El fallo unánime fue la culminación del proceso judicial posterior a los recursos planteados por el fiscal Rafael Vehils Ruiz contra las penas que en junio de 2012 el TOF impuso a Rauzzino (16 años de prisión) y a Carlos Alberto Lucena (10 años), oficial del Ejército, ambos condenados por los mismos crímenes.
Durante el primer juicio, la fiscalía había acusado a Lucena y Rauzzino por los cuatro homicidios, entre otros delitos y solicitado para ambos la pena de prisión perpetua, para luego recurrir las penas establecidas en aquella sentencia del TOF de Catamarca, en esa época compuesto por otros jueces.
El 29 de octubre de 2015 la Sala II de la Cámara de Casación -integrada por los jueces Pedro David, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma- hizo lugar al recurso del fiscal Vehils Ruiz y pidió una nueva sentencia.
El máximo tribunal penal validó así la ampliación de la acusación del Ministerio Público Fiscal por entender que "no se violó el principio de congruencia" dado que previamente se formuló un cambio de calificación legal y no impuso "hechos nuevos" que derivaran en la violación de garantías de los acusados.
El mes pasado, el TOF sobreseyó a su vez a Lucena por "incapacidad sobreviniente", después de que la defensa del represor adujera una demencia de carácter "irreversible", aunque esa decisión por apelada por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y de los familiares de la víctima Nelly Yolanda Borda.
Francisco Gregorio Ponce, su hermano Julio Genaro Burgos, Griselda del Huerto Ponce y Nelly Yolanda Borda, fueron detenidos-desaparecidos y luego asesinados entre abril de 1976 y enero de 1977.
