermo Lipis, Telam
